Cuando un individuo se convierte en servidor público asume un compromiso fundamental con la sociedad de la cual forma parte: cumplir y hacer cumplir la Constitución, así como las leyes que de ella emanan. Pero tal compromiso tiene un objetivo: contribuir al bienestar y la prosperidad colectivos.

La fórmula que se utiliza para revestir de solemnidad el acto de asunción de las funciones no es pues un asunto trivial, aunque en los hechos parezca que pocos –o casi nadie– se lo toman en serio. Se trata, por el contrario, del más relevante compromiso que un ciudadano puede hacer con su comunidad.

Y justamente porque las responsabilidades públicas no son un asunto trivial, los desvíos en los cuales incurren nuestros servidores constituyen agravios que no pueden ser vistos con benevolencia sino con severidad.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al escandaloso incremento que ha registrado el número de carpetas de investigación abiertas en contra de servidores públicos en Coahuila, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De la estadística correspondiente al primer trimestre de 2019 se desprende que el número de hechos presuntamente delictivos, en los cuales un servidor público es señalado como responsable, creció 85 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Las conductas por las cuales un servidor público puede ser perseguido en Coahuila son: peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, otorgamiento de plazas, falsa manifestación de conflicto de intereses, promoción o denigración de imagen, aprovechamiento indebido de información reservada, así como situaciones de abuso de autoridad y tortura ejercida por elementos de seguridad.

Es preciso reconocer que estamos hablando de carpetas de investigación, es decir, de hechos que sólo han sido denunciados y sobre los cuales aún debe reunirse evidencia que permita, eventualmente, construir un caso penal que sea llevado ante un juez.

Sin embargo, el sólo hecho de que las denuncias penales se hayan multiplicado indica sin duda que existe un problema de conducta entre quienes debieran tener, como primer compromiso, el respeto y la protección al estado de derecho.

Tener decenas de servidores públicos señalados como presuntos responsables de un delito es un hecho que no abona, en modo alguno, a la construcción de la credibilidad, necesaria para que la relación entre autoridades y ciudadanos se traduzca en la existencia de un círculo virtuoso capaz de permitirnos enfrentar con éxito los retos que impone la realidad.

Cabría esperar, en este sentido, que los titulares del Gobierno del Estado, así como de los 38 ayuntamientos de la entidad, tomen nota de esta cifra y reaccionen desplegando esfuerzos para que los servidores que integran sus equipos de trabajo cumplan cotidianamente con la promesa que hicieron al asumir sus cargos.