Denuncia de Ferriz: que no sea sólo ‘mediática’

No hace falta siquiera argumentar para convencer que la corrupción constituye uno de los principales problemas del País. Prácticamente cualquier ciudadano atestigua, todos los días, actos en que el dinero público termina —directa o indirectamente— formando parte del patrimonio de individuos particulares.

Y el gran problema con ello es, como se ha dicho en innumerables ocasiones, que incluso si los hechos son denunciados y se aportan evidencias para demostrar que un servidor público —o sus familiares o socios— se han beneficiado indebidamente de su cercanía con el poder, nada ocurre porque si algo tienen garantizado en este país los corruptos es la impunidad.

Por ello el malestar generalizado que se registra a lo largo y ancho el País; por ello la desconfianza que impide tomar prácticamente cualquier decisión sin que se cuestione la legitimidad de la misma, o surja el señalamiento de que sólo tiene como propósito beneficiar a este individuo o aquel grupo.

A últimas fechas, además de la impunidad que nos agravia se ha venido a sumar un elemento que, aun cuando en primera instancia pareciera estar del lado de los ciudadanos, termina abonando al bando de quienes se benefician de la corrupción: la legión de quienes medran con el reclamo de que se combata con eficacia, de una buena vez, este problema endémico.

Prometer cárcel para los corruptos se ha convertido en el slogan de moda de las campañas políticas y ofrecer “un mundo diferente” si se vota por determinada opción parece, sin duda, una estrategia rentable que no pocos individuos están siguiendo.

Un buen ejemplo de ello pareciera ser la denuncia que ayer anunció el aspirante a candidato presidencial independiente Pedro Ferriz de Con, quien adelantó que hoy estará solicitando, a un juez federal, que ordene a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar el 100 por ciento de los recursos recibidos por cuatro exgobernadores mexicanos, entre ellos el coahuilense Humberto Moreira Valdés.

La hipótesis de Ferriz es que la ASF sólo ha revisado el nueve por ciento de los recursos que Moreira, Javier Duarte, César Duarte y Eruviel Ávila ejercieron durante sus mandatos en Coahuila, Veracruz, Chihuahua y Estado de México. Supone el conductor que, si se revisara la totalidad de la cuenta pública aparecerían las pruebas de los múltiples desvíos de los cuales han sido acusados todos estos exmandatarios.

Habrá que esperar, desde luego, a conocer la respuesta del juzgado que atienda la demanda de Ferriz y, si le conceden la petición, esperar a conocer los resultados de la posible auditoría. Sin embargo, nada garantiza que eso vaya a redundar, en automático, en la detección de irregularidades que impliquen fincar responsabilidades en contra de los exmandatarios.

Y es que para eso se requerirían, además de auditorías a los recursos públicos ejercidos, investigaciones específicas para saber si los ex gobernadores, sus familias o sus socios se enriquecieron de forma indebida y cómo, información que no figura, por supuesto, en la cuenta pública.

Habrá que esperar, desde luego. Y habría que esperar que no estemos sólo ante una “denuncia” que pretende hacer “ruido mediático” y nada más.