Casos como el de Édgar Puente obligan a cuestionar por qué permitimos que individuos cuya característica más destacada ha sido largamente el actuar al margen de la legalidad, puedan participar en el proceso de renovación de los poderes públicos

Una de las características relevantes de la “dictadura perfecta”         –como describió Mario Vargas Llosa al régimen creado por el PRI– fue su capacidad para simular la existencia de un sistema plural de partidos políticos mediante la creación de “partidos satélite”.

Gracias a la existencia de dichas organizaciones, la verdadera oposición era acotada y el fraude electoral (otra característica del ancien régime) podía ser maquillado porque las fuerzas “afines” al PRI servían, sobre todo, para legitimar el resultado electoral.

Recordar estos pasajes del pasado nacional es relevante porque, toda proporción guardada, esa fue la fórmula utilizada en Coahuila, durante los dos sexenios previos, para que el partido en el poder mantuviera el control de los órganos del estado.

Y una de las figuras destacadas de esa etapa fue quien hasta hace unas horas aún podía presentarse ante el público como “dirigente político” y ostentarse como representante de una fracción de la sociedad coahuilense: Édgar Puente Sánchez.

Impulsor y dirigente de la franquicia conocida como “Partido Joven”, Puente Sánchez ha vivido la última década a medio camino entre la lucha formal por el poder y las actividades ilegales. Desde el pasado fin de semana ocupa una celda en la zona de prisión preventiva del Centro de Reinserción Social de Saltillo, tras haber sido vinculado a proceso.

Finalmente, el brazo de la justicia alcanzó a un individuo a quien su “sociedad” con los últimos dos gobiernos estatales le garantizó largamente la impunidad a pesar de ser conocidas sus actividades al margen de la ley, actividades por las cuales ya anteriormente había sido puesto tras las rejas.

No es ninguna novedad, desde luego, enterarse de que una persona vinculada a la actividad política –o que se ha dedicado largamente al servicio público– enfrente un proceso penal por considerársele presunto responsable de algún ilícito.

Sin embargo, casos como el de Édgar Puente obligan a cuestionar por qué permitimos que individuos cuya característica más destacada ha sido largamente el actuar al margen de la legalidad, puedan participar en el proceso de renovación de los poderes públicos, como si se tratara de personas dignas de imitación.

Por supuesto, no se trata solamente de la conducta de Puente Sánchez, sino de quienes le hicieron largamente su socio y le garantizaron, gracias a su lealtad, la impunidad necesaria para realizar, en paralelo a su faceta de “líder partidista”, las fechorías que hoy lo tienen tras las rejas.

Porque, exactamente igual que en la época dorada del priísmo nacional, lo que ocurrió en Coahuila durante los dos sexenios anteriores fue la recreación de un modelo en el cual los partidos “satélite” –como el que dirigió Édgar Puente– servían para “legitimar” elecciones, pero también para “hacer el trabajo sucio” en caso de ser necesario.