Vivir es un derecho. Esto que parece hasta absurdo mencionarlo se está debatiendo desde hace tiempo por analistas y académicos ante la crisis de la globalización.

El impacto negativo producido por la crisis económica global ha mermado los derechos sociales y laborales en Europa y América Latina, y lejos de tener un carácter pasajero, revela graves problemas estructurales en el modo de organización de las sociedades contemporáneas, como el incremento constante de los índices de pobreza, desempleo, precariedad creciente de las condiciones laborales y de la seguridad social.

Si vivir es un derecho para cualquier ser humano,  existir con bienestar se ha convertido en un desafío que ha inducido el debate en torno a la viabilidad de los derechos sociales y la posibilidad de buscar proyectos de renta básica –como lo han hecho en Finlandia, Suiza, Canadá y Estados Unidos– o el Ingreso Ciudadano Universal (ICU) como se le conoce en Latinoamérica, en donde la CEPAL se ha mostrado a favor de esa propuesta: “Hoy los actores públicos y privados comprenden mejor la importancia de contar con un ingreso mínimo ciudadano que otorgue estabilidad social ante una inevitable transición hacia la robótica, con sus fuertes impactos negativos sobre el empleo”.

Por su parte, el CONEVAL también está reconsiderando el ICU: “Analizar diferentes opciones para garantizar un piso mínimo de ingreso a la población que disminuya o prevenga su vulnerabilidad, como estrategia de inclusión de los pobres”. En la Cámara de diputados se han presentado dos iniciativas constitucionales para reconocerlo como un derecho.

El ICU está siendo analizado no sólo como una política para aliviar la pobreza y la desigualdad social, sino como el reconocimiento de nuevos derechos humanos (derecho a un ingreso básico), la ampliación de las libertades y autonomía de las personas y formas de dar cohesión a la sociedad.

Ante ello, el ICU es visto como un nuevo derecho de contenido contracultural que postula que la condición de ciudadanía es fuente legítima de ingreso y no sólo el de la propiedad o el empleo.

El debate contempla las resistencias que muy probablemente provocaría la incorporación del ICU como un derecho constitucional, ya que sería visto como un principio reorganizador de las relaciones sociales al dar impulso a que éstas fueran más horizontales en un País con raíces de gran desigualdad social; igualmente daría capacidad de negociación a los grupos en situación de discriminación –las mujeres, las etnias originarias, los trabajadores– y abriría una discusión sobre los valores que deben prevalecer en la política social, que en México sirve (sobre todo en Coahuila) como instrumento de manipulación político-electoral para inducir y comprar el voto. Así sucedió en la elección de 2012 con Enrique Peña Nieto mediante las tarjetas de Soriana y Monex.

La urgencia de ofrecer a los jóvenes y a toda la población un futuro digno, sólo el Gobierno la ignora. Los “ninis” están fuera de las posibilidades de educación, capacitación y empleo. De éstos, el número de mujeres es más grande que el de varones, según información de la OCDE.
El Ingreso Ciudadano Universal (ICU) es un proyecto muy poco conocido en México. Aunque es analizado en varios países, es de esperarse que tarde o temprano será una realidad en nuestro país a pesar de la oposición de las oligarquías.