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El candidato republicano ayudó a urbanizadores locales a vender departamentos a compradores de América Latina y Rusia, entre ellos a personas involucradas en corrupción y hechos indebidos

Ciudad de México.– El candidato republicano Donald Trump ayudó a urbanizadores locales a vender departamentos a compradores de América Latina y Rusia, entre ellos a personas involucradas en corrupción y hechos indebidos, como el caso de Rafael Olvera Amezcua, accionista principal de la financiera popular Ficrea, quien enfrenta una demanda en Estados Unidos por el robo de 65 millones de dólares a las personas que invirtieron sus ahorros en esa empresa, revela una investigación del Miami Herald.

El diario menciona que a pesar de que Trump estableció su candidatura presidencial denigrando a los extranjeros, calificando de “violadores” a los inmigrantes mexicanos, comparando a los refugiados sirios con el “Caballo de Troya” y prometiendo construir “un gran muro” en la frontera sur de Estados Unidos, en el sur de la Florida, el republicano se benefició con la venta de inmuebles a personas con antecedentes de corrupción, así como docenas de compañías anónimas de paraíso fiscales.

En el 2004, detalla el texto firmado por Nicholas Nehemas, Trump firmó un acuerdo de concesión para un edificio de 813 apartamentos llamado Trump Towers en la ciudad de Sunny Isles Beach. El nombre de la estrella del programa de televisión The Apprentice se usó para comercializar los apartamentos a extranjeros acaudalados.

El Miami Herald identificó al menos a 13 compradores de apartamentos en Trump Towers que han sido objeto de investigaciones del gobierno, personalmente o a través de sus compañías. Entre ellos hay miembros de un grupo criminal rusoamericano, un petrolero venezolano condenado por soborno y un banquero mexicano [Rafael Olvera Amezcua] acusado de robar a inversionistas sus ahorros de toda la vida.

De acuerdo con el medio, nada de lo que Trump y sus aliados hicieron fue ilegal, aunque sí se beneficiaron del mercado inmobiliario del sur de la Florida, pues las autoridades normativas y penales de Estados Unidos creen que está manchado por el dinero sucio.

La explicación, menciona el Miami Herald, es que el sector de bienes raíces está desregulado en comparación con muchos otros sectores donde abunda el lavado de dinero.

Las compras de apartamentos identificadas por el Miami Herald muestran con que facilidad que los fondos ilícitos de todo el mundo pueden llegar al mercado inmobiliario local.

El texto menciona que ahora Trump aspira a la presidencia sobre una campaña nacionalista impulsada por electores que se sienten abrumados por la misma economía global, misma que él alimentó como urbanizador.

“Me parece hipócrita”, dijo al diario Richard Gordon, quien participó en la creación de normas contra el lavado de dinero para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) después de los atentados del 11 de septiembre. “[Trump] ha dicho varias veces que los inmigrantes traen delincuencia a Estados Unidos, pero sus principios parecen ser que hace lo que sea necesario para ganar dinero”, añadió.
Aunque su nombre adorna las Trump Towers –letreros colocados en la obra en construcción lo describían como uno de los “visionarios” del proyecto, la Organización Trump no era la dueña ni construyó el proyecto, ni otro proyecto anterior ubicado varias cuadras al norte y llamado Trump Grande, aclara Miami Herald.

“Michael Dezer, el urbanizador que reconoció primero el gran potencial de Sunny Isles Beach, era la fuerza impulsora detrás de los apartamentos. Su empresa maneja las ventas”, expone el medio.

Sin embargo, Trump recibió una comisión por cada unidad vendida. “Compradores de todo el mundo confiaban en su marca, esperando beneficiarse de su credibilidad y estatus con la inversión”, dice el texto.

ALGUNOS EJEMPLOS

Para reconciliar la carrera empresarial de Trump con sus declaraciones como político, el Miami Herald estudió registros de la propiedad en Trump Towers, donde los apartamentos por lo general cuestan entre 600 mil y 3.2 millones de
dólares.

La conclusión a la que llegó el medio fue que más del 60 por ciento de las unidades son propiedad de corporaciones. Estas empresas son llamadas “pantalla” porque sólo existen para albergar bienes raíces.

“Las compañías pantalla han establecido usos legales como protección contra responsabilidad. Además, los extranjeros pueden reducir su carga tributaria en Estados Unidos al tener propiedades inmobiliarias a través de corporaciones en paraísos fiscales. Pero las leyes corporativas en muchas jurisdicciones, tanto nacionales como extranjeras, permiten a los dueños de estas propiedades permanecer ocultos. En lugar de identificarlos por sus nombres, los compradores pueden usar a abogados, contadores, agentes de bienes raíces y otros en los documentos corporativos”, refiere el diario.

La publicación agrega que más de 170 unidades en Trump Towers son propiedad de corporaciones en algún paraíso fiscal o establecidas en Delaware, estructuras diseñadas para ocultar la identidad de sus dueños reales.

Dennis Fitzgerald, abogado y antiguo agente de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), dijo al diario que las compañías pantalla pueden oscurecer los registros hasta el punto de que no se puede seguir la pista. “Es un muro de piedra en muchas investigaciones”, dijo.

El Herald estudió registros de la propiedad, documentos empresariales, documentos hipotecarios y permisos de renovación, Detrás de esos documentos encontró a banqueros, empresarios y políticos de todo el mundo, así como personas que han tenido encontronazos con la ley.

Entre los que han sido oficialmente investigados o condenados están:

Rafael Olvera Amezcua: financiero mexicano investigado en el país por la presunta estafa a inversionistas. Su apartamento valuado en 1.8 millones de dólares en Trump Towers está a nombre de un hijo. Olvera tiene apartamentos en otros edificios de lujo del sur de la Florida, así como casas en los suburbios y un edificio de consultas médicas.

En México, un juez ordenó la detención de Olvera el año pasado, lo que llevó al gobierno a solicitar su extradición a las autoridades norteamericanas y la Interpol envió una alerta para su arresto. Pero otro juez emitió una decisión que protegía a Olvera, lo que dejó el caso en el limbo.

Olvera no respondió a una solicitud enviada por el Herald a través de su abogado.

Anatoli Golubchik y Michael Sall: miembros de un grupo rusoamericano de la delincuencia organizada convicto en Estados Unidos por su papel en un esquema de apuestas ilegales en deportes.

En documentos presentados al tribunal, la Fiscalía indicó que dos unidades de Trump Towers propiedad de Golubchik y Sall estaban sujetas a incautación en calidad de “ganancias obtenidas de actividades ilegales”. Las dos viviendas están valoradas en 2.3 millones de dólares y están a nombre de Golubchik y Sall. El medio no puedo contactarlos a través de sus abogados.

Peter Kiritchenko: empresario ucraniano arrestado bajo cargos de fraude en San Francisco en 1999.

Los fiscales convencieron a Kiritchenko para que declarara contra Pavel Lazarenko, ex primer ministro de Ucrania. El gobierno dijo que los dos lavaron cientos de millones de dólares. Lazarenko fue declarado culpable de lavado de dinero en Estados Unidos en el 2004. Kiritchenko se declaró culpable de un cargo de recibir propiedad robada, pero dijo que fue un participante reticente en el plan. Él y su hija tienen dos apartamentos en Trump Towers, que tienen un valor total de 2.56 millones de dólares. El Herald no pudo contactar a Kiritchenko.

– Roberto Rincón: contratista venezolano del sector petrolero quien se declaró culpable hace unos meses de evasión fiscal y de infringir la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Rincón y un socio de negocios fueron acusados de pagar millones de dólares en sobornos para ganar contratos por valor de mil millones de la empresa petrolera estatal venezolana, PDVSA. Se cree que coopera con fiscales estadounidenses en una amplia investigación de PDVSA.

La unidad en Trump Towers está a nombre de una compañía pantalla anónima. Pero el hijo de Rincón firmó un permiso para una renovación interior –un documento público en el Condado Miami-Dade– y pagó impuestos a la propiedad sobre el apartamento a través de una compañía que comparte una dirección con el negocio de equipos petroleros de su padre en Houston. El apartamento estaba a la venta por $3.1 millones cuatro días después de que se anunciara la declaración de culpabilidad de Rincón.

Un abogado de Rincón dijo al Herald que el petrolero no es dueño de la propiedad.

CASO FICREA

Rafael Olvera Amezcua, accionista principal de la financiera popular Ficrea, fue demandado ante una corte de Florida, Estados Unidos. El cargo que se le imputa es el robo de 65 millones de dólares a las personas que invirtieron sus ahorros en esa empresa.

De acuerdo con la demanda, Olvera Amezcua habría utilizado los recursos “para construir un imperio de lavado de dinero” en San Antonio, Texas, y en la península de la Florida.

La demanda identifica al empresario, quien actualmente vive en Miami, como responsable de una conspiración criminal para esconder decenas de millones de dólares que estafó en 2014 a 6 mil 800 ahorradores a través de su Sociedad Financiera Popular.

De acuerdo con autoridades mexicanas, la estafa habría implicado una suma total de 2 mil 700 millones de pesos, aproximadamente 160 millones de pesos, aunque la demanda estaría relacionada solo con 65 millones de dólares, una parte del monto total.

El acusado habría usado el dinero para adquirir unas 100 propiedades en Estados Unidos, incluyendo 26 sólo en San Antonio, entre casas e inmuebles de uso comercial. En Florida los bienes adquiridos con el dinero robado incluirían un condominio en las exclusivas Trump Towers, en la playa de Sunny Isles, cerca de Miami.

La demanda fue interpuesta por un despacho estadounidense a petición del abogado mexicano Javier Navarro Velasco, quien fue designado como síndico responsable de la venta de activos de la empresa para pagar a los ahorradores defraudados.

Además de Olvera Amezcua también aparecen en la demanda su hijo Rafael Olvera Silva; su esposa Susana Silva Tortolero, agentes de bienes raíces, compañías que le ayudaron a cerrar tratos de algunos terrenos y más de 40 empresas que habrían comprado propiedades en su nombre.

En una entrevista con SinEmbargo, Fernando González Santillana, quien fue designado por los acreedores como interventor del proceso de concurso mercantil, explicó que el principal objetivo de esta demanda, es que los bienes, que de principio le corresponden a la familia Olvera, se sumen al resto de los que están en concurso mercantil para que se puedan vender y el dinero que se obtenga sea repartido a los acreedores.

A casi dos años de que se hiciera público el desfalco, varios de los procesos legales iniciados en México continúan aún en la búsqueda de culpables, a pesar de que desde un principio se supo que se trataba de lavado de dinero.

Sin embargo, el delito no se comprobó en tribunales mexicanos y se dejó en libertad a varias personas que fueron acusadas.