Feminicidio infantil, otros nombres, otros rostros

Como muy pocas cosas, lo que ya es mucho decir en un país tan tristemente habituado a la tragedia, el brutal feminicidio de la pequeña Fátima provocó en la sociedad mexicana una sacudida casi homogénea de indignación y rabia, pero además de desesperanza. Este nuevo drama es un elemento más de otra deleznable radiografía: la infancia como víctima de delitos cada vez más cruentos.

Ya desde 2011, en un entorno de violencia rampante, la Organización de las Naciones Unidas solicitó revisar las estrategias de seguridad implementadas en México porque la población infantil aparecía cada vez con mayor prevalencia en las estadísticas delictivas y a partir de 2015 se advirtió un peligroso incremento en el número de infantes víctimas de desaparición forzada y homicidios.

Los números en esos dos delitos son cada vez más alarmantes: la Red por los Derechos de la Infancia reportó que cada día, 3 menores de edad son asesinados en nuestro país. En 2017, el promedio diario de niñas, niños y adolescentes desaparecidos era de 4, en 2018 aumentó a 7 y durante 2019 se situó en 8. En la mayoría de los casos, para no variar, la impunidad se impone.

Si habitáramos un país serio, que se ocupara de garantizar un efectivo estado de derecho, los números de feminicidios cometidos en contra de menores de edad bastarían para declarar, como mínimo, una emergencia nacional. Pero dado que una nación como la nuestra no tiene necesariamente esas características, la danza de los números sólo intensifica el enojo y el desamparo, pero hasta ahora no se han traducido, con todo y su estridente gravedad, en políticas públicas concretas y eficientes. De los 976 feminicidios cometidos en México durante 2019, por lo menos 144 correspondieron a niñas y adolescentes. De los 265 cometidos en lo que va de 2020, en por lo menos 20 las víctimas tenían menos de 14 años.

Si entendemos el feminicidio como la forma más extrema de violencia y discriminación contra una mujer por razón de su género, el análisis de este fenómeno, de esta tragedia, de este dolor punzante para la sociedad mexicana, ha permitido conocer que en muchos casos, antes de llegar a la privación de la vida, ya eran sistemáticas otras formas de agresión.

En ese sentido, es importante considerar las alarmas que está encendiendo en municipios como Torreón, la prevalencia de agresiones sexuales. En esta ciudad, según estadísticas reportadas por el Consejo Cívico de las Instituciones, cada 11 días se denuncia un caso de violación.

Durante 2018, en este municipio de La Laguna se reportaron 86 casos de violación y en 34 de ellos las víctimas eran niñas menores de 15 años. En 2019, si bien la cifra de este delito se redujo a 65, el número de víctimas menores de 15 años prácticamente no varió, al contabilizarse 33.

Obviamente estos números corresponden a los hechos reportados ante las autoridades de procuración de justicia, ¿cómo sería la cifra si se considera que sólo el 1 por ciento de los casos de violación llegan a denunciarse? Otro dato alarmante es que en el 82 por ciento de las violaciones en menores de 15 años, el agresor es una persona cercana a la víctima.

El caso de Fátima no es aislado, es el recordatorio de que una sociedad así de degradada no va a sanar de un día para otro. Y mucho menos si el antídoto son sermones abstractos de purificación, bonhomía y moralidad. Hoy es Fátima de 7 años, como en 2019 fue Milagros de 2 años en Matamoros, Coahuila y en enero fue Carol de 5 años en Lerdo, Durango. Ojalá ya no haga falta seguir cambiándole el nombre a una tragedia que no acaba, una tragedia que va teniendo otros rostros, otros niveles de crueldad, pero ninguna contención.