La SEP busca crear un fondo para garantizar educación superior

El gobierno federal busca que en 2022 se cree un fondo federal especial para garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior; sin embargo, éste no sustituirá al subsidio de las universidades públicas como la UNAM o la UAM, ya que se usará para evitar que sus ingresos se deterioren por la aplicación de la gratuidad de la enseñanza del nivel superior.

De acuerdo con del anteproyecto de la Ley General de Educación Superior, presentado por el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, a los senadores, se aclara que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda se establecerá un fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad de manera gradual de los servicios de educación así como la plurianualidad de su infraestructura.

La asignación de los recursos del fondo se orientarán por los criterios de transparencia, inclusión y equidad para proporcionar la prestación del servicio educativo de tipo superior en todo el territorio nacional.

La Secretaría de Educación propondrá a Hacienda las reglas de operación del fondo federal especial, atendiendo las disposiciones de la ley General de Educación, de la ley Federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y y demás disposiciones aplicables.

El componente de obligatoriedad, el cual asignar a recursos para apoyar el incremento de la cobertura de educación superior, mejorar la distribución territorial de la oferta educativa y garantizar el financiamiento plurianual de la infraestructura, equipamiento e instalaciones de las instituciones públicas de educación superior.

Y el componente de gratuidad, el cual asignará recursos para compensar los cobros de las instituciones públicas de educación superior a estudiantes por concepto de inscripción, reinscripción, cuotas ordinarias, en los programas educativos de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado. 

Los montos asignados a las instituciones públicas de educación superior, a partir del fondo federal especial no podrán ser considerados, en ningún caso, como sustitutivos, parcial o totalmente de los montos correspondientes a los recursos ordinarios.

Los recursos del fondo federal especial que se asignan a las instituciones públicas de educación superior que impacten en sus gastos de operación serán regularizado en su presupuesto ordinario al fin de dar continuidad a los programas de crecimiento y expansión de la educación superior.

Los municipios que en su caso imparten educación superior observarán lo establecido conforme a la legislación que les aplique.

Mientras que para las universidades e institutos e instituciones de educación superior autónomas por ley, la SEP convendrá mecanismos para la transición gradual de la gratuidad de los servicios educativos sin que ningún caso se afecte el cumplimiento de sus fines ni las finanzas institucionales.

Con ello, se marcha atrás al proyecto original que establece no aplicar procesos de admisión, por lo que ahora se destaca que las instituciones de nivel superior mantendrán su autonomía y conservarán los procesos de admisión de estudiantes y personal académico.

En el documento de trabajo de la Ley General de Educación Superior, corresponde a la versión de 25 de junio, y contiene nueve títulos, 18 capítulos, 77 artículos y 20 transitorios. Ahí se indica que también podrán presentar iniciativas de ley ante el Congreso de La Unión sobre los cambios a sus Leyes orgánicas para que en la Cámara de Diputados o en el Senado se busque imponer su criterio o una comunidad universitaria.

Para contribuir a garantizar el ingreso y promover la permanencia de toda persona que decidí estudiar educación superior se otorgarán apoyos académicos y becas a estudiantes para la continuidad de su trayectoria académica Que responda a sus necesidades bajo criterios de equidad inclusión permanencia continuidad y egreso oportuno punto y aparte. 

El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Rubén Rocha Moya, explicó que en la revisión del Anteproyecto de Ley General de Educación Superior, elaborada por la Subsecretaría de Educación Superior con la participación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, también participa el Congreso.

Además, se consideraron foros y consultas a nivel nacional con todos los sectores involucrados, instituciones y organizaciones de educación superior.

Detalló que, bajo un calendario específico, los involucrados analizaron seis temas: aspectos de educación impartida por particulares y Autonomía Universitaria; Gobernanza y gestión; financiamiento, obligaciones de transparencia y rendición de cuentas; evaluación, acreditación y sistemas de información, así como regulación de las Normales; vinculación con el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, y lo relacionado con estructura y conceptos.

En los puntos que contiene destaca la incorporación de elementos que enriquecen los fines, principios y políticas de la educación superior, y que armonizan lo establecido en la Constitución.

También se hace una distinción entre libertad académica y libertad de examen y libre discusión de las ideas, conforme a lo señalado por la UNESCO, así como las aportaciones a los propósitos del Sistema Nacional de Educación Superior y precisiones en los sistemas locales.

Se hacen precisiones para el respeto de la autonomía universitaria, a la incorporación del aprendizaje, el conocimiento, las competencias formativas y las habilidades digitales, además del Registro Nacional de Opciones de Educación Superior, y aportaciones para fortalecer las acciones a efecto de que las instituciones se constituyan como espacios libres de violencia de género y de discriminación hacia las mujeres.

Incorporar aportaciones en las disposiciones sobre la formación docente, en el esquema de evaluación integral de la educación superior y la regulación de la educación impartida por particulares, entre otros aspectos.