La voz de las víctimas en Allende

A todas las familias de personas desaparecidas.

En la plaza pública del municipio de Allende, Coahuila, el pasado jueves 27 de junio el Estado mexicano, a través del gobierno de la República, el gobierno estatal de Coahuila de Zaragoza y el gobierno municipal de Allende, ofreció una disculpa pública a las familias afectadas por las graves violaciones a sus derechos humanos que se iniciaron del 18 al 20 de marzo de 2011 en los municipios de Allende y Piedras Negras, y que además continuaron en toda la región norte de Coahuila como una ola de la mayor violencia que ha vivido nuestra entidad.

Tras más de ocho años de este crimen, el acto de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado puede tener diferentes interpretaciones. El reproche en común es uno: la falta de protección efectiva de los derechos de las víctimas.

El Estado mexicano falló. El gobernador Miguel Ángel Riquelme reconoció que las autoridades les fallaron a las víctimas porque, en el momento de la comisión de los hechos, el Estado no les brindó la seguridad para proteger su vida e integridad. Les falló, también porque agentes del Estado han sido responsabilizados ante la justicia por ser cómplice de estos hechos. Incluso les seguimos fallando porque todavía existen deberes incumplidos de justicia, verdad, reparación y no repetición.

En esta crítica legítima a las autoridades, la voz de las víctimas que fueron afectadas por estos hechos es de lo más importante. En estricto sentido, las familias de las víctimas que sufrieron los daños son las únicas y verdaderas personas legitimadas para decidir los términos de su participación. Ellas son las únicas que tienen la legitimidad, por el daño resentido, para aceptar o rechazar estas medidas que la ley les garantiza para responsabilizar al Estado de las violaciones cometidas por su acción, omisión o aquiescencia.

Después de más de seis meses, las propias víctimas, en diálogo abierto y plural entre ellas y con el Gobierno, decidieron los términos de su participación. No fue fácil el consenso. En este evento, por tanto, resalta la libre decisión de los colectivos de familiares de personas desaparecidas que decidieron participar o no. Pero la voz de las víctimas en Allende se expresó de manera muy significativa en dos momentos de la disculpa pública.

El primero, en voz de Silvia Eugenia Garza Villarreal que habló en nombre de “Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas”. Ella perdió a su padre, a la esposa de él y a tres de sus hermanos (dos de ellos menores de edad). En su mensaje destaca el legítimo sentir del colectivo que represe ta. Por un lado puntualiza que la llamada “masacre de Allende” no sólo fue en ese lugar, sino que se replicó de manera simultánea en Piedras Negras y en toda la región norte del Estado. Es decir, fue un contexto de violencia en diferentes lugares que, como dijo, las autoridades nunca respondieron no obstante el registro de las cientos de llamadas al 089. Si nadie atendió, según el subsecretario Alejandro Encinas, la “narcopolítica fue la que actuó” (Vanguardia, 27 de junio).

A Silvia Garza, como dijo, le robaron su felicidad: “tantas cosas inconclusas, metas y sueños por cumplir”. Pero también le robaron sus recuerdos, su patrimonio: “ni una fotografía de mi infancia me quedó”. Pensar en Allende, expresó, le genera rabia y dolor porque el Estado no hizo nada para detener la violencia, también participó en las desapariciones forzadas. Ni Silvia ni el colectivo de Familias Unidas fueron a aceptar la disculpa de las autoridades. Fueron a concretar una reunión con los representantes del Gobierno Federal y estatal, para que conozcan su verdad. Fueron, por tanto, “a exigir verdad, justicia, reparación y no repetición”.

En un segundo momento, la voz de las familias se expresó a través de Etelvina Rodríguez Flores, a nombre de Alas de Esperanza. Ella también es víctima de estos hechos: su esposo desapareció en este contexto de violencia que les cambió la vida. De las risas y los abrazos, su vida cambió por el miedo, la incertidumbre, la impotencia, la desilusión. Ella, nos relató, cómo aprendió a vivir con el dolor, con el estigma de la revictimización y con la esperanza de volver a encontrar a su ser querido.

Etelvina nos dijo que muchas personas, tiempo después, han pretendido recrear en los medios el horror que se vivió. Ninguno, sin embargo, describe el verdadero dolor. Es un dolor en silencio, señala Etelvina, que cada vez que despierta y abre los ojos es volver a vivir la pesadilla, el infierno de la incertidumbre. Pero además de los daños del delito, Etelvina señaló que las familias vivieron también la gran indiferencia de la sociedad: saquearon sus casas. Ella se preguntó: ¿qué paso con nuestra sociedad?, ¿qué paso con las familias?, ¿qué paso con esas autoridades que teníamos? Nadie hizo nada.

Etelvina Rodríguez también expresó su sentir de la disculpa: “pidamos disculpas a nosotros mismos, perdonemos por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer y por lo que permitimos que se hiciera”. Con nuestro propio perdón, afirmó Etelvina, “podemos encontrar una sanación que realmente es lo que necesitamos cada uno de nosotros que sabemos y pasamos por este dolor”. Pero también señaló que las autoridades tienen el compromiso de “erradicar la corrupción que fue lo que desencadenó toda esta ola de violencia”.

Estas son las expresiones de las voces de la injusticia e impunidad en Allende. Las víctimas son las únicas que deben aceptar o rechazar la disculpa. Nadie tiene el derecho a juzgarlas porque nadie está en su lugar. El Estado y la sociedad, sin embargo, tenemos una gran deuda con ellas: garantizarles lo que les corresponde: justicia, verdad, reparación y no repetición.

La autora es presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila de Zaragoza

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH Derechos Humanos S. XXI