Reelección: ¿La oportunidad que dejamos ir?

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Opinión
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El recelo hacia esta figura, hay que decirlo, no nace de la nada. Proviene de una experiencia histórica concreta, la del porfiriato

Con la reciente eliminación del mecanismo de reelección inmediata en México y los próximos procesos electorales locales aparejados a la elección federal, como es el caso de Coahuila y la elección de sus 38 ayuntamientos, se cierra un paréntesis institucional cuyos frutos recién podrían haberse comenzado a percibir.

En abril del año pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional que prohíbe la reelección consecutiva en todos los cargos de elección popular a partir de 2030, decisión que se ha ido replicando en los congresos locales —Estado de México y Michoacán entre los más recientes— para armonizar sus marcos normativos con el referido mandato federal. El gobierno en turno ha defendido el giro apelando a la austeridad, al combate al nepotismo y a una consigna que, según se ha dicho desde Palacio Nacional, responde a lo que “pidió la gente”, un regreso al principio fundacional de “sufragio efectivo, no reelección”.

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Conviene, sin embargo, detenerse antes de aplaudir el regreso a ese principio como si se tratara necesariamente de un avance. La reelección consecutiva, particularmente en los ayuntamientos, no fue sólo un detalle técnico, sino que representaba una herramienta incorporada a la Constitución en 2014 precisamente para resolver algunos problemas reales, entre ellos el de la mayoría de los gobiernos municipales, condenados a periodos de apenas tres años sin posibilidad de continuidad.

Bajo el modelo al que regresaremos, cualquier presidencia municipal enfrentará una curva de aprendizaje que consume buena parte de su primer año, un segundo año en el que apenas empezará a consolidar resultados y un tercero absorbido por el cierre de la administración y el arranque de su sucesión.

Bien reglamentada, la reelección ofrece justo lo contrario: la posibilidad de que un plan de gobierno se sostenga en el tiempo, que la ciudadanía pueda calificar con su voto el desempeño de quien ya gobernó y que la rendición de cuentas deje de ser, en la mayoría de los casos, un ejercicio retórico para convertirse en un mecanismo con consecuencias electorales tangibles.

El recelo hacia esta figura, hay que decirlo, no nace de la nada. Proviene de una experiencia histórica concreta, la del porfiriato, cuando el mismo Díaz se reeligió sucesivamente entre 1876 y 1911, salvo el paréntesis de Manuel González, hasta que esa prolongación detonó —entre muchos otros factores menos llamativos, pero igual de relevantes— la Revolución Mexicana y la consigna maderista de “sufragio efectivo, no reelección”. Esa memoria sigue tan viva que basta pronunciar la palabra para despertar la sospecha, aun cuando después, durante la dominación priista, el problema fue distinto, pues fue el régimen de partido hegemónico y no una persona reelecta el que se perpetuó en el poder por décadas mediante una sucesión controlada.

Pero el contexto en el que esa desconfianza se fraguó ya no es el nuestro. Durante el porfiriato no había instituciones electorales débiles o capturadas, sino que simplemente no existían; situación que se repitió en el periodo del partido hegemónico. Hoy hay autoridades electorales autónomas, tribunales especializados y un entramado de fiscalización que, con todas sus áreas de oportunidad, han demostrado capacidad para evitar, hasta ahora, que un gobierno en turno secuestre un proceso electoral a su favor.

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Sostener ese recelo únicamente porque en algún momento formó parte de nuestra identidad, sin someterlo a las condiciones actuales, es privilegiar la narrativa por encima de la evidencia.

Por eso vale la pena mirar a la próxima elección de 2027 con cierta perspectiva melancólica, pues será, al menos en el futuro cercano, la última en la que un proyecto de gobierno municipal pueda buscar continuidad ante las urnas. A partir de entonces, regresaremos a la lógica de los periodos cortos, con toda la discontinuidad administrativa que esto pueda implicar.

Queda entonces la tarea de imaginar qué se pierde cuando se cierra esa puerta, y de preguntarnos si vale la pena sostener una consigna histórica sólo por fidelidad simbólica, o si conviene, por el contrario, mirar hacia adelante sin las filias ni las fobias que arrastramos desde el siglo pasado.

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Marco Antonio Yeverino Rodríguez es desde 2025, Consejero Electoral del Instituto Electoral de Coahuila, y cuenta con una trayectoria de más de diez años en la organización de elecciones en el estado de Coahuila. Licenciado en Derecho y especialista en Derecho Electoral, ha centrado su experiencia en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el sistema de partidos políticos, y la integridad de los procesos electorales. Ha participado como ponente en foros académicos y de divulgación, además de colaborar como articulista en temas de democracia, representación política y reformas electorales en diversas publicaciones. Con interés particular en acercar el debate jurídico-político a un público amplio, combina el análisis técnico con una visión orientada al fortalecimiento del Estado de Derecho y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de los asuntos públicos.

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