Las cifras que nos deben dar vergüenza… otra más. Los desaparecidos

Piense en una persona que no ha vuelto a casa porque está desaparecida desde hace dos, tres, seis, 10 años. Piense en la familia. En la esposa, en la madre, en los hijos. En esa familia que ya no es familia porque le falta un miembro. Piense en el dolor de no saber qué ocurrió con ese ser querido. Ahora multiplíquelo por 73 mil.

Hace uno días, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, presentaron el informe relativo a la búsqueda, identificación y registro de personas desaparecidas, con corte al 13 de julio del 2020, y la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

El dato es de miedo: hay un histórico en el País de 73 mil 287 personas desaparecidas.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Secretaría de Gobernación presentaron hace unos días una nueva plataforma web, para desglosar los 73 mil casos de personas desaparecidas en el País desde 1964 hasta la fecha actual. La llamaron “versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas”. Es decir, la plataforma sustituye de alguna forma el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) que dejó de actualizar datos desde 2018.

La plataforma permite consultar una base de datos por estado, municipio, sexo, fechas, edades y al margen de las críticas fundamentadas al informe, las cifras son por sí solas pavorosas.

Detrás de los 73 mil desaparecidos hay una historia muchas veces no contada. Hay familia, hijos, madres, padres, esposas, esposos, ilusiones, sueños, miedos, profesiones, trabajos. Y en Coahuila también.

En Coahuila hay un histórico de 3 mil 131 personas desaparecidas. De 2006 a la fecha son 2 mil 888, el 74.74 por ciento son hombres (2 mil 486). Torreón es el municipio con más desapariciones, al contabilizarse 914 mil 718 hombres y 196 mujeres. 2011 es el pico de las desapariciones en la entidad al sumar 443, después 2010 con 434.

Desde el inicio de la actual administración (2018) a la fecha, suman 138 desapariciones. Entre cuatro y cinco personas desaparecidas por mes.

El rango de edad más vulnerable a una desaparición en Coahuila nos debe dar escalofríos: 15-19 años. En total, 503 personas en ese rango de edad ha desaparecido y 229 son mujeres (45.5 por ciento). Le sigue el rango de 20 a 24 años, pues 494 personas en ese rango de edad han desaparecido. De esas 494 personas, 125 son mujeres (25.2 por ciento). En total, 361 mujeres menores de 19 años han desaparecido desde 2006.

Allende, el municipio donde ocurrió una masacre en 2011 a manos de los Zetas y donde se ha hablado de hasta 300 desapariciones, aunque otras investigaciones tanto periodísticas como académicas refiere menos de 70, solo tiene contabilizados 108 personas desaparecidas, 25 en ese año. Sin embargo, la misma cifra es un referente: si se dimensiona por su tamaño de población (22 mil 641 habitantes), tiene una tasa de 477 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa de Torreón es de 129 desaparecidos por cada 100 mil habitantes. Otro dato es que tan sólo en 2019 desaparecieron en ese municipio 17 personas.

AL TIRO

Al margen de las cifras que presentó el Gobierno Federal, diversos colectivos señalaron que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha omitido publicar la metodología completa del informe y la falta de datos en un formato abierto. En temas de derechos humanos es indispensable la transparencia del Estado y, para un tema tan doloroso, la verificación y rendición de cuentas.

Algunos puntos importantes que han señalado los colectivos como cruciales: es necesario monitorear y contrastar la información oficial, por lo que es factible realizar una versión pública que incluya algunos datos personales de interés público, tales como nombre e imagen. También el uso eficiente de la estadística para identificar patrones de víctimas, de perpetradores y lugares de riesgo. Además, es un derecho de las víctimas y de la sociedad tener acceso a información abierta y confiable que no sólo permita entender qué está ocurriendo en el País, sino que sirva como memoria colectiva.

Y obviamente también la exigencia para que la búsqueda no cese.