Una virtud tiene esta regla: al tratarse de presupuesto adicional que sólo se asigna de forma contingente, debe destinarse necesariamente a proyectos de investigación

 

Uno de los aspectos que generó críticas, a propósito de la puesta en circulación del Plan Nacional de Desarrollo de la nueva administración federal, fue el hecho de que en las 228 páginas del documento sólo se le dedique un párrafo de cinco líneas al sector de ciencia y tecnología.

No es una novedad, desde luego, que los gobiernos federal y estatales releguen de su lista de prioridades la investigación científica y tecnológica. Pero en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece que tal posición podría radicalizarse aún más debido a la confrontación ideológica que el Presidente sostiene con los académicos que no coinciden con sus ideas.

Y acaso una de las razones por las cuales el sector se encuentra relegado de las prioridades presupuestales y de política pública sea que nuestros gobernantes creerán que hace tiempo “descubrieron” una fórmula eficaz para garantizarle al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -así como a sus similares de los estados- un presupuesto “más generoso”.

¿Cuál es esa fórmula? Sumar al presupuesto ordinario de los entes responsables de financiar la investigación, el dinero proveniente de las multas impuestas a los partidos políticos.

En efecto, hace ya un buen número de años que esta práctica nació a nivel federal, cuando en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se decidió establecer esta regla en el presupuesto de egresos de la federación. La medida sería luego replicada por los congresos estatales.

Derivado de esta “política”, como lo consigna el reporte que publicamos en esta edición, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología ha recibido 150 millones de pesos adicionales, en los últimos dos años y medio, lo cual implica un incremento relevante en el presupuesto que en Coahuila se destina a proyectos de investigación.

Una virtud tiene la existencia de esta regla: al tratarse de presupuesto adicional que sólo se asigna de forma contingente, debe destinarse necesariamente a proyectos de investigación y no para incrementar el gasto corriente pues, aunque uno puede apostar a que los partidos políticos no dejarán de violar la ley, nunca se sabe cuánto dinero les será retirado por dicho concepto.

Y aquí es donde reside el principal defecto de esta idea: el que la mayor disponibilidad de recursos para financiar investigación científica y tecnológica, una actividad que, nadie pone en duda, es indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad, dependa de que los integrantes de nuestra clase política cometan actos ilegales.

Muy poco gratificante puede ser, para una sociedad que pretende pasar por democrática, que el compromiso de sus políticos con el desarrollo colectivo se traduzca en reglas como la descrita.

Lo peor de todo es que no faltará quien encuentre en este hecho una oportunidad para presumir la existencia de esta “lógica vanguardista” que hace de la investigación científica un rehén de las peores conductas de la clase política nacional.