Migrantes han muerto por mala atención médica en esas jaulas a las que Trump envió a los niños

La mala atención médica en los centros de detención de inmigrantes contribuyó a más de la mitad de las muertes en esas instalaciones desde diciembre de 2015, doce de éstas en el año fiscal 2017, según denunció este martes una investigación médica independiente.

Los resultados de la investigación de 16 meses están incluidos en un extenso informe elaborado por cuatro organizaciones cívicas y defensoras de los derechos de los inmigrantes, y publicado pasada la medianoche de este miércoles.

El informe condenatorio se sumó a las crecientes denuncias contra la Administración Trump por la separación de familias en la frontera sur, aunque el presidente Donald Trump ha dejado en claro que no hará pausa en la represión de los inmigrantes indocumentados.

Según el informe de 72 páginas, doce inmigrantes fallecieron bajo custodia federal tan solo en el año fiscal 2017, más que ningún otro año desde 2009. Desde marzo de 2010, 74 han fallecido en instalaciones del gobierno, aunque la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) sólo ha divulgado informes, parciales o completos, de 52 casos.

El informe examinó 15 certificados de defunción de los detenidos, que ICE elaboró entre diciembre de 2015 y abril de 2017, pero la agencia aún tiene que divulgar el informe de otro caso en ese período.

Según el documento, ocho de las 15 evaluaciones médicas demostraron que la pobre atención médica contribuyó o produjo la muerte prevenible de esos migrantes, que quedaron en “código rojo” por errores del personal.

NO REGRESARON DE “CÓDIGO ROJO”

Tal fue el caso del mexicano Rafael Bárcenas-Padilla, de 51 años, quien aguantó síntomas de resfriado durante seis días en un centro de detenciones en Nuevo México, hasta que su fiebre superó los 40 grados centígrados. El hombre falleció en abril de 2016 de bronconeumonía, porque las autoridades no le dieron todos los medicamentos que necesitaba, y tardaron tres días en llevarlo a un hospital.

Otro caso fue el del guatemalteco José Azurdia, de 54 años, quien estaba detenido en Adelanto (California) y presentó síntomas de vómitos. Al parecer, una enfermera no quiso atenderlo “porque no quería enfermarse”, y el detenido falleció en el hospital cuatro días después, el 23 de diciembre de 2015.

Mientras, Moisés Tino López, de 23 años y también de Guatemala, sufrió dos convulsiones en nueve días en un centro de detención en Nebraska. En ninguno de los dos episodios fue revisado por un médico, y fue apenas cuatro horas después del segundo ataque, cuando tenía los labios azulados, que lo trasladaron al hospital, donde murió en septiembre de 2016. Thongchay Saengsiri presentó síntomas de insuficiencia cardíaca durante casi todo su encierro de 15 meses en un centro de detención en Louisiana pero, en vez de atenderlo, una enfermera sólo recomendó que tomara más líquidos, lo que posiblemente incrementó su riesgo de fallo cardíaco, según el informe.

En todas las revisiones, menos una, los investigadores también hallaron evidencia de “prácticas médicas precarias”, como demoras inexplicables, mala atención médica y negligencia médica. De esta forma, el documento corrobora y sustenta las denuncias que vienen haciendo desde hace varios años los grupos pro-inmigrantes sobre el mal trato que reciben los inmigrantes detenidos por el gobierno.

El informe fue preparado como parte del seguimiento que desde 2010 han dado al asunto “Human Rights Watch”, la “Unión de Libertades Civiles de EU (ACLU), la coalición “Detention Watch Network” (DWN) y el “Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes” (NIJC) .

Aunque los activistas subrayan que estos casos no son una “muestra representativa” del cuidado médico de los detenidos, el simple hecho de que haya tantos errores de atención médica y supervisión “apunta a déficits sistémicos” en esas instalaciones, sean del gobierno o privadas.

En el año fiscal 2017, ICE tuvo bajo su custodia a un promedio diario de casi 40,500 personas, un aumento de casi el 500% respecto a 1994, indicó el análisis.

En su solicitud presupuestaria para el año fiscal 2019, que comienza en octubre próximo, la Administración ha pedido al Congreso $2,800 millones para aumentar la cifra a un promedio diario de 52 mil inmigrantes indocumentados, un incremento del 30% sobre el año fiscal 2017.

Para los activistas, el Congreso no debe aprobar esa solicitud si no quiere ser “cómplice” de más abusos y muertes en los centros de detención.

“El Congreso debe actuar de inmediato para disminuir, en lugar de ampliar, la detención y exigir estándares sólidos de salud, seguridad y derechos humanos en la detención de inmigrantes”, afirmó Heidi Altman, directora de políticas del NIJC.

Seis de las muertes examinadas en el informe ocurrieron en centros de detención a cargo de cuatro empresas privadas que han conseguido jugosos contratos con ICE, lo que nuevamente pone los reflectores sobre cómo se lucran estas empresas de la política migratoria de Trump.

Las cuatro fueron identificadas como “CoreCivic”, “Emerald Correctional Management”, “GEO Group” y “Management and Training Corporation” (MTC).

Aunque Trump ha pintado a los inmigrantes como un peligro para la seguridad nacional, el 71% de los detenidos en octubre de 2017 -comienzo del año fiscal 2018- fueron detenidos sin evaluación individual sobre su riesgo y, según el informe, ICE dijo que el 51% no presentaba amenaza alguna.