Porque resultando abominables todos los delitos de índole sexual, cometidos en contra de cualquier ser humano, lo son aún más cuando se perpetran en contra de sujetos indefensos como lo son los niños y las niñas

Suele decirse que existen ciertas profesiones u oficios cuyos representantes deben ser particularmente rectos en su conducta porque trabajan con los bienes más preciados de las personas y, por ello, en caso de no sujetarse a un estricto código ético se encuentran en una posición de gran ventaja respecto de sus interlocutores.

El señalamiento aplica para todas las profesiones u oficios, desde luego, e incluso para cualquier relación interpersonal, pero no cabe duda que es particularmente cierto en el caso de médicos, abogados y ministros de culto.

Y es así, porque quienes ejercen estas profesiones deben tener acceso, para desarrollar su actividad, a la privacidad de las personas y, eventualmente, conocer sus secretos más íntimos, lo cual les coloca en la posibilidad de aprovechar dicha situación en su beneficio.

Por ello es que resulta sumamente reprochable que un médico, un abogado o un ministro de culto sea señalado de excesos en contra de sus clientes o feligreses, pues la acusación implica, de entrada, que se registró un abuso en el tratamiento de la información proporcionada por la víctima.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la existencia en Coahuila de al menos cinco carpetas de investigación en contra de ministros de culto a quienes se considera probables responsables de delitos sexuales.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Coahuila, entre 2017 y este año se han registrado cinco denuncias penales en los municipios de Acuña, Sabinas, Piedras Negras y Saltillo. En los cinco casos se involucra a un ministro de culto y en algunos de ellos las víctimas serían menores de edad.

Y cuando hablamos de menores de edad, se ha dicho en múltiples ocasiones, un sólo caso es demasiado. Porque resultando abominables todos los delitos de índole sexual, cometidos en contra de cualquier ser humano, lo son aún más cuando se perpetran en contra de sujetos indefensos como son los niños y las niñas.

La incidencia de este tipo de casos, que afortunadamente son cada vez menos ocultados, debe alertarnos respecto de la necesidad de que las instituciones religiosas establezcan mecanismos que permitan prevenir los abusos en contra de su feligresía.

Sobre todo, lo que hace falta es un compromiso irrestricto de las iglesias para no proteger ni solapar en modo alguno la conducta ilícita de cualquiera de sus miembros. En este sentido, el establecimiento de protocolos de convivencia entre ministros de culto y feligreses ayudaría a dejar claro en dónde se encuentran las “zonas grises” que implican riesgo.

No se trata de condenar a ninguna religión porque en sus filas existan individuos que ceden a sus instintos. De lo que se trata es de alertar sobre la necesidad de un compromiso explícito por parte de esas profesiones religiosas para evitar que sigan registrándose casos como los que hoy reseñamos y que constituyen una afrenta para la comunidad entera.