Por 50 mil pesos, subdirectora y jurídico de la policía de Monclova dejaron libre a conductor que atropelló y mató a niño de 9 años
Familiares del menor de edad exigen a las autoridades justicia
El pagar 50 mil pesos a Aída Margarita Guardiola y a Adalberto Varela, que fungen como subdirectora administrativa y jurídico de Seguridad Pública de Monclova, logró la liberación de un conductor que atropelló a un niño de 9 años que murió horas después del accidente; su familia exige justicia a las autoridades.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado 6 de marzo en las calles de la colonia Cuauhtémoc y Huemac de la colonia Anáhuac en esta ciudad, Ulises Villarreal de 49 años de edad, circulaba a bordo de la camioneta Ford F150 en color guindo y embistió a Yacel Alexander dejándole tirado en el suelo.
Arribaron al sitio paramédicos quienes realizaron el traslado del infante al Hospital General Amparo Pape de Benavides, sin embargo, al pasar las horas, lamentablemente murió por un traumatismo craneoencefálico ocasionado por el impacto.
Los peritos de Seguridad Pública afirmaron que el menor fue el responsable del accidente y obligaron a la madre del niño que firmara un documento, de lo contrario el conductor les cobraría por los daños ocasionados a su camioneta.
El hecho causó la inconformidad de la familia y de la sociedad en general, pues se dio a conocer que la subdirectora y el jurídico de la corporación recibieron 50 mil pesos para dejar en libertad a Ulises a quien nunca se le detuvo tras el accidente.
Héctor Javier Liñán abogado reconocido en Monclova y a quien la familia del menor ha solicitado les represente en este caso, dio a conocer que ambos funcionarios públicos podrían alcanzar hasta 9 años de prisión por la No incorporación o no registro de evidencia física, indicio, elemento o medio de prueba (artículo 358), Otras conductas punibles de servidor público ante la investigación y persecución de delitos en un proceso o juicio penal (artículo 359), Abuso de autoridad, soborno y cohecho.
"En relación a los hechos tan lamentables no podemos cerrar los ojos ante una evidente ignorancia por parte de la autoridad encargada de llevar a cabo un procedimiento policial, es evidente que la licenciada Guardiola violenta todas las disposiciones e incluso incurre en delitos graves por la impartición de justicia".
Explicó que estas autoridades en mención, evidentemente ignoran lamentablemente el nuevo Sistema de Justicia, explicó que la policía municipal al ser el primer respondiente debió constituirse en el lugar de los hechos, aislar la escena del crimen, levantar evidencias lo que llaman "embalaje" posteriormente poner al conductor a disposición de Ministerio Público por la gravedad que presentó el menor que finalmente falleció mientras era atendido por médicos en el hospital.
"Ahí hay delitos que fluctúan entre los 3 y los 9 años de prisión a los funcionarios que por omisiones o acciones alteran las evidencias que solamente un juez podrá calificar, ni el MP tiene la facultad de valorar datos de pruebas, solo un juez de control".
"Hay un cohecho para que no se continuara con el procedimiento como lo indica la ley, hay una violación a disposiciones constitucionales porque tenemos dos aspectos de suma importancia, una detención que solo un juez de control tiene que validad y hay una persona lesionada gravemente que es un menor de edad, tenemos una garantía un derecho fundamental que se llama interés superior del menor, todas las autoridades de acuerdo al artículo primero constitucional están obligadas los derechos fundamentales y máxime cuando se trata de un menor de edad, eso lo llamamos interés superior del menor.
Desde el primer momento que estuvo un menor involucrado como víctima tenían la obligación de poner en conocimiento de la autoridad inmediatamente".
Dijo que las autoridades alteraron los datos de prueba, cuando solamente estaban obligados a recabar los datos de prueba y esto no ha permitido comprobar si el conductor circulaba bajo los influjos del alcohol, droga o lo que en realidad pasó.
"Es una barbarie de la justicia, fueron sometidos a un juicio, donde una madre afectada evidentemente por la pérdida de su hijo, va y firma. Todos los delitos cometidos en relación a la impartición a la justicia, obstrucción a la justicia, cohecho, peculado por haber dispuesto de un dinero para no ponerlo a disposición y dejarlo en libertad, se corre la voz que fueron 50 mil pesos los que dio el conductor para quedar en libertad".
Reiteró que las penalidades fluctúan entre los 3 y 9 años de prisión al funcionario que incurre a este tipo omisiones y acciones graves en perjuicio de la impartición de justicia.
El abogado, informó que el delito de la obstrucción de la justicia es de persecución oficiosa, la Fiscalía General del Estado debe de actuar de forma inmediata, en tanto esperarán la reacción de las autoridades en la región, si no se tiene un seguimiento se interpondrá una denuncia por los delitos ya mencionados contra los servidores públicos y los peritos que "recibieron órdenes" de sus superiores.
"Los principales responsables son Varela jurídico de Seguridad Pública y Aida, Subdirectora de la corporación.
Debería de denunciarlos el mismo ayuntamiento, deben de ser separados de su cargo y sometidos a un procedimiento y juicio penal para que se determine la aplicación de una pena y su destitución e inhabilitación" concluyó el abogado.
La familia del menor se manifestará este viernes por la mañana al exterior de la presidencia municipal, ahí solicitara al alcalde Agustín Ramos justicia por la muerte del menor.
