Especial/ La funcionaria de la SS aseguró que dan aviso al Ministerio Público cuando llegan a instituciones de salud casos de menores que han sufrido violencia sexual, hombres o mujeres
Las integrantes de las organizaciones feministas advierten que las características culturales del norte del país, y en particular de la ciudad de Saltillo, con una población que calificaron como “exageradamente conservadora, agachona y mocha”, impiden avanzar en la urgente necesidad de despenalizar el aborto

Por Camelia Muñoz y CIMAC Noticias

 

María tiene 35 años y es jefa de familia. En marzo decidió interrumpir su cuarto embarazo porque no le alcanzaba el dinero ni el tiempo para tener más descendencia. Actualmente, alterna sus días entre el cuidado de sus tres hijos y un trabajo informal que apenas cubre sus necesidades básicas.

Optó por acercarse a colectivos feministas de Saltillo, que le proporcionaron misoprostol, un medicamento abortivo aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Cada caja cuesta entre 600 y mil pesos; como no podía pagarlo, se lo dieron a cambio de una aportación simbólica. Ella tuvo que costear las pruebas de laboratorio y la consulta ginecológica para poder interrumpir su embarazo sin atención médica.

“En mi caso, yo no tengo con quién dejar a mis hijos ni dinero para pagar a alguien que los cuide”, explicó en entrevista. “Son muchas complicaciones; yo creo que sería más fácil si fuera de otra forma en donde dijeras: ‘bueno (al ser legal el aborto), solo voy a gastar en moverme y me van a hacer el seguimiento, además de ayudarme con el procedimiento’”.

 
 

De cuatro mujeres contactadas, sólo María aceptó dar su testimonio. Entre ellas, hubo quienes viajaron a la Ciudad de México para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Según cifras de la Secretaría de Salud capitalina, de 2007 a julio de 2020 recurrieron al aborto legal 50 mujeres procedentes de Coahuila.

 

La criminalización y el estigma social que pesan sobre el aborto tienen que desaparecer, consideró María. “Debería existir la posibilidad de que las mujeres que quieran abortar puedan hacerlo sin el miedo de que las vayan a meter a la cárcel, que las vayan a amedrentar. Es necesario que la gente deje de tener el prejuicio de que si lo haces eres una asesina”.

 

El Código Penal de Coahuila establece en su artículo 195 que comete aborto “quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo”. El castigo para las mujeres que incurren en este delito es de uno a tres años de prisión. 

Existen cuatro causales para que el aborto no sea punible: cuando el embarazo es resultado de una violación o una inseminación artificial no consentida —el procedimiento debe realizarse en las primeras 12 semanas de gestación—, si está en peligro la vida de la embarazada, si el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan causarle graves afectaciones físicas o cerebrales, y si el aborto ocurre por una conducta culposa o imprudente de la mujer encinta.

Las iniciativas que buscan lograr la despenalización del aborto han sido rechazadas por el Congreso o ni siquiera han llegado al Pleno. En octubre de 2013, el diputado Samuel Acevedo Flores, del extinto Partido Socialdemócrata, propuso autorizar la ILE hasta las 12 semanas de gestación; su propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y nunca llegó a ser votada.

 

Una segunda iniciativa, de septiembre de 2017, fue promovida por el entonces gobernador —hoy diputado federal plurinominal—, el priista Rubén Moreira Valdez. Planteaba reformas al Código Penal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; penas menores para las mujeres que cometieran el delito —de cuatro meses a un año de prisión—, y autorizar la ILE para cualquier momento del embarazo si se cumplía alguna de las causales previstas. Un mes después, tras diversas manifestaciones de grupos conservadores y religiosos, la presión social hizo que el Congreso desechara la propuesta y votara “a favor de la vida”. 

Desde octubre de 2018 permanece congelada la iniciativa de reforma al Código Penal y a las leyes de Protección a la Maternidad y de Salud presentada por la legisladora perredista Claudia Isela Ramírez Pineda. Propone que se apruebe la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, y que la mujer que decida abortar pueda ser atendida en una institución de salud pública en un plazo no mayor de cinco días. 

El pasado mayo, la diputada de Morena, Elisa Catalina Villalobos Hernández, presentó una nueva iniciativa que propone reformar la Constitución Política de Coahuila para que las mujeres tengan derecho a decidir libremente si desean interrumpir su embarazo sin ser criminalizadas. La propuesta debe ser analizada por las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. 

Ramírez Pineda consideró que los grupos conservadores, representados por la fracción del Partido Acción Nacional, impiden la despenalización del aborto. “No veo condiciones para que lo podamos dictaminar de manera favorable al término del periodo ordinario (en diciembre). Sabemos que nos enfrentamos a un problema grave de salud, estamos pugnando para que las mujeres puedan tener acceso (a la ILE) y no exista el riesgo de muerte, y para que sea una realidad para todas, sobre todo para las que no tienen recursos para viajar a la CDMX y no pueden acceder a este servicio de salud, lo que implica un problema de desigualdad”.

Colectivos feministas del estado como Saltillo Decide y Hermandad Lésbica, integrantes del Frente Feminista de Saltillobuscarán acercarse a las y los integrantes de la próxima legislatura, que entra en funciones el 1 de enero de 2021, con la intención de descongelar las iniciativas de Ramírez Pineda y Villalobos Hernández, y lograr la capacitación del personal médico para que se aplique la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046), que permite, en caso de violación, acceder a la ILE.

“Aunque los capacites bien, traen dentro la formación machista de que pueden decidir por las mujeres y las niñas. Incluso las médicas son machistas, y no les quieren dar la oportunidad de que decidan sobre su vida, las manipulan para que parezca que ellas decidieron”, consideró Ariadne Lamont Martínez, psicóloga e integrante de la Red de Mujeres de La Laguna.

La legisladora perredista también promovió en octubre de 2019 una iniciativa de Ley de Amnistía para las Mujeres que Cometan el Delito de Aborto en Coahuila, la cual tampoco ha sido dictaminada. Actualmente, aseguró, hay cinco carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila por este delito, pero en ninguna se ha dictado sentencia. 

En su informe de 2018, “Maternidad o castigo”, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) registró dos casos de mujeres sentenciadas por aborto ese mismo año en la entidad, los de Joaquina y Ana María, sin proporcionar más detalles. 

Según reportaron los 11 juzgados de Primera Instancia en Materia Penal, no hay actualmente mujeres sentenciadas por el delito de aborto, informó vía transparencia el Poder Judicial de Coahuila, mientras que la FGE precisó que, desde 2007 hasta agosto de 2020, se abrieron 88 carpetas de investigación por delitos clasificados como aborto.

En las organizaciones que forman parte de la Red Aborto Seguro Saltillo y el Frente Feminista de Saltillo se han incrementado las solicitudes de acompañamiento por parte de mujeres que quieren interrumpir su embarazo. De 20 a 25 llamados que recibían cada semana a inicios de año, en los últimos meses han llegado a atender hasta 50 mujeres en el mismo lapso.

“La verdad es que ahora, por la pandemia (de la covid-19), se ha disparado muchísimo. Nosotras como redes somos autogestivas y, cuando una mujer no puede solventar el precio del medicamento, hacemos ‘vaquita’ y se lo compramos”, explica Manu Reyna, de la Red Aborto Seguro Saltillo.

La Secretaría de Salud (SS) de Coahuila solo tiene registros de egresos hospitalarios por aborto a partir de 2018, con mil 421; en el 2019 la cifra se redujo a mil 303, y hasta el mes de agosto de este año se registraron 723; en todos los casos las intervenciones se realizaron por indicación médica. Los archivos de años anteriores no fueron localizados. 

De 2016 a julio de 2020, según la institución, hubo 35 casos de interrupción voluntaria del embarazo. “Fueron por causas de salud de la mujer o por alguna situación en el producto, como malformaciones congénitas que son incompatibles con la vida. Nuestro registro no especifica si fue un aborto provocado; pudieron llegar con un aborto en evolución, pero difícilmente nos dicen si tomaron algo”, señaló Martha Alicia Romero Reyna, directora de Prevención y Promoción de la Salud de la SS.

Vía transparencia, la SS estatal respondió que hasta julio de 2020 se han realizado 53 abortos bajo la NOM-046. La institución solo registra los casos en los que se cumplió la norma, no en los que se negó; sin embargo, es posible inferir una disminución en su aplicación, ya que de 3 mil 682 abortos registrados en 2015, la cifra disminuyó casi el 80 por ciento en apenas cuatro años, pues en 2019 solo hubo 778 casos reportados. En su informe señala que no hubo defunciones maternas.

Organizaciones feministas y profesionales de la psicología que atienden a mujeres que se han enfrentado a la negativa del personal médico para interrumpir su embarazo coincidieron en que, por desconocimiento y por cuestiones morales, se les impide el derecho a abortar. Esto sucede por igual con adultas que sufrieron una agresión sexual o cuya salud estaba en riesgo, que con menores de 15 años, quienes deben considerarse víctimas de violación equiparada de acuerdo con el artículo 229 del Código Penal del estado.

Lamont Martínez afirmó que es fácil percatarse del incumplimiento de la normativa por el hecho de que Coahuila ocupa el tercer lugar nacional en embarazos adolescentes. 

“Son niñas y adolescentes a quienes los médicos debieron informarles que tenían el derecho a decidir, o bien a sus padres, pero en lugar de eso las asustan diciéndoles que si abortan les va a ir muy mal, que no van a poder tener más hijos”, señaló.

La funcionaria de la SS aseguró que dan aviso al Ministerio Público cuando llegan a instituciones de salud casos de menores que han sufrido violencia sexual, hombres o mujeres. Romero Reyna proporcionó un documento en el que se registra que, en 2018, se notificó a las autoridades de 178 casos de adolescentes de 10 a 15 años con signos de violación; al año siguiente, la cifra fue de 268 casos.

Estos datos contrastan con los 6 mil 917 embarazos en adolescentes —entre los 10 y los 19 años— que registró Coahuila en 2018, según lo afirmado por el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, durante una comparecencia ante los legisladores locales. 

Las integrantes de las organizaciones feministas advierten que las características culturales del norte del país, y en particular de la ciudad de Saltillo, con una población que calificaron como “exageradamente conservadora, agachona y mocha”, impiden avanzar en la urgente necesidad de despenalizar el aborto.

“La mayoría de la gente piensa que, al despenalizarse el aborto, todas las embarazadas irán a abortar. Lo que pedimos es que, quien lo desee, pueda hacerlo de manera segura, legal e incluso gratuita al ser un problema de salud pública, pero a quien decida continuar con su embarazo también la apoyamos. No estamos en contra de la vida, sino a favor de que la mujer decida. Falta mucha capacitación del personal médico, que desconoce la NOM-046 y no la aplican porque, según dicen (a las mujeres que la solicitan), no es posible y es ilegal”, afirmó Martha Mónica Rosales Torres, de Hermandad Lésbica.

Para Mixely González Mata, integrante de Aborto Seguro Saltillo, con más de nueve años haciendo una labor de acompañamiento, el Estado mexicano se ha adueñado de los cuerpos de las mujeres y esto significa una discriminación cuando en otras entidades —la CDMX y Oaxaca— se ejerce el derecho a decidir, pero su distinción patriarcal “jamás va a estar de nuestro lado”.

Al igual que sus compañeras defensoras, González Mata consideró que la única alternativa es continuar visibilizando los riesgos que enfrentan las mujeres al someterse a prácticas inseguras y peligrosas para abortar, y urgir a que quienes encabezan los distintos niveles de gobierno reconozcan sus derechos.

 

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