La adopción de los principios de los derechos humanos, como regla de convivencia, constituye una aspiración obligada en las sociedades democráticas. Y lo es porque las relaciones entre individuos pero, sobre todo, entre estos y el poder, cambian radicalmente cuando se recrean a partir de dichos principios.

En efecto, cuando un ciudadano acude ante una autoridad a solicitar algo, no es lo mismo plantearse la respuesta a partir de los derechos del ciudadano, y de las obligaciones de la autoridad respecto de estos, a hacerlo a partir de los prejuicios, el estado de ánimo, la intuición o la costumbre.

Es posible, desde luego, construir respuestas adecuadas a partir de la intuición, sobre todo cuando ésta se funda en concepciones liberales del arreglo social o en una idea más o menos adecuada de la justicia. Sin embargo, lo más probable es lo contrario, como puede fácilmente constatarse al observar el trato dispensado regularmente por las autoridades a los ciudadanos.

Por ello, los principios de los derechos humanos constituyen una mejor ruta para construir una cultura de trato en la cual las interacciones cotidianas estén caracterizadas por la vocación de respeto a los derechos individuales.

Pero ¿cómo se logra el tránsito entre la cultura actual, signada por el atropello de los derechos individuales, y una capaz de generar en los individuos una alta expectativa de ejercicio pleno de los mismos?

La interrogante suele responderse trasladando el total de la responsabilidad al sector gubernamental. En esencia, la respuesta es correcta, pues en sociedades democráticas el Estado no solamente asume en el plano interno el compromiso de construir tal realidad, sino también adquiere obligaciones internacionales en el mismo sentido.

Pero siendo indispensable la asunción de responsabilidad por parte del sector público, el proceso de transforación cultural requiere la vigorosa participación de la sociedad civil, cuyos miembros deben adoptar el papel de impulsores, vigilantes y evaluadores de las políticas públicas necesarias para tal propósito.

En este proceso, quienes de manera individual o colectiva se dedican a la defensa de los derechos humanos, realizan una tarea muy relevante. Su trabajo, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, juega “un papel crucial en el proceso de control de las instituciones democráticas”.

Otro tanto puede señalarse en relación con los periodistas, quienes ejercen con mayor vigor uno de los derechos sin cuya existencia la democracia es simplemente imposible: el de libertad de expresión.

El artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana señala de forma precisa la relevancia de este derecho al señalar como “componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, entre otros, “el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.

Así pues, la relevancia del trabajo realizado por las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas, en términos de la construcción de una sociedad auténticamente democrática, esta lejos de cualquier duda.

Sin embargo, el simple reconocimiento declarativo de tal circunstancia es insuficiente para generar las condiciones requeridas por defensores de derechos humanos y periodistas para el desarrollo de sus actividades. Además de esto, es indispensable identificar, reconocer y remover los obstáculos existentes para el ejercicio de la actividad de dichos colectivos.

Y en este propósito el primer paso indispensable es la asunción, por parte de las autoridades, de su responsabilidad en el proceso de impulsar las acciones necesarias para construir un “ambiente habilitador” para el ejercicio de los derechos.

En esta línea se inscribe la firma de un memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Coahuila, la Academia Interamericana de Derechos Humanos y la Agencia para el Desarrollo Internacional, de los Estados Unidos (USAID). 

Dicho acuerdo impulsará el desarrollo de estrategias para garantizar la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la entidad.

La firma de dicho memorándum, ocurrida el martes anterior, implica la alineación de esfuerzos institucionales para, a partir de estándares internacionales, diseñar y poner en práctica acciones tendientes a garantizar el trabajo de los colectivos mencionados, es decir, garantizar plenamente su derecho a defender los derechos humanos e informar a la sociedad.

Adicionalmente se anunció la integración de un Grupo de Trabajo, autónomo y multidisciplinario, como órgano ciudadano especializado en la materia, cuyo propósito será fungir como instancia de consulta de la sociedad civil para el análisis, evaluación y supervisión de las acciones estatales en la materia.

Se trata, sin duda, de dos importantes decisiones iniciales cuya implementación coloca a Coahuila en la ruta de construir un marco robusto de libertades para la realización del trabajo de quienes se dedican al periodismo y a la defensa de los derechos humanos.

@sibaja3
csibaja@uadec.edu.mx

El autor es director del Centro de Educación Jurídica de la Academia Interamericana 
de Derechos Humanos

Este texto es parte del proyecto de Derechos 
Humanos  de VANGUARDIA y la Academia IDH.