Salud pública: ¿está en riesgo en Coahuila?

Uno de los rubros más relevantes del presupuesto público es el que se destina a la atención de la salud de los ciudadanos, particularmente quienes tienen menos recursos. Y eso es porque las responsabilidades que el Estado tiene en este renglón son de las más relevantes, dado que el de la salud es considerado un “derecho llave”, es decir, que su disfrute garantiza –o impide– el acceso a otros derechos.

Por ello, el hecho de que el presupuesto destinado a salud pública en Coahuila vaya a sufrir este año un recorte de casi 30 por ciento debe encender todas las luces de alerta entre los ciudadanos, y generar una reacción que implique cuestionar cómo se cubrirán los servicios que dejarían de financiarse con motivo de dicho recorte.

El Gobierno de la República ha señalado en reiteradas ocasiones la existencia de un problema generalizado de corrupción en el sector público y, a partir de tal señalamiento, ha justificado recortes presupuestales en múltiples rubros, así como la modificación de políticas públicas de diversa índole.

Y si la razón del recorte al presupuesto de salud de Coahuila es la existencia de casos de corrupción, sin duda debe atenderse el fenómeno e instrumentar las medidas necesarias para evitar que tal fenómeno siga presentándose.

Lo que no puede –ni debe- hacerse– es poner en riesgo la integridad de los ciudadanos y en este aspecto aplica la idea de que es preferible la pérdida de dinero, por actos deshonestos, que perder vidas humanas o provocar daños irreparables en la salud de las personas.

Porque en materia de salud pública no puede actuarse como se hizo en el caso del robo de combustible, o como se decidió proceder en materia de estancias infantiles, porque de lo que estamos hablando es de poner en riesgo la integridad de miles de seres humanos.

En este sentido, más allá de señalar las cifras, las autoridades estatales –en primer lugar– tendrían que explicarnos con detalles cuáles son las partidas presupuestales específicas que se verán afectadas a partir del recorte y qué efectos puede tener en materia de salud pública.

Por otra parte, tanto el Gobierno del Estado como el de la República deben informarnos si el recorte que hoy se anuncia será “compensado” de otra forma, transfiriendo responsabilidades a otras áreas del sector salud o subrogando servicios con instituciones privadas.

Resultaría inadmisible que a partir de este recorte comenzáramos a reseñar casos de personas a quienes no pudieron practicárseles análisis clínicos indispensables para una intervención quirúrgica; aplicárseles vacunas o prestárseles atención médica de urgencias.

El sistema de salud del País ya es muy deficiente y millones de personas no pueden acceder con suficiencia al ejercicio de sus derechos a permanecer sanos.

No es dable en estas circunstancias añadirle una capa más de complejidad a una situación de suyo lamentable, a partir de una decisión administrativa tomada con criterios equivocados.

Esperemos que no sea el caso.