Trump veta a inmigrantes que puedan ser una "carga pública" para EU

La posibilidad de convertirse en una "carga pública" como beneficiario de ayudas gubernamentales será desde este lunes un requisito que deberán sortear los inmigrantes que soliciten un visado a EU o deseen obtener su tarjeta de residencia permanente, conocida como "green card".

Después de meses de un intenso pulso judicial y en pleno año de elecciones, la Administración de Donald Trump empezará a aplicar la norma de "carga pública", que puede darle un vuelco al sistema de migración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.

La medida entrará en vigor en todo el país en tanto siguen en proceso las apelaciones pendientes y después de que el viernes pasado el Tribunal Supremo levantara una exclusión que estaba vigente para Illinois.

El Supremo había dejado antes sin efecto fallos en contra de esta normativa de cortes de Nueva York, California, Washington y Maryland.

No se aplicará a quienes soliciten la ciudadanía ni se será retroactiva. También excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) o quienes posean cierto tipo de visado, entre otros.

 

INMIGRACIÓN vs CARGA PÚBLICA 

 

Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 establece que un extranjero que solicite un visado o el ajuste de estatus migratorio "es inadmisible" en caso de que un oficial consular o un fiscal considere que puede convertirse en carga pública, expertos advierten que la vuelta de tuerca que dío la Administración de Trump puede cambiar el sistema de migración del país.

A la luz de la nueva reglamentación, un inmigrante legal será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos" durante más de 12 meses en un periodo de 3 años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.

Shelby Gonzales, directora de políticas de inmigración del Centro sobre Presupuesto y Políticas Prioritarias, indicó a Efe que esta normativa cambiará "radicalmente" el sistema de inmigración estadounidense "a uno que solo da la bienvenida a aquellos con medios suficientes".

No obstante, advirtió que la norma es tan confusa y compleja que "las personas que no tienen nada que temer" por su implementación "se mantendrán alejadas de los programas de beneficios públicos".

 

TRUMP MIRA HACIA ADENTRO Y PONE TRABAS A LOS DE AFUERA 

 

Para Aaron Reichlin-Melnick, asesor del American Immigration Council, el cambio que trae esta regulación es que el concepto de "carga pública" afectaba únicamente a quienes eran dependientes de subvenciones financieras, pero ahora abarca los planes de alimentos, de salud y vivienda, que, en su mayoría, se otorgan a quienes ya poseen su "green card".

Este requisito por ahora afecta a los que pidan residencia permanente o busquen cambiar su estatus, pero -alertó- se aplicará en un futuro a los que soliciten un visado.

"La regla es casi como una prueba de riqueza", agregó el experto, quien apuntó que con esto se determinará quiénes pueden venir al país: "las personas que ya tienen mucho dinero, que ya tienen educación, ya tienen trabajo" y hablan inglés.

Reichlin-Melnick señaló que la norma puede afectar a quienes migren por razones familiares, como es el caso de cónyuges, padres o hijos.

"El presidente quiere transformar nuestro sistema hacia un sistema de mérito", sentenció para detallar que el proceso estadounidense está basado principalmente en la familia.

 

CAPACIDAD FINANCIERA BAJO LUPA 

 

Para determinar si una persona puede obtener residencia permanente, extender su estadía o ser admitida en el país, se tendrán en cuenta aspectos como edad -lo que puede excluir a menores o personas de la tercera edad-, salud, estatus familiar, activos, recursos, estatus financiero, educación y capacitación.

La firma de abogados Boundless explica en su web que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea imponer requisitos financieros no solo al patrocinador sino al solicitante, al que se le puede llegar a pedir un nivel de ingreso familiar o el equivalente en activos por encima de lo establecido hasta ahora.

Esta "prueba de riqueza", anticipa Reichlin-Melnick, puede resultar en la llegada de "más personas de países en Europa y menos de Centroamérica, de África y otros que tienen más pobreza".

Samantha Artiga, directora del proyecto de políticas de disparidades de la Kaiser Family Foundation, coincidió en que la mayoría de personas que buscan su residencia o emigrar al país de forma regular "son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses o tienen patrocinadores familiares".

En ese sentido, consideró que la norma puede "aumentar las barreras a la reunificación familiar y conducir potencialmente a la separación de las familias".

"Si el Departamento de Seguridad Nacional -explicó- niega a un individuo una tarjeta verde y pierde el permiso para permanecer en EU debido a una determinación de carga pública, puede tener que dejar a otros miembros de la familia, como un cónyuge o hijo que sea ciudadano o que tiene estatus de residente permanente, en EU".

Artiga consideró probable que esta norma derive en una baja en la participación de familias inmigrantes en programas de beneficios, lo que puede afectar a niños nacidos en el país.

 

Carga pública, claves para entender la decisión de Trump

 

Desde este lunes, los inmigrantes que opten por la residencia permanente en EU, busquen cambiar su estatus o aspiren a un visado estarán sujetos al escrutinio del Gobierno de Donald Trump para determinar si usa o puede llegar a requerir en el futuro de beneficios públicos para subsistir.

La denominada norma de "carga pública" empieza a aplicarse desde este lunes después de dos fallos del Tribunal Supremo que dieron marcha atrás a sendas decisiones de cortes de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland que bloqueaban su entrada en vigor en octubre pasado.

La polémica reglamentación, sin embargo, tiene pendiente varias demandas en contra.

 

¿ES USTED UNA CARGA PÚBLICA?

 

Según Catalina Sol, directora ejecutiva de la Clínica del Pueblo, la "carga pública" es una prueba que se aplica a quienes soliciten residencia permanente, también llamada "green card".

"Es una regla muy antigua, tiene más de 100 años y su objetivo es asegurarse que uno no se va a convertir en una carga para el Estado", detalló.

 

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL CAMBIO?

 

"Ahora lo que cambia es qué se considera para determinar si uno se va a convertir en una carga", agregó. 

Principalmente, la norma aumenta la lista de beneficios públicos que las autoridades tendrán en consideración.

No obstante, la experta aclara que la norma no debe afectar a los solicitantes, ya que para optar a la mayoría de programas de beneficios públicos federales se requiere que la persona tenga residencia permanente por cinco años antes de poder ser elegible.

"Nosotros entendemos que esta es una regla nueva diseñada realmente para asustar a las personas que sí son elegibles para que se desenrolen de los programas y que no sigan participando en ellos, aunque tienen derecho a ellos", sostuvo.

¿QUÉ BENEFICIOS CUENTAN Y CUÁLES NO?

 

Sol, cuya institución tiene sedes en Washington DC y Maryland, explicó a Efe que anteriormente se evaluaba si "la persona había recibido principalmente asistencia financiera de parte del Estado".

Esto incluía subvenciones en efectivo, como la Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés), y si la persona había permanecido durante cierto tiempo en instituciones de salud por problemas médicos.

Con la nueva norma también se considerará:

* El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), popularmente conocido como los cupones de alimentos o "food stamps".

* Asistencia para Vivienda bajo Sección 8.

* Medicaid financiado con fondos federales (excepto para menores de 21 años y mujeres embarazadas y hasta 60 días después del parto).

Además se tendrán en cuenta beneficios como:

* Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, en inglés).

* Programas estatales y locales de ayuda en efectivo (conocidos como programas de "ayuda general").

 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS EXCLUIDOS?

 

* Seguro médico para niños (CHIP, en inglés).

* Programas de nutrición, como el Suplementario de Nutrición para Mujeres, Infantes, y Niños (WIC, en inglés), el de Almuerzos y Desayunos Escolares y otros.

* Beneficios de vivienda.

* Servicios de cuidado de niños. 

* El Programa de Ayuda Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, en inglés).

* Ayuda de emergencia para catástrofes.

* Cuidado infantil temporal y ayuda para la adopción.

* Asistencia educativa y ayuda para la educación primaria, secundaria o superior.

* Programas de capacitación laboral.

* Programas, servicios o ayuda comunitaria, entre otros.

¿QUIÉNES NO SON AFECTADOS POR ESTA NORMA?

 

* Refugiados. 

* Solicitantes de asilo.

* Personas amparadas bajo la Ley de Ajuste de Estatus para Cubanos.

* Personas amparados bajo la Ley de Ajuste de Estatus para nicaragüenses y Ayuda para Centroamérica (NACARA).

* Personas amparadas bajo la Ley de Equidad para Refugiados haitianos (HRIFA).

* Solicitantes y poseedores de una visado T (víctimas de trata).

* Solicitantes y poseedores de visado U (víctimas de actos criminales).

* Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), entre otros.

Fuente: Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

 

POSIBLES CONSECUENCIAS 

 

Catalina Sol advirtió de que inmigrantes que ya cuentan con la ciudadanía expresaron su temor a que se les pueda quitar esta condición si aplican a beneficios públicos o que residentes permanentes temen que les afecte al solicitar la nacionalidad.

"Ninguna de esas cosas son ciertas", puntualizó Sol, pero lanzó una advertencia a largo plazo: "uno de cada cuatro niños en este país tiene un papá o mamá inmigrante" que pueden desvincularlos de programas de comida o de atención en salud.

"Esa es toda una generación que podría quedar desprovista de cosas básicas que se necesitan para su calidad de vida: alimentación, vivienda, salud", afirmó.