Alerta especialista: Airbnb pone en riesgo oferta y costo de renta de vivienda en Coahuila

Especialistas consideraron que la regulación de la plataforma de hospedaje Airbnb debe concretarse para evitar que ponga en riesgo la oferta y el costo de la renta de vivienda en la entidad coahuilense.

El pasado 1 de agosto, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, firmó un convenio con la plataforma digital Airbnb, misma que se comprometió a retener y enterar el Impuesto Sobre Hospedaje, a raíz de peticiones principalmente de asociaciones hoteleras.

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Sin embargo, la especialista en derecho a la vivienda, Carla Escoffié, consideró que la regulación debe trascender para cuidar la oferta de arrendamiento tradicional.

Explicó que aunque la plataforma pague impuestos, también debe estar en la agenda procurar que la oferta de la aplicación no termine por desplazar a las viviendas de renta en las ciudades.

“No es un tema de que sólo porque paguen y ya se va a solucionar todo el problema, sino que se tiene que revisar la oferta de vivienda de arrendamiento, cómo ésta se ve reducida o desplazada por el ánimo de hacer negocio con Airbnb y de ocupar estos espacios para turistas y no para personas que están buscando una opción de vivienda en la ciudad”, dijo la especialista.

Dijo que actualmente no hay ningún estado en el país que haya regulado a Airbnb en materia de derecho a la vivienda.

“Los gobiernos no suelen tener un registro de arrendamientos para poder darle seguimiento a cuál es la oferta a largo plazo, cuál es la disponibilidad que se tiene para rentar un lugar en las ciudades. Por otro lado, no hay una regulación de Airbnb en ningún estado del país. Eso implica que no tenemos datos certeros sobre cuánto afecta Airbnb”, agregó.

DESPLAZA AIRBNB A LOCALES

La especialista dijo que hay casos de ciudades mexicanas y de otros países en que departamentos enteros pasan a rentarse como habitaciones de Airbnb y ello provoca el desplazamiento de locales para priorizar a turistas.

Esto también ha provocado que se inflen los precios de las rentas en todo el país. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Cancún y Cuernavaca son las ciudades que más han observado ese fenómeno.

Escoffié explicó que si bien Airbnb no es la causa de los problemas por los que personas puedan quedarse sin acceso a la vivienda o tengan que desplazarse de sus casas, sí es parte importante.

“Sí tiene efectos en las ciudades y en la vida de las personas. Sí hay personas que se ven apartadas de sus opciones de vivienda a partir de este tipo de fenómenos”, consideró.

A pesar de que no es un problema que padezcan ciudades como Saltillo en esa magnitud, la oferta de habitaciones de Airbnb ya se instaló y sigue ganando fuerza en municipios como Cuatro Ciénegas o Parras, con cerca de 50 por ciento del mercado.

En ese sentido, Escoffié Duarte no descartó que Coahuila tenga el problema de las ciudades grandes en algún futuro, por lo que se está a tiempo de realizar acciones preventivas.

Añadió que Saltillo tiene un caso particular, pues tiene el turismo en sus alrededores como la Sierra de Arteaga, lo que provoca que su oferta turística no esté en viviendas adaptadas para el uso diario como las cabañas.

“En caso de que no haya ahorita un efecto notorio, inmediato, palpable en ciudades como Saltillo, de todas maneras están las obligaciones de prevención porque de todas formas este fenómeno va aumentando. No hay motivo para creer que Saltillo estaría libre de esas problemáticas”, mencionó la académica.

HAY POLÍTICA INMOBILIARIA, NO DE VIVIENDA

Escoffié mencionó que Airbnb se debe atender en el caso específico de cada ciudad para evitar que la plataforma disminuya la oferta de vivienda de arrendamiento.

Lamentó que en México no se tienen leyes inquilinarias, pues “los códigos civiles ya están muy obsoletos, muy escuetos, muy laxos, muy generales frente a todas las dinámicas tan complejas que trae la vivienda de arrendamiento”.

Mencionó que al ser un tema complejo de abordar por las particularidades de cada ciudad, el derecho a la vivienda requiere la armonización de varias acciones que permitan a la población acceder al mismo y que no se están realizando.

“Una de ellas es que no hay arrendamiento público. Otra es que no hay una regulación inquilinaria idónea o acorde a la realidad para los arrendamientos.

“Otra es establecer parámetros para evitar que se sigan acumulando muchas viviendas en unas pocas manos. Hacer una política de suelo que garantice que siga habiendo bancos de suelo u opciones para que pueda construirse nuevas viviendas y no sean acaparadas por las mismas personas”, concluyó la experta.