Coahuila: reformas pendientes quedarán en manos de la próxima Legislatura
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Coahuila mantiene sin armonizar su legislación estatal en materia de movilidad y procedimientos civiles y familiares, pese a los plazos establecidos a nivel nacional
La próxima Legislatura de Coahuila tendrá entre sus principales pendientes la armonización de diversas normas estatales con reformas federales que debieron concretarse desde hace varios años, entre ellas la Ley de Movilidad y las adecuaciones derivadas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
En materia de movilidad, la armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial debió realizarse desde diciembre de 2022. Sin embargo, Coahuila continúa sin actualizar su marco legal pese a que la legislación federal estableció un plazo de 180 días para que los congresos locales realizaran las modificaciones correspondientes.
La normativa nacional establece un máximo de 80 kilómetros por hora en vías de acceso controlado; 90 kilómetros por hora en carreteras de dos carriles y hasta 110 kilómetros por hora en autopistas.
Además, incorpora disposiciones de seguridad para motociclistas, lineamientos para regular los medios de micromovilidad eléctrica; e incluye la denominada pirámide de movilidad, que prioriza a peatones, ciclistas y transporte público.
El pasado 26 de marzo, el Senado de la República exhortó a las entidades que aún no han homologado su legislación a cumplir con esta obligación, entre ellas Coahuila.
Otro de los temas pendientes es la adecuación de la legislación estatal al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023. Este ordenamiento establece un proceso gradual de implementación que obliga a los congresos estatales a armonizar sus leyes, adecuar presupuestos y generar las condiciones institucionales para la transición hacia un modelo de justicia basado en la oralidad y las herramientas digitales.
De acuerdo con Xavier Laureano, presidente del Foro Profesional de Abogados de Saltillo, el Congreso de Coahuila mantiene obligaciones pendientes derivadas de los artículos transitorios del nuevo código. Entre ellas se encuentran las reformas a la legislación orgánica, la asignación de recursos para infraestructura, capacitación y tecnología, así como la adecuación de los mecanismos necesarios para que el sistema pueda entrar plenamente en vigor antes de 2027.
El abogado señaló que, aunque el Poder Judicial ha desarrollado actividades de capacitación y preparación técnica para la implementación del nuevo modelo, aún se requieren decisiones legislativas y presupuestales que permitan avanzar en la transformación institucional que demanda la reforma nacional.
Actualmente continúan vigentes en la entidad los códigos procesales locales en materia civil y familiar, mientras se concretan las condiciones para la entrada en vigor del nuevo sistema. El plazo nacional para completar este proceso concluye en 2027, por lo que la próxima Legislatura tendrá la responsabilidad de atender esta reforma.
