Diez años después, Sedu le dice a saltillense que su certificado de prepa es ‘patito’

Tras 10 años de haber concluido sus estudios de bachillerato y con el deseo de cursar una segunda carrera para ampliar sus herramientas, un recién ingresado a la Universidad Autónoma de Coahuila en este ciclo escolar se enfrentó a la noticia de que su certificado, sellado por la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, no tenía validez alguna.

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La historia de Rodrigo Casas comenzó en 2014, cuando finalizó sus estudios de bachillerato en el Instituto de Enseñanza Olimpia. Se encontró con una serie de trámites burocráticos para obtener la certificación sellada por la Sedu, que avalara su nivel académico.

“Pasaron ocho meses hasta que finalmente obtuve el certificado sellado por ellos. Fue un proceso muy largo, y me dieron una cita para recogerlo. La persona que me atendió me aseguró que eso era lo único que necesitaría en la Universidad, así que continué sin dudar, ya que me lo dieron ellos mismos”, recuerda.

Años después de recibir dicho certificado, Rodrigo completó sus estudios de primera carrera en la Universidad del Valle de México, la cual logró terminar en poco más de cuatro años sin que se cuestionara la autenticidad de sus niveles académicos anteriores.

Casi 10 años después, Rodrigo fue aceptado en la escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sin embargo, en agosto, cuando estaba a punto de cumplir con los requisitos de inscripción, le informaron que uno de los nuevos requisitos era verificar la autenticidad de su constancia de bachillerato, la cual no pudo acreditar según el análisis realizado por la UAdeC.

‘NO ES VÁLIDO’

“Ante esta respuesta, acudí a la Sedu y comenzaron a investigar en sus bases de datos y registros, pero no encontraron ningún registro de mi certificado. Finalmente, me informaron que no podían otorgar autenticidad porque el certificado ‘no era válido’. Les recordé que había sido la misma institución la que me lo entregó y que tenía sus sellos en él”, expresó Rodrigo.

Después de varios días de insistencia, Rodrigo fue informado en el edificio de Educación Media que una de las opciones era volver a cursar el bachillerato. Sin embargo, tras presentar diversos oficios y solicitar investigaciones, no recibió noticias hasta que se presentó nuevamente.

Rodrigo recuerda que durante su reclamación, la funcionaria de la Sedu reconoció que la escuela a la que había asistido posiblemente no estaba afiliada adecuadamente al órgano educativo. Sin embargo, mencionó que en ese entonces había hasta 100 alumnos inscritos en la matrícula de la escuela, sin que se realizara alguna auditoría que alertara a los alumnos sobre la situación.

“También le pregunté si mi certificado era falso, y la funcionaria solo dijo que no era válido, sin confirmar que fuera falso. En un momento me dijeron que ya no tenía nada que hacer, y les respondí que me hicieron perder muchos años de mi vida en los que pensé que mi preparatoria estaba acreditada”, dijo Rodrigo.

Después de varias semanas de insistencia, la única acción que le comunicaron a Rodrigo fue que esta situación no era exclusiva y que había otros alumnos que habían enfrentado situaciones similares.

En cuanto a este tema, Daniel Garza, director de Asuntos Académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila, informó que aunque son casos aislados, se han encontrado situaciones similares en los primeros ingresos de los alumnos en al menos dos ocasiones cada semestre en los últimos años.

EN ESPERA DE UN AMPARO

Sin embargo, Rodrigo, al igual que muchos otros jóvenes, perteneció a una generación en la que hubo un aumento de escuelas en Saltillo que ofrecían bachillerato privado a cambio de un certificado legal con afiliaciones a la Sedu o la UAdeC, y que ahora podrían enfrentarse a la misma situación.

Actualmente, Rodrigo está esperando un amparo que le permita continuar sus estudios y que podría ayudar a cubrir el tiempo en el que la Sedu resuelve y da una respuesta sobre cómo sus sellos aparecieron en un certificado no válido.

El caso ya ha sido denunciado en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas con el fin de determinar si hubo irregularidades en la función pública relacionadas con el reconocimiento de estos niveles académicos por parte de las escuelas de bachillerato.