Fraccionamientos cerrados generan discriminación social en Coahuila: ONU-Hábitat

El estudio “Estrategia Integral de Vivienda Adecuada y Urbanización Sostenible para el Estado de Coahuila” reveló que los fraccionamientos privados promueven “desde la infancia, la desconfianza hacia el mundo exterior, el miedo y el rechazo a otros sectores de la población por motivos raciales, étnicos, socioeconómicos o físicos”.

Profundizan la desconfianza social, deterioran la vida comunitaria y acentúan el déficit de acceso a áreas verdes y espacios públicos, que son fragmentados e inequitativos, lo que puede aumentar la conducta agresiva.

El documento derivó de un trabajo entre el Gobierno del Estado y ONU-Hábitat, el Programa de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos, que advierte que cuando el crecimiento se basa en modelos habitacionales cerrados, las áreas verdes son de uso exclusivo para un pequeño sector poblacional cuando deberían ser accesibles a toda la comunidad.

Las áreas verdes se ubican en fragmentos de terrenos que los fraccionadores deben ceder al Municipio para uso colectivo, no obstante, son restringidos al resto de la comunidad porque se le impide el paso, a no ser que las personas sean residentes, familiares de estos o acudan a realizar una prestación de servicio.

Así, un pequeño grupo social limita el derecho constitucional al libre tránsito, el acceso al espacio público y dificulta la prestación de servicios públicos, incluso los residentes llegan a obstaculizar el ingreso de vehículos oficiales, como las patrullas.

Por ello, el martes pasado, el Congreso del Estado modificó el Artículo 179 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Coahuila para establecer que los fraccionamientos cerrados deben

“facilitar en todo momento el acceso a las autoridades administrativas y judiciales de la Federación, Estado y municipios, así como a las de seguridad pública”.

Además, recordó que el mismo Artículo prohíbe cerrar las vías públicas en los fraccionamientos para generar espacios de aprovechamiento exclusivo de propietarios o colonos.

“A ello –señala el estudio de ONU-Hábitat, se suma la privatización del espacio público: los residentes de conjuntos de traza cerrada, obtienen la percepción de que están en derecho de restringir el acceso público a las áreas de cesión, las cuales, sin embargo, son producto de una exacción (expropiación, privación) pública, para el acceso y disfrute de todos”.

Por ejemplo, en Torreón, del 2005 al 2013, dos de cada tres viviendas nuevas se construyeron en desarrollos de acceso controlado, con mecanismos de seguridad como casetas de vigilancia o portones, o accesos restringidos por rejas, macetas o postes. Para el 2016, casi una quinta parte de toda la superficie habitacional estaba ocupada por fraccionamientos cerrados.

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El documento de ONU-Hábitat plantea una política moderna de urbanización sostenible y de vivienda adecuada, y que tomó en cuenta la opinión de más de 200 participantes nacionales y extranjeros, de la iniciativa privada, colegios de profesionales, universidades, organismos civiles y funcionarios federales, estatales y municipales.

Presenta un diagnóstico de la vivienda en Coahuila, una hoja de ruta con acciones específicas a seguir para la renovación jurídica de los instrumentos de legislación, economía e infraestructura urbana estatal y municipal, proceso que llevó más de 2 años.

El objetivo es fortalecer el núcleo familiar y las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de sus integrantes, prevenir el hacinamiento y la segregación social.

10 Problemáticas urbano-habitacionales de Coahuila:

1.- Acceso inequitativo al suelo y vivienda que resulta en desarrollo periférico y expansión de ciudades.

2.- Insuficiente vivienda asequible y de calidad.

3.- Fragmentada gestión del agua y el aire en las ciudades.

4.- Las soluciones habitacionales no promueven la sostenibilidad ambiental.

5.- El transporte y la movilidad no están centrados en personas.

6.- Espacio público fragmentado e inequitativo.

7.- Ausencia de condiciones para aplicar instrumentos de gestión de suelo.

8.- Tejido urbano degradado y barrios deteriorados.

9.- Insuficiente aprovechamiento del sistema de ciudades para detonar el desarrollo regional.

10.- Insuficiente enfoque en el usuario participación ciudadana.

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Metas al 2030:

1.- Cero expansión urbana de las ciudades del estado.

2.- Vivienda adecuada para todas las personas.

3.- Agua suficiente de calidad y aire limpio en las ciudades.

4.- Cero impacto ambiental de la vivienda.

5.- Sistemas de transporte y movilidad centrados en las personas.

6.- Acceso universal al espacio público de calidad.

7.- Urbanización sostenible con beneficios compartidos por todas las personas,

8.- Ninguna vivienda abandonada.

9.- Regiones prósperas, a través de ciudades prósperas.

10.- Ciudadanía corresponsable en los procesos de urbanización y vivienda.