Inicia ruta legislativa para armonizar en Coahuila reformas de ‘Plan B’
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La iniciativa incluye la prohibición de la reelección inmediata, restricciones al nepotismo electoral, reducción en el número de regidores y un límite al presupuesto del Congreso local
El Congreso de Coahuila inició el análisis de una reforma constitucional que busca armonizar la legislación estatal con los cambios aprobados recientemente en la Constitución federal en materia electoral, austeridad y organización municipal.
La iniciativa, presentada por las diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de la Alianza Coahuila, fue turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen, con la expectativa de que pueda ser aprobada durante el próximo periodo ordinario de sesiones que iniciará en septiembre.
Entre los cambios más relevantes destaca la eliminación de la reelección inmediata para diputaciones locales, alcaldías, sindicaturas y regidurías, una medida que entraría en vigor para los procesos electorales de 2030, en concordancia con los plazos establecidos en la reforma constitucional federal publicada en abril de 2025.
La propuesta también incorpora reglas para combatir el nepotismo electoral. De aprobarse, ninguna persona podrá contender por la gubernatura, una diputación o un cargo municipal si durante los tres años previos a la elección mantiene o ha mantenido vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco cercano con quien ocupe el cargo al que aspira.
También contempla la reconfiguración de los ayuntamientos para alinearlos con la reforma al artículo 115 de la Constitución federal, que establece un máximo de 15 regidurías por municipio. Actualmente, municipios como Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña, Frontera, Matamoros, Francisco I. Madero y Sabinas pueden integrar cabildos de hasta 17 regidores.
La exposición de motivos señala que esta modificación busca generar una integración más proporcional de los ayuntamientos y, al mismo tiempo, producir ahorros presupuestales mediante la reducción de cargos en aquellos municipios que superan el nuevo límite.
La iniciativa también incorpora un tope al presupuesto anual del Congreso del Estado, que no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal correspondiente a cada ejercicio fiscal. Los promoventes sostienen que la medida responde a criterios de disciplina financiera y austeridad impulsados desde la Federación.
Asimismo, se incluyen disposiciones para limitar las remuneraciones y prestaciones de consejeros electorales y magistrados electorales, quienes no podrán percibir ingresos superiores a los límites establecidos por la Constitución federal ni acceder con recursos públicos a seguros privados o beneficios extraordinarios no previstos por la ley.
En materia de igualdad de género, la propuesta incorpora de manera expresa los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración de ayuntamientos, el Congreso local y otros órganos públicos.
La reforma también establece como impedimento para ser candidato contar con una sentencia firme por delitos relacionados con violencia familiar, delitos sexuales, violencia política contra las mujeres o por ser deudor alimentario moroso, además de impedir el registro de personas que se encuentren prófugas de la justicia mientras subsista esa condición.
