Juristas de Coahuila denuncian la intromisión de Mery Ayup en elección de jueces y magistrados

Destacados juristas de la región criticaron al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) por su complicidad con el Poder Judicial en la “organización irregular” de las elecciones locales de jueces y magistrados.

Denunciaron directamente la intromisión del magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, por lo que le exigieron que se apartara del proceso.

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En efecto, “existe gran descontento entre el gremio de abogados, pues la injerencia del presidente de ese Tribunal desvaneció el interés de muchos en participar en dicho proceso”, dijo a Vanguardia el licenciado Heriberto Muñoz Núñez, delegado en Coahuila de la Barra Mexicana de Abogados Liberales.

Explicó que “desde el acuerdo emitido por el pleno de ese Tribunal, en el numeral sexto, se determinó lo siguiente de forma textual: ‘Se autoriza a la presidencia de este Tribunal, con la certificación de la Secretaria General de Acuerdos, para que emita todos los acuerdos, acciones y autorizaciones necesarias para que se lleve a cabo todos los actos de este proceso electoral judicial’”.

El jurisconsulto consideró que “esta situación lleva implícita la parcialidad en la elección, pues el encargado debió haber sido un órgano externo, como lo afirman los agremiados”.

Al hablar de la imparcialidad de dicho tribunal expuso, como referencia, que “basta con escoger un nombre de los elegidos y buscar sus relaciones políticas y familiares para dar con el padrino ya encargado con esas facultades al presidente”.

“Lo cierto es que el descontento es generalizado y agravado por la falta de impartición de justicia real”, subrayó el entrevistado, destacando que lo más delicado es la existencia de “jueces sin perfil”.

Anunció: “Ya nos encontramos realizando los estudios con metodología y trabajo de campo para plantear un verdadero proyecto con críticas constructivas, que expondremos a las autoridades y medios de comunicación ante toda esta decadencia en el sistema judicial”.

La principal queja del gremio es que “no existe —indicó— imparcialidad en la designación de jueces y magistrados, por las facultades que se dio el propio presidente del Poder Judicial; él decide quién queda, pues tiene todas las facultades para ello”.

Por su parte, Rafael Delgado Hernández, abogado, catedrático y exsecretario de Estudio y Cuenta de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, lamentó que “un grupo de profesionales del derecho” haya tenido que retirar sus postulaciones al encontrar fuertes trabas para contender en las elecciones.

El también exdelegado del distrito judicial de Viesca, del Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado, indicó que el sentimiento predominante en el gremio es que definitivamente fueron “víctimas” del irregular manejo de las próximas elecciones de jueces y magistrados en la entidad.

El que también fuera coordinador regional del Centro de Mediación Familiar y Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, dijo haber sido uno de los aspirantes “descartados”, hecho sobre el cual declinó, por ahora, hacer comentario alguno.

Por su parte, el presidente de la Barra de Abogados de la Comarca Lagunera, licenciado David Machado Orozco, estimó que “a los jueces designados en el actual proceso se los sacaron de la manga”, esto, “gracias al compadrazgo y amiguismo que existe entre los miembros del Poder Judicial del estado”.

Recalcó que, en virtud del “influyentismo e imposición” de prospectos, a los cuales “no se les ve capacidad”, pronosticó muy poca participación ciudadana en las urnas electorales, pues, además, a los que habrán de ser confirmados como candidatos “nadie los conoce”, debido a lo cual también “habrá acarreos, sin lugar a dudas”.

En vista de tales irregularidades, Machado Orozco llamó a las autoridades electorales locales a que “dejen que todo siga su cauce natural y eviten la intervención de intereses políticos”, pues el proceso electoral “se ha politizado”, lejos de seguir el modelo del proceso federal.

Cuestionó el desempeño del Instituto Electoral de Coahuila en la organización de las elecciones, pues simplemente se ha limitado a “seguir instrucciones de las altas esferas de los poderes Ejecutivo y Judicial, lo cual garantiza el fracaso en la búsqueda de los mejores juzgadores, como lo plantea la Federación”.

En junio próximo se elegirán en Coahuila más de cien cargos del Poder Judicial de la entidad. Según el acuerdo del pleno del Tribunal Superior de Justicia, del 20 de diciembre de 2024, serán electos 16 magistrados y 90 jueces; el resto de la plantilla judicial se elegirá en 2027.