Puso lupa Judicatura federal a jueza que otorgó amparo a profe condenado por violación

Coahuila
/ 26 febrero 2024

Un visitador del Consejo de la Judicatura Federal visitó Saltillo para recibir quejas contra la jueza Claudia Luz Hernández Sánchez

A finales del año pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) realizó una visita a Saltillo para recibir quejas contra la jueza Claudia Luz Hernández Sánchez, quien fue señalada por otorgar un amparo que abría la puerta a dejar libre a Gerardo “N”, profesor de la secundaria Urbano Flores que fue condenado a 40 años de prisión por el delito de violación.

La determinación de Hernández Sánchez se dio a inicios de febrero, lo que causó polémica y llevó a diferentes protestas en su contra, una de ellas frente al edificio del Poder Judicial de la Federación, en el cruce de Nazario Ortiz Garza y José Musa de León.

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Sin embargo, meses antes, el 14 de noviembre de 2023, el magistrado Rafael Rojas Licea, visitador ‘A’ del Consejo de la Judicatura Federal desplegó un anuncio en el citado edificio sobre la visita extraordinaria por señalamientos específicos contra la jueza y además para recibir quejas y denuncias escritas y verbales.

“En el transcurso de la visita se recibirán las quejas que por escrito o verbalmente hubiere en contra de la jueza Claudia Luz Hernández Sánchez, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Coahuila con sede en Saltillo”, dice el desplegado dirigido al personal, que fue colocado en las puertas del edificio.

Aunque todavía no se han revelado resultados formales de lo que se recuperó durante la visita extraordinaria, fuentes del Poder Judicial informaron que sí hubo quejas, entre otras cosas por malos tratos en contra de los empleados del órgano.

Hasta ahora, la familia de la víctima que se vio perjudicada por el amparo emitido, no ha confirmado si la denuncia por posible corrupción contra la jueza, ya fue formalizada.

Respecto al fallo que emitió a favor de Gerardo “N”, profesor de la secundaria Urbano Flores, de Saltillo, familiares de la víctima y su defensa legal señalaron que se trató de una determinación confusa y que sugería corrupción en el caso, además de omisiones en el derecho de audiencia que se le pidió para explicar los motivos que llevaron a su fallo.

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