Exhibe televisión de EU impunidad en el caso de la masacre de Allende, Coahuila

La televisora estadounidense Univisión transmitió dos reportajes en su programa periodístico “Aquí y ahora”, en el que asegura que en el estado de Coahuila se actúa con impunidad en el caso de la desaparición de más de 300 personas en el norte de la entidad, luego que presuntamente decenas de sicarios sacaron de sus casas a familiares, socios, amigos y trabajadores de tres lugartenientes de la organización criminal “Los Zetas”.
 
Los reportajes televisivos establecen que el exterminio de los rivales del cártel incluyó a personas inocentes de Allende y Piedras Negras, y plantean la supuesta existencia de alianzas oscuras entre los criminales y autoridades locales y estatales, que habrían ayudado a los sicarios a secuestrar y desaparecer masivamente a unas 300 personas.
 
Univisión ubica a una corte federal de Texas como “el epicentro de una serie de revelaciones que destaparon el poder económico y político económico de ‘Los Zetas’”.
 
El periodista Gerardo Reyes cuenta cómo la organización destinó fortunas para comprar influencias políticas. “Durante tres años la masacre de Allende fue una masacre escondida”, dijo, pero la desaparición de 300 personas habla del nivel de protección que tenían.
 
La principal televisora en español de Estados Unidos presentó el testimonio de la madre de una joven que desapareció junto con su grupo de amigos, quien declaró que las autoridades le impidieron poner una denuncia.

“Me dijeron que no”, dijo, “Que lo dejará ahí, que no pusiera demanda”.

Reyes explicó que fiscales en Texas creen que operadores financieros del crimen organizado lavaron dinero comprando caballos de carrera  estableciendo distintos negocios en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de San Antonio.
 
El reportaje consigna también, que el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira demandó por supuesto daño moral a Sergio Aguayo, un intelectual que liderada una investigación independiente sobre la masacre de Allende.
 
Univisión indica que, cinco años después de las desapariciones de las 300 víctimas denunciadas, el Gobierno tiene un saldo de 54 víctimas, de las cuales 28 han sido identificadas.
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado ha detenido a 14 personas; 8 de las cuales eran miembros de “Los Zetas” y 6, policías.
 
Pero para familiares directos de las víctimas, las acciones de la PGJE no han sido suficientes.
“El Gobierno no hace nada”, dicen. El que haya pasado tanto tiempo y no se haya resuelto ninguno de los casos no deja más que pensar que hay una gran corrupción y una gran impunidad.