No debe exigir PRI declaración patrimonial de empresarios, dice senador por Coahuila
El legislador panista Luis Fernando Salazar explicó que en abril pasado él realizó una propuesta para que los empresarios que tienen grandes licitaciones con los gobiernos de los tres niveles también rindieran cuentas sobre sus activos
A unas horas que Emilio Gamboa Patrón, líder de la bancada priísta en el Senado, reconociera que hubo un “error de redacción” en la Ley 3de3, el cual contemplaba que todos los empresarios estaban obligados a rendir su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, mientras que se evitaba que los funcionarios públicos lo hicieran, su homólogo de extracción panista Luis Fernando Salazar Fernández sostuvo que “nadie puede exigir lo que no está dispuesto a dar”.
“El PAN ha defendido el principio de máxima publicidad en declaraciones patrimoniales y el PRI se ha negado en todo momento. Nadie puede exigir lo que no está dispuesto a dar; en ese sentido, nosotros por eso pedimos primero la Ley 3de3 para los funcionarios públicos y la votamos a favor”, respondió a VANGUARDIA.
El legislador panista explicó que en abril pasado él realizó una propuesta para que los empresarios que tienen grandes licitaciones con los gobiernos de los tres niveles también rindieran cuentas sobre sus activos, sobre todo, porque en algunos casos se tratan de prestanombres como el caso de Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A. de C.V., propiedad del ex gobernador Humberto Moreira.
En la propuesta inicial del senador lagunero no se contemplaba que los pequeños y medianos empresarios, así como los beneficiarios de los programas sociales, realizaran la declaración. En cambio, sí buscaba saber el destino del dinero público que llegaría a manos de particulares.
Sin embargo, el PAN decidió que era necesario que la Ley 3de3 postulada por la participación ciudadana fuera aplicada a los funcionarios públicos y un tiempo después a los grandes empresarios.
“La manera en que se hizo no fue la apropiada y es sano que el presidente vete el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El PAN intentó derogarlo en la cámara de diputados, pues presentamos una reserva para derogarlo y el PRI se negó a hacerlo”, dijo.
