Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia

La fabricación de un caso penal, a través de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que derivó en mi arresto, forma parte del esquema de acoso judicial al que mi familia y, ulteriormente VANGUARDIA, han sido sometidos a lo largo de la última década.

Quien orquestó la trama es exactamente la misma persona que ha estado detrás de los fallos judiciales amañados y carentes de fundamento que han dictado en nuestra contra el Poder Judicial de Coahuila y el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo.

Se trata de la misma trama y tiene como núcleo exactamente el mismo guión: el uso de las instituciones de procuración y administración de justicia para favorecer intereses personales, por consigna. O, para decirlo con mayor claridad: del uso faccioso del poder público, el cual debería estar al servicio del Estado de Derecho y de la Justicia.

La intención del desproporcionado operativo desplegado en el aeropuerto de Monterrey, el pasado viernes 9 de enero, hoy nos queda perfectamente clara: privarme de la libertad y, a partir de una posición de ventaja, obligarnos a claudicar en la defensa de nuestros derechos.

Por eso inventaron una historia que, con la complicidad de autoridades que no solamente han decidido abandonar sus responsabilidades, sino convertirse en parte de un esquema delincuencial que secuestra y extorsiona a mansalva, convirtieron en un caso penal ficticio.

Los pasos de la trama son simples y, al mismo tiempo, sumamente eficaces:

1. Se instruye a un testaferro para que firme una acusación escrita en la cual asegura haberse reunido conmigo, en un café de la ciudad de San Pedro Garza García, y haberme entregado 700 mil pesos como “anticipo” de un negocio inmobiliario en Saltillo.

2. Se entrega la “acusación” al Ministerio Público -quien forma parte del “negocio”- y éste se encarga del resto, es decir, de “fabricar” evidencia que le permita obtener una orden de aprehensión por parte de un juez -que también podría formar parte del esquema- y, ya con ella, diseñar e implementar un operativo de captura.

3. La Fiscalía General de Justicia diseñó un operativo que debió implicar, de acuerdo con lo que me dijo uno de los agentes que me detuvo, al menos 36 elementos y una docena de vehículos. Porque para asegurarse de no fallar en “su encomienda”, dispusieron seis equipos -de cuatro individuos cada uno-, tanto en los filtros de seguridad como en las salas de última espera, en cada una de las tres terminales del aeropuerto de Monterrey. Además, emplearon al menos otra docena de agentes e igual número de unidades.

4. Una vez detenido, lo que seguía era vincularme a proceso y, dado que vivo en Saltillo, alegar que era indispensable dictar en mi contra la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, debido a la existencia de “riesgo de fuga” y consecuente sustracción de la acción de la justicia.

Esto último fue lo que no lograron debido a un hecho providencial: dado que toda la acusación es inventada, escogieron una fecha al azar para ubicar los hechos que justifican la acusación: el 27 de agosto de 2025, alrededor de las 3:00 de la tarde.

Para mi buena fortuna, desde un día antes, es decir, desde el 26 de agosto, y hasta dos días después, es decir, hasta el 29 de ese mismo mes, yo estuve en Colombia asistiendo a un evento internacional de la industria de la impresión, invitado por una firma internacional de la cual somos clientes.

Los sellos de entrada y salida, que la autoridad migratoria de Colombia estampó en mi pasaporte, no dejan lugar a la duda ni a la interpretación: el día que mi falso acusador asegura haberme entregado el dinero, yo me encontraba a miles de kilómetros del lugar donde asegura que ocurrieron los hechos.

Frente a la contundente evidencia, el Juez de Control no tuvo más remedio que aceptar la verdad: los hechos de los cuales se me acusó nunca ocurrieron. Se trata de una fantasía inventada por quien se ubica detrás de esta trama. Una fantasía que debió ser atajada por el Ministerio Público de Nuevo León o por el juez que revisó la solicitud para liberar la orden de aprehensión en mi contra.

Pero eso no ocurrió, porque el autor intelectual de la trama, así como los representantes de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial de Nuevo León que actuaron en mi caso, forman parte de un esquema institucionalizado de auténtico secuestro y extorsión que se vende al mejor postor.

Yo tuve la fortuna de formar parte de un gremio, el periodístico, que actuó de inmediato y de forma contundente para atajar la infamia. Gracias al pronunciamiento de una multitud de colegas, en México y el Continente, se generó una presión mediática que volvió insostenible el caso. Mi gratitud para todas las personas que se solidarizaron con nosotros en las horas difíciles.

¿Qué sigue?
Lo que sigue es exigir a las autoridades que actúen contra la red de extorsión que intentó convertirme en su víctima. Exigir, sin descanso ni tregua, que las instituciones públicas recuperen el compromiso ciudadano que han perdido. Exigir, sin descanso ni tregua, que se restauren las garantías de respeto a la legalidad y el debido proceso que deben caracterizar la actuación de las instituciones de procuración y administración de justicia.

Lo que sigue es convocar a la comunidad a unirnos en torno a la lucha que requieren quienes, a diferencia mía, no han podido defenderse de la infamia y siguen en la cárcel a partir de acusaciones fabricadas artificialmente en su contra.

En pocas palabras, sigue redoblar los esfuerzos para asegurar que cese la impunidad en nuestro país.

Mi equipo jurídico está trabajando en la definición de las acciones legales concretas que vamos a iniciar en los días siguientes. Habremos de comunicarlas con oportunidad.

A T E N T A M E N T E
Armando Castilla Galindo
Director General de Vanguardia