Saltillo: Crece grupo de ciudadanos que denuncian despojo ilegal de vehículo

Saltillo
/ 15 octubre 2024

A las oficinas de la Fiscalía General de Coahuila acudieron a elevar su reclamo, señalan a presuntos abusadores y su modus operandi

Un grupo de personas que aseguran ser víctimas de abusos y arbitrariedades por parte de la Unidad de Atención Temprana de Robo de Vehículos, acudieron a la Fiscalía General de Coahuila a denunciar presuntas actuaciones ilegales por parte de una Ministerio Público y elementos policiales.

Los afectados acusan a la ministerio público Lucero Ramos, y a agentes policiacos adscritos a la citada unidad, de despojarlos de sus automóviles con lujo de violencia, argumentando reporte de robo.

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Se trata, aseguran los inconformes, de un patrón o modus operandi en el que los ministeriales detienen a las personas en la calle o van hasta sus domicilios en convoy policiaco para, con base en amenazas e intimidaciones, quitarles sus vehículos.

Asegura Aurora, la propietaria de una Jeep Grand Cherokee 2010 que le costó 115 mil pesos, que ministeriales de la FGE la amenazaron de muerte cuando intentó recobrar el vehículo que le habían retenido.

A decir de Aurora, cuando se presentó ante la ministerio público Lucero esta le dijo: “Yo no te voy a entregar nada, si le sigues moviendo te voy a meter al bote, porque tu camioneta trae piezas robadas, trae papeles falsos’. Me mandaron policías y me dijeron que si seguía afectando a Lucero iba a pasar a mejor vida y dejé de moverle; ya no regresé”.

Cabe señalar que en ninguno de los casos existe un reporte legal de hurto de los coches, denuncia formal, ni carpeta de investigación.

DA MUJER OTRO TESTIMONIO

“Ya me habían parado anteriormente los ministeriales y me habían dicho que el carro estaba muy bonito y que mejor lo vendiera”, afirma María Sánchez, a quien la FGE la despojó de un Cruze 2011.

Por versiones del grupo se sabe que una vez que los carros son decomisados e ingresados a los patios de la FGE, son utilizados por los ministeriales para efectuar operativos, o por funcionarios de la Fiscalía para uso personal.

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“Mi vehículo está siendo utilizado como patrulla. En la página oficial de la Fiscalía ellos promocionan que están haciendo verificación de vehículos en mi camioneta. Me la he topado en el súper, en la calle. Cómo es posible que un vehículo que está bajo investigación se esté usando como patrulla”, reclamó Baruc Zabla, a quien le aseguraron una Toyota Tacoma mexicana 2019 valuada en 750 mil pesos y sin reporte de robo.

Denuncian los quejosos que cuando acuden a la Unidad de Atención Temprana de Robo de Vehículos para reclamar sus autos, son tratados con prepotencia por la ministerio público Lucero Ramos, quien con malas palabras los corre de su oficina, advirtiéndoles que no les devolverá sus carros.

“Hablé con Lucero y me pidió que no peleara la camioneta, me quería quitar la factura ‘entrégame los papeles y no la pelees porque por mis güevos no te voy a regresar la camioneta’, hasta se ríen de ti y te dicen ‘no te la voy a entregar”, dijo Baruc Zabla.

Algunos de los propietarios acusaron a empleados de la fiscalía de alterar el número de serie de los vehículos y de colocar placas sobrepuestas en los coches decomisados, que policías y funcionarios traen circulando por la ciudad.

“A un amigo lo detuvieron afuera de su casa, le quitaron una camioneta Tremor 2022, que le costó un millón 200 mil pesos, y la estaban remarcando y no deben de hacer eso. Ellos alteraron los números de serie y a mi amigo le querían quitar la factura, pero él no se las quiso dar. Aquí te gritan que ‘ya no estés chingando, no te vamos a dar nada’, con puras maldiciones te tratan”, narró Fuat Zavala, otro de los afectados.

SON AMENAZANTES

Señalaron además que al momento de los decomisos, los ministeriales realizan detenciones fuera de la ley, toda vez que extorsionan a los propietarios de los vehículos para ponerlos en libertad cuando son encarcelados.

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A Blanca Alonso Arévalo, su esposo y sus niños los detuvieron a las afueras de un centro comercial y los despojaron de su camioneta Wick 2014 con valor de 110 mil pesos.

“Cuando los oficiales nos quitan la camioneta nos llevan a unas oficinas que son de secuestros, mis niños llorando. Nos quitaron los celulares y ahí nos tuvieron de 8:00 a 11:00 de la noche. Dijo uno de los oficiales ‘mi superior dice que te podemos dejar ir, pero que nos des 50 mil pesos y te vas con la camioneta, con la posibilidad de que te la quiten’.

“Le digo, ‘¿de dónde te doy esa cantidad’, dice, ‘bueno, dice que me des 15 mil y llévate a tu esposo y aquí déjame la camioneta’, le digo ‘no te la puedo dejar’. La camioneta se la quedaron. El policía nos dijo que era un paro para alguien grande que le gustaba la camioneta’”.

SON IGNORADOS

Y pese a que las víctimas ya han acudido a diferentes instancias, como Derechos Humanos, para denunciar el decomiso ilegal de sus carros, así como a abogados particulares, hasta ahora sus vehículos no les han sido regresados.

“Fuimos a Control de Garantías, ahí metimos abogados. Pudimos demostrar que la camioneta que me quitaron es de mi pertenencia. El juez falló a favor y a pesar de que el juez ordenó entregar esta camioneta, la licenciada Lucero dijo que no, que él no tiene la última determinación y no me la entregó.

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“En un segundo juicio me la entregaron sin placas, la camioneta traía placas, no se dónde están. El 12 de abril fue la licenciada Lucero a mi domicilio con más de 25 elementos, patrullas de varias corporaciones, amedrentando y asustando a mi familia, mis hijos llorando y me retira la camioneta con una orden de un juez”, narró Javier Díaz el dueño de una Lobo 2016 que cuesta casi 600 mil pesos.

Mayela Siller, otra víctima de aseguramiento ilegal de sus camioneta Mercedes Benz 2012 y que ahora se ha tomado el lugar de vocera y representante de los afectados, dijo que hasta ahora ha conocido alrededor de 70 casos de personas que han sido ilegalmente despojados de sus carros por empleados de la FGE.

Luego reiteró que llegará hasta las últimas consecuencias en este proceso legal para defender su caso y los de otras víctimas a las que les han arrebatado parte de su patrimonio familiar.

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