Corrupción e inseguridad, lastre de hasta 9% del PIB, afirman economistas

Ciudad de México. La Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana reafirmó su respaldo a la posición del Presidente de la República por la defensa y dignidad nacional y propuso acelerar las inversiones públicas y privadas en un contexto de transparencia, saneamiento de las finanzas públicas y combate a la corrupción, entre otros.

En su posicionamiento macroeconómico, la Federación destacó que la corrupción y la inseguridad han sido un lastre y una carga económica para los mexicanos, estimada entre el 7 y el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), esto es cinco veces mayor al promedio que registran los países de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Es imperativo implementar todas las medidas posibles para erradicarlas permanentemente, por eso proponemos eliminar el fuero legislativo que las fuerzas abocadas al orden y a la delincuencia de todo tipo tengan la infraestructura y recursos para combatirla con inteligencia”.

En el orden local, agregó, y por los múltiples casos de alta corrupción en varias entidades federativas es imperativo fijar sanciones fiscales a quienes no cumplan con la implementación de sus métodos anti-corrupción. Subrayó como condición la máxima transparencia en el origen, en el ejercicio y evaluación de los recursos públicos para que inhiban esta práctica.

Reconoció que la relación ya no será la misma en los siguientes cuatro años, pues el comercio entre México y Estados Unidos superaba los 500 millones de dólares en años recientes según la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por tanto habrá que analizar qué se está haciendo en materia de política industrial en nuestro país y redefinir las cadenas de valor que permitan volver a generar economía desde adentro (tan sólo en octubre 2016 los gastos en bienes y servicios de origen nacional crecieron 3 por ciento, y los de origen extranjero retrocedieron 3 por ciento, según Inegi).

Para que México alcance el crecimiento sostenible, añadió, se debe contar con al menos 6 refinerías de nueva generación en México y otra más en Estados Unidos (que juntas podrían tener una capacidad de 1 millón 540 mil barriles diarios, ligeramente por debajo de la suma de las 3 refinerías estadounidenses con mayor capacidad.

También se debe incrementar el desarrollo de vías terrestres prioritarias (tren México-Querétaro y tren Mérida-Cancún, entre otros); la modernización de los puertos (Mazatlán, Progreso, Veracruz y Tampico, entre otros); aeropuertos nacionales e internacionales (Puebla, Bajío y centros turísticos e industriales); así como impulsar el Proyecto Transoceánico del Istmo de Tehuantepec en el sureste del país.

Para ello, es necesario atraer inversiones más diversificadas (en 2015 más del 52 por ciento de la Inversión Extranjera Directa provenía de Estados Unidos), e impulsar la modalidad de asociación pública privada y la emisión de Certificados de Infraestructura para México a largo plazo, en pesos, los cuales podrán ser adquiridos por el público en general e inversionistas, además de institucionales (afores, fondos de inversión y aseguradoras).

Planteó también atender las propuestas del Fondo Monetario Internacional en relación a establecer el Consejo Fiscal Independiente, para evitar que la deuda aumente (la deuda en 2016 fue mayor al 50 por ciento del PIB).

“Demandamos que el IEPS sea etiquetado hacía gasto de inversión y en el desarrollo de energías alternas, y no se utilice en gasto corriente. Este impuesto tuvo un crecimiento de 17 por ciento en el periodo de enero a noviembre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda”.

Además propuso la permanente evaluación de los programas presupuestarios que permitan priorizar adecuadamente el gasto público evitando duplicidades y la existencia de proyectos con bajos o nulos impactos en la ciudadanía, así como la reducción de aportaciones a los partidos políticos y la disminución del número de legisladores plurinominales, que actualmente nos convierten en el quinto país con más congresistas en el mundo y el primero en América Latina. Adicionalmente, desde el año 2000 hay un incremento de más de 50 por ciento en el financiamiento de los partidos políticos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral.