Creciente debilidad fiscal federal terminará por impactar en calidad de vida de mexicanos, advierten

Pese a la relativa alza de los recursos tributarios en los últimos años, la baja en los ingresos petroleros y los crecientes apoyos a Pemex no han podido ser compensados, lo que ha llevado al Gobierno a realizar ajustes en el gasto público que han tenido consecuencias directas en la calidad de vida de la ciudadanía.

Desde el 2023 y en las proyecciones hacia 2024, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil han expresado una creciente preocupación sobre la gestión fiscal del Gobierno federal, señalando un panorama que podría comprometer no solo la estabilidad económica del país, sino también los derechos fundamentales de sus ciudadanos, como la salud, la educación o la seguridad.

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Esta alerta crítica surge de una coalición de voces autorizadas: México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México ¿Cómo Vamos?

Pero no solo se trata de la baja recaudación, también señalan la escasa o nula planeación en la aplicación de los recursos y, sobre todo, el creciente endeudamiento , el cual podría volverse insostenible en el mediano plazo.

Adicionalmente, por primera vez el gasto federalizado -a bolsa de recursos que se transfiere a gobiernos locales- decrece conforme avanza el sexenio.

En el 2023 los ingresos crecieron, pero no lo suficiente: al cierre del año pasado, los ingresos del sector público llegaron a 7.04 billones de pesos, un aumento de 1% (71 mil millones de pesos -mmdp) en términos reales, frente a lo logrado en 2022, pero se quedaron 1.2% (84 mmdp) por debajo de la meta: el segundo mayor retraso del sexenio. De hecho, en los últimos 20 años, solo en 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19, los ingresos totales se habían quedado por debajo del objetivo en 3.3% (221 mmdp).

YA NO DEJA EL PETRÓLEO

El año pasado, los ingresos petroleros sumaron 1.08 billones de pesos en 2023, 31% (484 mmdp) menos que en 2022, lo que representa el segundo menor monto en los últimos 15 años. Detrás de la caída está la reducción del precio del petróleo y la apreciación del tipo de cambio, pero también el estancamiento de la producción de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex). De estos ingresos sólo el 32% le correspondió a la Federación -la menor proporción registrada desde el año 2000-, debido a la reducción de la carga fiscal de Pemex.

No existe un plan para sustituir la caída de los ingresos petroleros. En lo que va del sexenio, se acumula una caída de 14.5% (183 mmdp) de los ingresos petroleros, que se suma a la disminución de 44.4% (1 billón) registrada durante el sexenio del presidente Peña Nieto.

De esta forma, las finanzas públicas se han “despetrolizado” aceleradamente: al cierre del sexenio del presidente Fox el 40% de los ingresos provenían del petróleo; al término de la gestión del presidente Calderón la proporción era de 39%, y con Peña Nieto, de 19 por ciento.

La reducción de la tasa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) que el Gobierno está obligado a cobrar a Pemex también ha contribuido a debilitar los ingresos petroleros que financian el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), decisiones tomadas de manera discrecional sin consultar al Congreso.

Tan sólo por transferencias financieras, Pemex ha recibido, entre enero de 2019 y septiembre de 2023, 993 mmdp, y por la reducción del DUC, 457 mmdp. Pese a este esfuerzo fiscal de parte del Gobierno, la empresa no ha mejorado su situación patrimonial: durante el sexenio del presidente Peña Nieto por cada peso de activos, la empresa tenía pasivos de un peso con 50 centavos. Con AMLO, al cierre de 2022, por cada peso de activos se contaba con pasivos de 2 pesos y al tercer trimestre de 2023 por cada peso de activos había pasivos de 1 peso con 70 centavos.

Este debilitamiento obligará al Gobierno a seguir otorgándole recursos vía aportaciones de capital o estímulos fiscales, lo que disminuirá los recursos disponibles para proveer bienes y servicios en áreas como salud, educación y seguridad pública.

SEGUIR APRETANDO EL CINTURÓN

Ante los menores ingresos públicos, se han aplicado recortes discrecionales al gasto público, vulnerando las oportunidades de desarrollo de las familias y la calidad de vida de la población

Como reacción a la menor recaudación respecto de lo anticipado, el Gobierno recortó el gasto programado. Al cierre de diciembre de 2023, el gasto neto del sector público llegó a 8.1 billones de pesos, un incremento de 1.8% (147 mmdp) frente a 2022, o de 13% (911 mmdp) respecto de 2018, pero se quedó corto respecto al alza programada de 2.2% (180.8 mmdp).

Las medidas de austeridad fueron aplicadas sin planeación entre las distintas dependencias y organismos públicos, y sin considerar las necesidades de la población ni las afectaciones que pudieran tener en la calidad de nuestra democracia.

Uno de los sectores más perjudicados fue el gasto funcional en salud, el cual ascendió a 808 mmdp en 2023, una caída de 3.4% (28 mmdp) frente al ejercido en 2022. La razón del retroceso es que los distintos sistemas del sector público federal dejaron de gastar en su conjunto 6.9% o 60 mmdp de los 868.1 mmdp aprobados para el año. Se trata del mayor recorte al gasto en salud registrado en los últimos 20 años tanto en porcentaje como en magnitud total, dejando sin servicios de salud a millones de personas.

Además, en 2023 el gasto federalizado fue de 2.4 billones de pesos, 2.8% (69 mmdp) menos que en 2018, mientras que la inversión física sufrió en 2023 un recorte de 10.2% (100 mmdp) frente a 2022 y se colocó en 886 mmdp.

DEUDA IMPARABLE... E IMPAGABLE

Las voces de los expertos y de las ONG advierten que pese a estas medidas discrecionales de austeridad, no se garantiza la estabilidad fiscal.

Al cierre de 2023, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) o deuda ascendieron a 1.36 billones de pesos o 4.3 % del PIB, lo que representó un crecimiento anual de 1.2% (16.2 mmdp) en términos reales. Sin embargo, frente al cierre del sexenio pasado (2018), cuando el endeudamiento ascendió a 2.1% del PIB, se observa un aumento real de 104% (696 mmdp). Es decir, el ritmo de endeudamiento ha duplicado su tasa.

El problema con el gran endeudamiento es el pago de intereses que resta recursos para otras áreas del gasto. En 2023, el servicio de la deuda rompió el techo del billón de pesos y llegó a un máximo no visto desde la década de los 90, al representar 3.3% del PIB. Para dar una idea de la magnitud con la que cerró el costo financiero de la deuda en 2023, este representó el 97% de los ingresos petroleros del sector público.

Y para 2024 el problema empeorará. El endeudamiento aprobado para 2024 por 5.4% del PIB obligará a las siguientes generaciones a pagar esa deuda, limitando la disponibilidad de recursos para garantizar derechos como la salud, la educación, la seguridad, los cuidados, el desarrollo de las infancias, entre otros.

Para finalizar, los expertos llaman a contar con una estrategia sostenible y rentable para Pemex, pues de continuar con la misma estrategia México puede correr el riesgo de perder en términos de finanzas públicas, con implicaciones para el acceso al crédito del país y la colocación de deuda en el futuro.