Crisis migratoria: en la carrera presidencial, nadie le atora

El 18 de diciembre de 2014, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley 113-278, a la que el gobierno de Barack Obama bautizó como “Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil en Venezuela”. Diseñada para impactar al sector petrolero, que significaba 95 por ciento de las exportaciones del régimen de Nicolas Maduro, la ley derivó en siete órdenes presidenciales entre marzo de 2015 y agosto de 2019, que terminaron por generar una crisis humana entre cuyos saldos se cuenta el éxodo de unos ocho millones de venezolanos.

El espectro de la devastación en Venezuela no es único en la región. Países como Nicaragua, Honduras o Haití viven bajo gobiernos totalitarios, envueltos por la miseria y la violencia, los grandes detonantes de las olas migratorias que atraviesan México desde 2017. Contrario a lo que se veía antes, en las caravanas van ahora familias completas, infantes, mujeres y hombres mayoritariamente jóvenes, menores a los 33 años. La dimensión de la crisis puede verse en tres registros, como los nueve millones del primer trimestre de 2022, los siete y medio millones de enero de 2023 o las 10 mil detenciones diarias efectuadas por agentes estadounidenses a lo largo de la frontera con México en diciembre pasado.

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En octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reunió a un puñado de líderes latinoamericanos en Palenque para desarrollar fórmulas que den solución al origen de la expulsión. Maduro fue uno de ellos y ahí se refirió al boicot impuesto por los Estados Unidos. Se trata, dijo “de medidas criminales, inmorales, extorsionistas, torturantes” que, de levantarse, revertirían el drama venezonalo en cosa de un año. Lo dicho en la cumbre quedó para la anécdota, puesto que el principal aludido no fue partícipe. La diáspora en Venezuela alcanza los 7.7 millones, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), equivalente a la cuarta arte de su población actual.

López Obrador ha insistido en que solo un programa de inversión de los Estados Unidos contribuirá a retornar la estabilidad en los países expulsores. Pero la idea se resbala en la clase política de ese país, que desde las presidenciales de 2016 hizo del tema migratorio parte principal del debate interno. Este año, los estadounidenses habrán de elegir presidente. Todo indica que la contienda se dará entre Joe Biden, quien busca la reeleción, y el expresidente Donald Trump, quien ha barrido en el primero de los caucus, llevando a decibelios mayores el discurso antiinmigrante.

En México, que se apresta para las elecciones más numerosas de su historia, la crisis obliga no solo a incluir perspectivas y soluciones probables entre quienes aspiran a gobernar, sino a la anticipación de estrategias convenientes al país y no a las demandas que pudieran surgir de su vecino del norte. Dentro del panorama interior, el tránsito de millones de migrantes constituye una amenaza real. El traslado de personas, lo mismo que el secuestro y la extorsión de las que son víctimas, alimenta la red criminal de la que forman parte no solo grupos de la delincuencia organizada, sino a elementos de seguridad, políticos y funcionarios públicos, lo que diluye la esencia del Estado mismo.

Durante tres décadas, dice Armando Sánchez Barragán, investigador de migraciones internacionales y procesos políticos de Estado (UAM-Azcapotzalco), la población en los países del área se ha visto vulnerada gracias a la aplicación de políticas neoliberales. La consecuencia inmediata se refleja en la degradación de los sistemas de salud, de educación y en el ámbito laboral, lo que invariablemente termina por desatar miseria, violencia y crimen.

“Hablamos de problemas estructurales, de instituciones públicas que no cumplen con sus obligaciones y desatienden a vastos sectores de la población. No se cumplen objetivos económicos y sociales, solo se favorece a los grandes capitales extranjeros, a las grandes transnacionales y eso solo se logra mediante la modificación de las leyes que permiten el control fiscal de las financieras internacionales. Es lo que hemos visto en buena parte de los países de la región”, explica.

EL ÁNIMO BINACIONAL

Durante 2022, Greg Abbott, el gobernador de Texas, pasó del discurso encendido a la operación que mejor le pareció: enviar autobuses llenos de migrantes a las calles y zonas residenciales de políticos Demócratas en Washington D.C., Nueva York y Chicago. Texas, un estado bajo dominio político del partido Republicano, es una de las entidades en donde el paso de las hordas de migrantes indocumentados desata la xenofobia. Más allá de ánimos personales, lo del gobernador Abbott encuentra razón en el frío cálculo de la política, de ahí que el objetivo de sus envíos humanos sean ciudades y códigos postales bajo tutela de sus adversarios. Pero también lo ha hecho con México. En venganza o como medida de presión, ha dilatado el cruce de mercancías y particulares por los puentes internacionales.

El gobernador ha logrado algo más que un golpe efectista, ha provocado pérdidas millonarias en la cadena de comercio entre ambos países, y permeado a uno y otro lado de la frontera con sus ideas. Aún así, el presidente López Obrador ha reducido todo a simples “actos de politiquería”.

“Se ha creado una cultura política en cierta parte de la sociedad mexicana, sobre todo en las clases medias, en el que la xenofobia es efervescente; hay rechazo y discriminación hacia los migrantes, a quienes desde algunos medios de comunicación y sectores privados se les trata no solo como ilegales, sino violentos, ladrones, etcétera”, observa Sánchez Barragán. “Por otro lado, el clima de restricción, de ilegalidad a la que se confina a los trabajadores migrantes provenientes de Sudamérica, Centroamérica, de las Antillas, favorece al crimen organizado y esto ya es un problema político que involucra a los gobiernos estatales, municipales y federales, que se hacen de la vista gorda”.

La presión ejercida por Estados Unidos ha generado de este lado un divorcio notable entre discurso y realidad. La proclama de apertura y respeto a los derechos de las personas en tránsito o en busca de refugio tiene un reverso de persecución y detención en el que ahora intervienen la Guardia Nacional y el Ejército, institución esta última, a la que los migrantes tenían confianza.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una apertura hacia el ingreso y la regularización de las personas migrantes extranjeras en este país, sin embargo me parece que esa pronta apertura y esa pronta política migratoria de puertas abiertas no fue, no estuvo bien orientada, porque lo que se hizo fue empujar a las personas de forma figurada hacia la frontera norte de México, y colapsarla”, dice Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo. “Lo que vino y que pudimos observar después, fueron las negociaciones entre Migración, entre Gobernación y el Departamento de Estado de Estados Unidos, que terminaron con un recrudecimiento de la detención de personas migrantes. Desgraciadamente se retomó la política que ha imperado en este país”.

EL FANTASMA ELECTORAL

El 2023 fue el año más crítico del fenómeno. Migrantes con un promedio de 24 años, mujeres y hombres, algunos con niñas y niños a cuestas, con huellas del maltrato y miedo evidente, colmaron el albergue que dirige Xicoténcatl. Con 10 mil 500 en total, rebasaron por dos el registro del año anterior. El drama de su travesía ha sido contado hasta el cansancio, incluida la colusión de los cuerpos de seguridad, de los políticos locales y de cómo, a contrapelo del discurso institucional, nadie dentro del sector público o privado hizo válido el documento que dotaba de legalidad su travesía. Invariablemente les fue negado hospedaje y transporte. “Cuando una persona migrante o una persona refugiada no puede transitar por las vías legales, lo va a tener que hacer por las vías ilegales”, dice el director de la Casa del Migrante de Saltillo. “Fue lo que vimos tanto aquí en Coahuila como el Tamaulipas”.

Una lógica deductiva que explica el potente negocio de la amenaza, el secuestro, extorsión y muerte de las personas en tránsito.

“El discurso a favor de los migrantes, a favor de los derechos humanos, queda debilitado frente al peso de la realidad, que es el de los intereses económicos y políticos que rodean el negocio”, coincide Sánchez Albarrán, el investigador de la UAM. “Efectivamente, hay un discurso por parte del presidente López Obrador que insiste en crear condiciones más favorables en la región, y que contradice el creciente discurso xenofóbico en los Estados Unidos, pero debe aceptarse que el Ejército, la Guardia Nacional y los cuerpos de seguridad en general participan de esta violencia. México es un embudo geográfico que genera todo un sistema, una empresa transnacional de crimen organizado”.

La crisis migratoria, tocada hasta ahora solo por las dos futuras candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum de Morena y Xóchitl Gálvez del bloque opositor compuesto por el PAN, PRI y PRD, está lejos de adentrarse en aguas profundas.

En un spot del 27 de diciembre, Gálvez se valió de los migrantes para apuntalar una crítica al gobierno de la 4T. Nada más. “Ellos solo buscan escapar de la violencia, la miseria y los malos gobiernos que acaban con sus sueños. En migración ocurre lo mismo que con la inseguridad y el narcotráfico. Estados Unidos no puede solo y México tampoco”.

El año inició con la noticia de 32 migrantes secuestrados en la frontera de Tamaulipas. Horas más tarde se les dejó en libertad. El 4 de enero Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema durante un acto de precampaña en Monterrey. “Como dice el presidente (Joe) Biden, la gente no migra por gusto sino migra por necesidad, y la única manera de resolver el problema de la migración es invertir y que se generen condiciones de vida dignas en los lugares donde las personas están migrando, (justo) lo que ha dicho el presidente de la República”, dijo.

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El año pasado cerró con 141 mil solicitudes de refugio en México, de acuerdo con datos de la Comar. El país dejó de ser solo un trampolín hacia Estados Unidos, pero está lejos de poseer infraestructura y capacidad para encarar el nuevo estatus. Requerirá de políticas públicas afines, pero de ello no se habla en la carrera presidencial.

“Desde el aspecto de la seguridad, del fortalecimiento social y económico, las personas migrantes deberían ser parte de la agenda electoral del 2024”, dice Alberto Xicoténcatl. “Pero seguimos sujetos a los lineamientos norteamericanos que son de persecución y de detención. Me parece que hay pocas posibilidades de tener un discurso apropiado y un compromiso de garantía de los derechos de las personas migrantes en México. La manera en que se está llevando la política y la manera en cómo se tendrá que llevar, hace difícil que escuchemos algún pronunciamiento profundo de las candidatas y del candidato; más bien lo que están haciendo es intentar contener y evitar que este tema sea parte del debate y la propuesta de una política pública”.