Ecuador: el nuevo modelo del ‘narcoterror’ latinoamericano

En julio de 2009 Estados Unidos anunció el retiro de sus tropas de la base militar de Manta, en las costas del pacífico del Ecuador. Las tropas se habían asentado ahí una década antes, tras un acuerdo signado entre los dos países que habría de renovase cada 10 años. El arribo coincidió con el comienzo del Plan Colombia.

En teoría, la base militar fue diseñada para efectuar vigilancia y combate a los cárteles colombianos de la droga así como de la insurgencia, dominada entonces por las FARC, la organización paramilitar que devino en una de las principales redes del tráfico de cocaína. El mismo 2009, Rafael Correa fue reelecto presidente de Ecuador y en su nuevo plan de gobierno había anunciado la cancelación del acuerdo.

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Correa tenía un punto favorable: el país estaba ajeno al terror en el que se hallaba sumido Colombia, y el estamento militar en todo caso violaba la soberanía nacional. En contra, el presidente se vio envuelto en un escándalo después de que un ex miembro de las FARC sostuvo que la guerrilla financió parte de su campaña.

Los militares estadounidenses de la base Manta presumiblemente fueron parte de la Operación Fénix, como se llamó al ataque aéreo en la Angostura -una región de la selva ecuatoriana- en la que murió el líder guerrillero Raúl Reyes (Marzo 2008). La decisión de Correa para no renovar el acuerdo con los Estados Unidos, tenía entonces un carácter político ligado a su relación con las FARC.

Como sea, Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017, redujo el índice de criminalidad hasta dejarlo en una media de 5.6 por cada 100 mil habitantes, lo que convirtió a Ecuador en uno de los países más seguros del continente. De acuerdo con sus mismas declaraciones, ello fue posible debido a la política social implementada en su mandato. Aún así, algunos analistas ven en la retirada de los militares estadounidenses el génesis de la ola terrorista ejercida por grupos de narcotraficantes que, luego de tres años, alcanzó el punto de crisis mayor el 9 de enero.

A Correa lo relevó en el cargo Lenin Moreno, quien fue su vicepresidente. Apenas inició su mandato, Moreno dio marcha atrás al gobierno socialista de su antecesor e implementó un gobierno de franco acento neoliberal. Adelgazo la estructura del Estado y con ello no solo perdió el control de los sistemas de justicia y penitenciario, sino que debilitó al educativo y sanitario, y dejó en condiciones de alta fragilidad a los jóvenes. Entre su gobierno y el de su sucesor, Guillermo Lasso, un capitalista mayor, el país se convirtió en el más violento del conteinente, por encima de Brasil y México, con una tasa de 46 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Lasso no fue capaz de terminar su mandato. El país le estalló en las manos. En 2023 se realizaron elecciones presidenciales y en la fase final de las campañas uno de los 20 grupos de narcotraficantes nacidos en los años recientes asesinó al periodista y político Fernando Villavicencio, candidato presidencial por Movimiento Construye, y principal crítico del sistema criminal que atenaza a Ecuador.

Las elecciones terminó ganándolas Daniel Noboa, miembro de la familia con mayor fortuna del país. Con 35 años, Noboa quiso poner freno al terror desatado por los grupos criminales y anunció una serie de medidas drásticas, al estilo de Nayib Bukele, el controvertido presidente de El Salvador, que de inicio planteaban la dispersión de los líderes delictivos de los centros penitenciarios, anunciado de paso la creación de prisiones en altamar. Como respuesta, dos de esos líderes criminales se fugaron de las cárceles y uno de ellos, Adolfo Macías, alias “Fito”, el capo de “Los Choneros”, habría iniciado el caos en las principales ciudades del país. Pero fue la irrupción de una célula armada a la estación de la cadena TC Televisión, en Guayaquil, la que escandalizó al mundo.

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A juzgar por la torpeza y las armas que portaba la célula, lo de Ecuador habla más de una explosiva y violenta microcriminalidad y no de organizaciones estructuradas para hacer frente a las instituciones del Estado. Dan cuenta, eso sí, de la enorme corrupción pública y militar que permitió alianzas de esos grupos pequeños con redes de mayor poderío, como las que operan en Colombia y México, Oceanía y Europa, que terminaron por utilizar los siete puertos marítimos para los envíos de cocaína ante la laxitud del propio gobierno.

El nuevo presiente sigue en lo suyo y ha decretado un Estado de Guerra, lo que abre las puertas a la violación masiva de derechos humanos y convierte a las instituciones en objetivo de estos grupos criminales. La tentación del ejercicio represor al estilo Bukele está más que vigente no solo en Ecuador, sino en buena parte de los países de la región. Y al final, aquella expulsión de los militares de la base de Manta, sirvió de nada a la idea soberana de Correa: Estados Unidos anunció el envío del Comando Sur y de altos funcionarios antinarco para asesor a Noboa. La suerte en manos extranjeras.