En la acusación contra Trump, Jack Smith, el fiscal especial, trata de evitar peleas que distraigan la atención

Florida- Jonathan Goodman, el juez magistrado a cargo del auto de instrucción de Donald Trump, repitió el procedimiento el martes, cuando el Departamento de Justicia le ofreció al expresidente un acuerdo de fianza que no solo era indulgente, sino que casi no le imponía ninguna restricción.

Jack Smith, el abogado especial que supervisa el proceso por parte del departamento, optó por no solicitar las condiciones que suelen imponerse a otros acusados que desean quedar en libertad, como fianzas en efectivo, limitaciones a los viajes nacionales o la entrega del pasaporte.

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Pero Goodman, encargado de llegar a un acuerdo sobre la fianza durante una comparecencia de un día en el caso, no estaba del todo de acuerdo. Sugirió que se obligara a Trump a “evitar todo contacto con coacusados, víctimas y testigos, salvo a través de un abogado”. David Harbach, subordinado de Smith, se unió a los abogados de Trump para oponerse a esa idea, pero el juez impuso una versión de todos modos.

La primera contienda judicial en el caso Estados Unidos contra Donald J. Trump subrayó los peligros judiciales a los que se enfrenta el exmandatario y su determinación de convertir la acusación en la pieza central de una campaña presidencial para 2024 alimentada por el agravio y la venganza.

También proporcionó información reveladora sobre la actitud complaciente adoptada por Smith y su equipo: una estrategia agresiva y acelerada de enjuiciamiento combinada con una postura claramente respetuosa hacia el acusado.

A decir de personas con conocimiento, la decisión de Smith de no exigir ninguna condición en el auto de instrucción reflejó la creencia de que los fiscales deberían evitar perjudicar la capacidad de Trump para hacer campaña. También tenía el propósito de evadir elementos que pudieran distraer del caso centrado en pruebas concretas sobre el manejo de documentos clasificados por parte del expresidente y los esfuerzos para obstruir los intentos del gobierno por recuperarlos.

Esta estrategia también parece tener en cuenta las sensibilidades políticas creadas por años de protestas, y desinformación, de los republicanos sobre investigaciones previas relacionadas con Trump por parte del Departamento de Justicia y el FBI.

“El enjuiciamiento de un expresidente y actual contrincante político del presidente Biden sin duda genera una enorme tensión política y se produce en el contexto de acciones previas del Departamento de Justicia contra Trump marcadas por el error y el exceso”, comentó Jack Goldsmith, profesor de Derecho de la Universidad de Harvard y ex subprocurador general.

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“Trump y sus aliados harán todo lo posible por satanizar el proceso al calificarlo de injusto”, agregó. “Es comprensible que Smith, quien, de manera evidente, tiene la ley de su lado, haga todo lo posible para evitar elevar más la temperatura del asunto”, afirmó.

Hay otros indicios de que Smith, que el martes se sentó unos metros detrás de Harbach en la sala, siguiendo atentamente los intercambios con el juez, parece decidido a evitar confrontaciones innecesarias.

En la acusación no se mencionaba un posible cargo que figuraba en la declaración jurada que el Departamento de Justicia presentó para obtener una orden de registro de Mar-a-Lago el verano pasado: el artículo 2071 del código penal federal, que prohíbe ocultar y manipular indebidamente documentos confidenciales del gobierno.

Fue el único delito que podría haber afectado de forma directa la candidatura presidencial de Trump en 2024, ya que estipula que cualquiera que sea condenado por ello “perderá su cargo y será inhabilitado para ocupar cualquier cargo público en Estados Unidos”.

Muchos juristas creen que la disposición es inconstitucional y que, en última instancia, habría sido anulada si se hubiera impuesto a Trump. Pero el equipo de Smith eludió la cuestión por completo, al dejarla fuera de su acusación formal compuesta por 37 cargos sobre un artículo de la Ley de Espionaje que impone una pena de prisión, pero ninguna restricción para ocupar un cargo público.

“Me parece muy inteligente no haber incluido ese cargo”, dijo John P. Fishwick Jr., quien fue fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Virginia de 2015 a 2017. “Hace que esto tenga mucho menos que ver con la política. Se trata de la evidencia, no de retirarlo del cargo”, añadió.

El fiscal especial ya hizo lo que ningún fiscal había hecho antes, acusar a un expresidente de retener ilegalmente documentos de seguridad nacional y confabularse con su asistente personal para obstruir a los investigadores. Además, no ha vacilado para asegurarse de que algunas de las pruebas más contundentes (incluidas fotografías de cajas apiladas en un baño de Mar-a-Lago y de documentos ultrasecretos esparcidos por el suelo de un almacén) se hicieran públicas.

Sin embargo, el equipo de Smith también se ha esforzado por evitar exponer al expresidente a situaciones embarazosas o inconvenientes de manera innecesaria, como demuestra su actitud deferente en la instrucción de cargos de Trump y su coacusado, Walt Nauta.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, una división del Departamento de Justicia responsable de la aplicación de la ley en los tribunales federales, adoptó una actitud similar. Ficharon a Trump con rapidez y discreción en una oficina del juzgado, registraron sus huellas electrónicamente, pero se abstuvieron de hacer una ficha policial “porque hay bastantes fotografías de él” para elegir, según un funcionario de las fuerzas de seguridad federales que informó a los periodistas después.

La decisión de Smith de evitar la imposición de condiciones previas estrictas para la liberación de Trump parece formar parte de una estrategia más amplia para evitar luchas secundarias que pudieran complicar los esfuerzos para obtener una condena, según funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Justicia.

Al no presionar para limitar el contacto entre Trump y los posibles testigos que también son sus asistentes y otros empleados o asesores y abogados, los fiscales buscaban minimizar el potencial de cualquier violación de esas restricciones que pudieran interrumpir sus esfuerzos por mantener el juicio centrado en los cargos principales que involucran secretos de seguridad nacional y obstrucción.

“Imagino que esta es la razón por la que no insistieron en las restricciones de viaje o incluso en una orden de mordaza”, explicó Barbara L. McQuade, exfiscal federal del Distrito Este de Míchigan de 2010 a 2017.

Las personas allegadas al caso también tienen la sensación de que buena parte de la evidencia necesaria para condenar a los acusados, en forma de mensajes de texto, fotografías, grabaciones de cámaras, testimonios jurados y las notas detalladas de M. Evan Corcoran, un abogado de Trump, ya está en el expediente, lo que hace que un enfrentamiento por los testigos sea una distracción costosa con pocos beneficios.

“Las órdenes de no contacto son rutinarias, incluso en casos en los que no tienes un acusado, como Trump, que haya intentado influir en los testigos”, aseveró Mary McCord, quien fue alta funcionaria de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia. “Pero en este caso, Jack Smith ya tiene buena parte de lo que necesita, por lo que parece estar evitando una pelea que pudiera retrasar todo el proceso”. c.2023 The New York Times Company.

Por Glenn Thrush The New York Times.