Energy Transfer vs Greenpeace, un juicio de 300 mdd que pone en peligro organización ecologista en EU

DAKOTA- ET, empresa que se dedica al transporte de gas natural y propano, reclama a Greenpeace los daños provocados por instigar a las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 en contra de la construcción del oleoducto Dakota Access, en el norte de Estados Unidos.

Derivado de las protestas, el Gobierno de Barack Obama tomó la decisión de suspender las obras de este proyecto debido a los posibles efectos medioambientales adversos. No obstante, en 2017, tras el arribo por primera vez a la Casa Blanca Donald Trump firmó una orden ejecutiva para dar luz verde a su construcción.

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De este modo, ahora ET exige a Greenpeace pague por los daños que fueron originados por presuntamente haber organizado aquella ola de manifestaciones.

GREENPEACE NIEGA LAS ACUSACIONES

Por su parte, la organización ecologista rechaza dichas acusaciones y argumente que “lo único que hizo fue apoyar una protesta encabezada por las tribus sioux en defensa de su territorio”, explicó a la Agencia de Noticias EFE su asesora jurídica en España, Inés Díez.

”Evidentemente estamos muy preocupados. Esta es probablemente la demanda más seria que enfrenta, desde luego, Greenpeace y probablemente cualquier organización social”, precisa Díez.

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Como consecuencia de los 300 millones de dólares que exige ET a la organización ecologista, cuyo fundador y CEO, Kelcy Warren además de ser es uno de los donantes de Trump, está en peligro la continuidad de la oficina de Greenpeace en Estados Unidos.

Así mismo, esto podría considerarse una limitación “todavía mayor” del derecho a la libertad de protesta, de manifestación y de opinión, alega la organización ecologista.

”Esto se podría convertir en un arma en manos de las grandes corporaciones, como un intento de silenciar no solamente al movimiento ecologista, sino a cualquier movimiento o persona que pueda protestar contra lo que están haciendo. Es una forma de callar a las organizaciones sociales y a todo aquel que apoya los derechos humanos”, explica Díez.

Este caso, entre Energy Transfer vs Greenpeace, se ha tomado como un ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), que es un tipo de litigio civil que es cada vez más usado por corporaciones, políticos y otros grupos considerados poderosos en contra de activistas, opositores o periodistas, entre otros.

En el caso de Greenpeace, encausan acciones judiciales como la de la petrolera ENI en contra de su oficina en Italia o la demanda multimillonaria que Shell terminó retirando contra ellos en el Reino Unido así como la que enfrentó a la organización con TotalEnergies en Francia, en donde la justicia le dio la razón a los ecologistas.

EN 2024, la Unión Europea aprobó una ley anti-SLAPP que tiene como propósito proteger a periodistas y activistas contra posibles demandas abusivas con el fin de silenciarlos.

Sin embargo, con el arribo de Trump a la Casa Blanca por segunda vez, la organización ecologista teme que este tipo de demandas termine por ganar fuerza.

”El derecho a la protesta estaba en peligro antes de la llegada de Trump. En este momento está prácticamente moribundo”, precisa Díez, haciendo referencia que plataformas tales como Meta han relajado sus políticas contra el discurso del odio.

Por lo que la portavoz de Greenpeace afirma que, no obstante a que el juicio concluya con la desaparición de la oficina en Estados Unidos, ellos van a continuar allí.

”Lo que no vamos a hacer es desaparecer las personas, no nos van a callar (...) Porque más allá de lo que suceda con la organización, seguiremos estando presentes”, concluye Díez.

Con información de la Agencia EFE.