Estos son los puntos clave del primer informe del Vaticano contra los abusos a menores dado a conocer hoy

CIUDAD DEL VATICANO- La Iglesia católica debe dar mayor transparencia y agilizar los procesos civiles y canónicos por casos de abuso, instó este martes la comisión creada por el papa Francisco para la Protección de los Menores en su primer informe anual.

El documento, que ha analizado un total de veinte países y varias instituciones y congregaciones religiosas, concluye con la necesidad de “promover un mejor acceso de las víctimas” a las informaciones que necesiten para “afrontar el problema de la opacidad”.

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Asimismo, el texto aboga por “agilizar y acelerar los procesos de dimisión” de responsables eclesiásticos.

El Vaticano ha dado a conocer este martes el primer Informe Anual “sobre las políticas y procedimientos de tutela en la Iglesia” realizado por la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores creada en 2014 por el papa Francisco en su lucha contra la lacra de los abusos, que ha salpicado a la Iglesia en todo el mundo.

Se trata de un documento piloto en el que la Comisión analiza los casos de los países cuyos obispados han acudido en 2023 a Roma en visita ‘ad limina’, el viaje que deben hacer a la Santa Sede cada cinco años, entre estos los de Colombia y México.

Entre las observaciones más destacadas, el informe reconoce “el derecho de cada ciudadano a acceder a cualquier información que le afecte”, también en los casos de abuso, y también se apunta la “necesidad” de estudiar políticas de “indemnización” a las víctimas.

Asimismo, se recomienda «consolidar y aclarar» las competencias de cada dicasterio -”ministerio”- de la Curia Romana para “garantizar una gestión eficiente, rápida y rigurosa” de cada posible caso de abuso que llegue a las estancias de la Santa Sede.

El documento admite que para las “víctimas y supervivientes” los “procesos civiles y canónicos pueden ser difíciles, lentos e incluso fuente de una continua victimización” por lo que recomienda agilizarlo porque, subraya, «la justicia no puede darse a costa de mayores traumas».

El informe repasa la legislación puesta en marcha por los últimos tres papas, desde los primeros cambios en el Código de Derecho Canónico de Juan Pablo II en 1983 hasta las últimas medidas de Francisco, como la obligación de denuncia amparada en su ‘motu proprio’ de 2023 ‘Vos estis lux mundi’.

Con ese contexto, además de analizar las luces y sombras de la gestión de los abusos en las iglesias locales del planeta, también se adentra en instituciones importantes del Vaticano.

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Por ejemplo señala varios “desafíos” para el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que canaliza los juicios canónicos sobre este tipo de delitos, como «la necesidad de evitar procesos largos».

Asimismo reconoce “la complejidad de la gestión de los casos por su volumen” y subraya “la importancia de recursos adecuados a nivel central y local” para llevarlos a cabo de una forma más eficaz.

Además, exige una mayor transparencia: “La Comisión sabe que el dicasterio comunica en modo principalmente interno los casos con las autoridades eclesiásticas locales (...) Sería útil estudiar conjuntamente cómo dar más transparencia” a eventuales futuras medidas disciplinares.

PUNTOS CLAVES PARA ENTENDER EL INFORME

El informe es fruto del estudio de veinte iglesias locales en las visitas ‘ad limita’ realizadas en 2023 al Vaticano, entre estas los de México y Colombia (los obispados deben viajar a Roma cada cinco años para informar al papa y a la Curia de sus situaciones).

Su objetivo, según se lee, es “brindar la posibilidad de informar sobre sus resultados y recomendaciones” al papa, que creó esta comisión en 2014, pero también a las “víctimas supervivientes” de abusos y a todas las iglesias del planeta.

Entre sus principales conclusiones, el informe reclama una mayor transparencia y una más rápida asunción de responsabilidades.

Estas son algunas de las indicaciones que constan en el documento:

1) Fin de la opacidad: La Iglesia necesita impulsar el acceso de las víctimas a la información para afrontar el “problema” de la opacidad en los procesos canónicos. “Deberían estudiarse medidas que garanticen el derecho de todo individuo a acceder a cualquier información que lo afecte, máxime en los casos y responsabilidad de los abusos” (siempre en respeto de la ley de protección de datos).

2) El concepto de vulnerabilidad. Los casos de abusos no solo son con menores sino que la Iglesia también los reconoce en adultos “vulnerables”. Por eso, la comisión aboga por desarrollar “una definición mayormente uniforme de vulnerabilidad”.

3) Más rapidez. El informe admite que las víctimas aún sufren procesos civiles y canónicos “difíciles, lentos y fuente de continua victimización”. Por eso insta a “garantizar una gestión eficaz, rápida y rigurosa” de cada caso de abuso, aclarando también el rol de cada dicasterio -”misterio”- de la Curia Romana.

4) Dimisión fulminante. Otra reclamación es la de “agilizar y acelerar el proceso de dimisión” de un líder eclesial acusado de abuso “siempre que esté justificado”.

5) Compensación. El informe pide “estudiar las políticas de indemnización” para ejercer medidas “rigurosas” de reparación en el proceso de “sanación” de las víctimas.

6) Un magisterio contra los abusos. Asimismo el informe llama a “desarrollar aún más el magisterio de la Iglesia” sobre su deber de protección, promoviendo entre sus clérigos “la dignidad de los niños” mediante una visión “unitaria y teológica-pastoral”.

7) Especialización. La iglesia, además, debe impulsar un proceso de “profesionalización” entre sus miembros y brindar a quienes estén en contacto con menores “oportunidades académicas» de formación dotadas con «recursos adecuados”.

8) “Faltas preocupantes”. El primer análisis de la Comisión ha constatado que, mientras algunas autoridades eclesiásticas demuestran un claro compromiso por la protección, otras solo están “al inicio del ejercicio de asunción de responsabilidades”. En algunos casos, de hecho, se ha detectado una “preocupante falta” de estructuras de denuncia y de acompañamiento de las víctimas, lo que contraviene a lo exigido por el papa en su documento ‘Vos estis lux mundi’ (2023) sobre las normas contra los abusos sexuales.

9) “Conversión continua”. Este año la Pontificia Comisión ha cumplido diez años en los que “se ha asistido a un crecimiento de la conciencia tanto de la realidad de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia como a su mala gestión. La publicación de estos informes pretende “facilitar un proceso de conversión continua” dentro de las instituciones católicas.

10. Un lustro para abarcarlo todo. En el planeta hay un total de 114 conferencias episcopales por lo que la comisión, dirigida por el cardenal estadounidense Sean Patrick O’Malley, se fija el objetivo de estudiar todas en el arco de 5/6 años.

VATICANO EXHORTA A MÉXICO A TENER UNA COMUNICACIÓN MÁS ACTIVA PARA AVANZAR CONTRA LOS ABUSOS

Una mayor formación contra los abusos, mejores mecanismos de verificación y, en particular, un “enlace activo” en la comunicación con las víctimas son las recomendaciones del Vaticano para avanzar en la lucha contra esta lacra en México.

Las recomendaciones están recogidas en el primer informe de la Comisión de Protección de Menores presentado este martes en el Vaticano.

Se trata de las conclusiones de la visita ad limina de la conferencia episcopal mexicana en 2023, con las que junto a las de otros 19 países de todo el mundo se ha realizado este primer Informe anual, a petición del papa Francisco, sobre “las políticas y procedimientos de tutela en la iglesia".

En sus encuentros con los obispos mexicanos, que visitaron divididos en tres grupos el Vaticano en abril, mayo y junio pasados, la Comisión ensayó un proyecto piloto que consistía en un serie de 10 preguntas a los integrantes de la conferencia episcopal.

Recibió 20 respuestas, equivalentes al 20 % del total.

Fruto de ello, la Comisión, que ha acogido la invitación oficial de visitar México para ofrecer acompañamiento a la iglesia, destaca varios desafíos marcados por «la existencia de importantes barreras culturales en la denuncia de irregularidades que constituyen claros impedimentos al proceso de justicia».

Existe «cierta complejidad en la gestión de las relaciones con las autoridades civiles», mientras que “las diferencias entres los estados en términos de legislación, recursos profesionales y condiciones geográficas”, han llevado a “presentar denuncias ante las autoridades eclesiásticas en lugar de ante los tribunales civiles” lo que muestra “dificultades para establecer una relación de confianza mutua con el sistema judicial”.

La Comisión también destaca la importancia de “desarrollar los mecanismos de verificación y control integrados en la infraestructura de protección diocesana” y destaca la preocupación de la Conferencia Episcopal por la lentitud de los procedimientos y de las actualizaciones del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Asimismo subraya el papel del Dicasterio “a la hora de tratar rápidamente aquellos casos en los que los propios obispos están implicados en negligencia o incumplimiento del deber o son presuntos autores directos de delitos”.

También se pide una mayor financiación nacional para la formación en el ámbito de la tutela y a los servicios de acompañamiento de las víctimas/sobrevivientes “y, sobre todo, a la luz del interés y entusiasmo por la formación en materia de tutela expresado especialmente por los fieles laicos”.

A pesar de la existencia de un Consejo Nacional para la Protección, la Comisión «constata la necesidad de un servicio más completo de acompañamiento de las víctimas/supervivientes a nivel diocesano».

Así, las recomendaciones finales son:

- Establecer requisitos formales y garantizar a todos los agentes de pastoral el acceso a la formación continua para alimentar una cultura de la tutela.

- Establecer relaciones formales y estables con las autoridades civiles, en particular con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

- Desarrollar mecanismos de verificación y control en todos los niveles de la infraestructura de protección. La Comisión está disponible para acompañar el desarrollo de dichos mecanismos y/o proporcionar brindar apoyo directo utilizando su propia herramienta de seguimiento y control.

- Desarrollar un protocolo de comunicación para establecer un enlace activo con las víctimas/supervivientes.