Fuerte polémica rodea fuga de presos argentinos de cárcel de máxima seguridad

Buenos Aires.- La polémica fuga de tres condenados a prisión perpetua en una cárcel de máxima seguridad por un triple asesinato en 2008 provocó hoy un cruce de acusaciones políticas entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la oposición, mientras continúan las investigaciones.

Según fuentes policiales, Víctor Schillachi y los hermanos Cristian y Martín Lanatta salieron por la puerta principal de la prisión tras reducir a varios funcionarios haciendo uso de una pistola de madera, por lo que no se descarta que pudieran haber sido ayudados por el personal penitenciario.

Debido a estos hechos, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cesó de forma inmediata a la cúpula del Servicio Penitenciario bonaerense (SPB) y a su titular, Florencia Piermanini.

Este recambio, sin embargo, ya había sido anunciado por la titular del Gobierno de la provincia días atrás.

Una de las hipótesis que se manejan es que la fuga es una represalia de la cabeza del SPB por la anunciada destitución, según sugirió hoy la diputada y presidenta del partido GEN, Margarita Stolbizer, al asegurar que el movimiento de Vidal fue "un pecado de ingenuidad".

Según esta teoría, funcionarios del penal General Alvear habrían ayudado a escapar a los reos, que huyeron con gran parte de las cámaras de vigilancia apagadas.

"Hay que investigar las posibles incitaciones políticas a esta fuga que no ha sido planeada de un día para otro", dijo en un comunicado el Frente Renovador, liderado por el peronista disidente Sergio Massa.

En la tarde de hoy, en rueda de prensa, la gobernadora bonaerense admitió que la fuga "no hubiera sido posible sin la complicidad del servicio penitenciario" y afirmó que lo sucedido es una consecuencia de "pelear contra el narcotráfico", porque "luchar contra la mafia no es gratis".

Vidal detalló además las medidas planeadas y las ya adoptadas por su gobierno, como denunciar penalmente a todos los involucrados o el envío a la Legislatura provincial un proyecto de ley que declara el estado de emergencia para el servicio penitenciario.

También anunció la compra de equipamiento para las cárceles y la edificación de nuevas unidades carcelarias.

Por el momento, el fiscal que investiga la causa, Cristian Citterio, no ha pedido la imputación de ningún trabajador de la prisión.

Las miradas recaen también sobre el ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández y rival electoral de Vidal por la Gobernación bonaerense, Aníbal Fernández, quien fue acusado públicamente durante la campaña por uno de los prófugos de estar involucrado en el asesinato por el que fueron condenados él y sus dos compañeros.

La acusación perjudicó la candidatura de Fernández, del kirchnerista Frente para la Victoria, quien fue derrotado contra todo pronóstico por la actual gobernadora.

Fernández volvió a desmentir hoy cualquier implicación en el asesinato.

"No los conozco", afirmó a medios locales, además de culpar al nuevo gobierno de los hechos y pedir que los prófugos "aparezcan con vida".

Por su parte, Vidal le respondió que debería "llamarse al silencio", especialmente "en este caso".

Unos 600 agentes de la Policía Federal y bonaerense, de Interpol y de la Agencia Federal de Inteligencia participan en la búsqueda de los prófugos en la ciudad y sus alrededores, según informaron ayer fuentes policiales a la agencia oficial Télam.

Además, se ofrece una recompensa de 2 millones de pesos (150.375 dólares) a quien aporte información que permita localizar a los condenados.

Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci fueron condenados a prisión perpetua por los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, involucrados en una red de tráfico de efedrina.

Los hermanos Lanatta ya protagonizaron un intento fallido de fuga en diciembre de 2013.