Reforma Judicial: Constitucionalistas advierten la posibilidad de encontrarnos al borde de una crisis constitucional

CIUDAD DE MÉXICO- Agregaron que son consecuencias de una mala reforma, al no tenerse de manera previa las leyes secundarias o transitorios.

Consideraron que es algo inédito y grave que una presidenta de la República no quiera acatar la eliminación en el Diario Oficial de la Federación, pues en un Estado democrático incumplir con las resoluciones es constitutivo de un delito, a la vez que deja en claro que la política está por encima de lo jurídico.

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El pasado 17 de octubre la jueza Décimo Noveno de Distrito del estado de Veracruz, Nancy Juárez Salas, ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González, eliminar en un plazo de 24 horas la publicación del decreto de reforma judicial que se emitió en septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Los especialistas resaltaron que cuando a los gobiernos democráticos no les gusta una determinación lo que hacen es impugnar judicialmente, pero la definición no le corresponde ni a la Presidencia ni a la Consejería Jurídica ni a sus asesores, “eso corresponde a los propios tribunales del mundo judicial. Además, se espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, explicaron.

Javier Martín Reyes, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expuso que no cumplir con una resolución judicial es incluso constitutivo de delito, pero no sólo están amenazando con incumplir con las diversas suspensiones que ya se han dictado por distintos jueces. “Lo que están señalando, si hay una sentencia adversa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que no van a cumplir con esa determinación. Eso sí nos pone en crisis constitucional o al borde de una crisis constitucional. No es una actuación acorde con un gobierno democrático”, afirmó. Añadió que un gobierno democrático cuando no está de acuerdo con una determinación primero la acata y luego la impugna, pero el Ejecutivo dejó ver que no planea acatarla.

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Refirió que quien tiene la última palabra es la Corte, que es la que debe interpretar la ley.

”La Corte es quien debe decidir, pero el oficialismo está diciendo que no va a cumplir, es gravísimo. ‘Yo solo te voy a cumplir cuando me guste tu sentencia, cuando yo considere que está correctamente dictada’, Ese mensaje están enviando”, subrayó Martínez Reyes.

Por su parte, Juan Jesús Garza Onofre, también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comentó que en las últimas semanas se ha visto en el país algo que no es normal en una democracia, pues los escenarios van cambiando día a día.

”El Ejecutivo mandó el mensaje de que la política está por encima del derecho”, aseguró.