SFP da carpetazo a 92% de las denuncias contra superdelegados
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De acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia, 181 expedientes de investigación concluyeron por acuerdo de archivo
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los llamados superdelegados acumularon 209 denuncias por diversas irregularidades, desde uso indebido de los programas sociales, nepotismo y abuso de funciones, hasta manejo de la estructura de gobierno con fines electorales, pero la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que la gran mayoría no merecían ser castigadas.
De acuerdo con información obtenida vía Ley de Transparencia, 181 expedientes de investigación concluyeron por acuerdo de archivo, es decir, que la autoridad no encontró los elementos suficientes para acreditar la falta administrativa.
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En 11 expedientes, la SFP determinó que no era competente para conocer de los hechos, mientras que 16 más se encontraban todavía en investigación en el Órgano Interno de Control (OIC) radicado en la Secretaría de Bienestar, que depende de la Función Pública.
El único expediente donde la SFP reportó que había logrado una sanción fue en el del delegado federal que despachaba en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Sonora antes de diciembre de 2018, es decir, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los titulares de las delegaciones estatales de programas para el desarrollo tuvieron un papel relevante, ya que fueron los encargados de coordinar y promover los programas sociales federales. Muchos de ellos, después de ostentar este cargo, buscaron alguna gubernatura o un escaño en el legislativo.
En los 32 estados del país hubo denuncias por la forma de operar los programas sociales.
La entidad federativa con más quejas fue Aguascalientes, con 17 reclamos entre octubre de 2019 y marzo de 2022. En ese lapso estuvieron como delegados Aldo Emmanuel Ruiz, Nora Ruvalcaba Gámez y Silvia Licón.
Consultada al respecto, Licón dijo que nunca recibió alguna notificación por parte del OIC.
En las dos centenas de expedientes de investigación que abrió la SFP tras las denuncias recibidas hay acusaciones por desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y de funciones, inscripción a programas sociales de forma condicionada, solicitud de dádivas o dinero a cambio de la prestación de un trámite o servicio, conflicto de intereses, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto, entre otros.
Para este reportaje se obtuvo una base de datos con las investigaciones que iniciaron los OIC de la SFP en las 32 entidades del país, pero el gobierno clasificó como reservado el nombre de los delegados.
El nombre se obtuvo al cruzar el estado, el cargo y el periodo de servicio.
Reclamos desde el interior
También se obtuvo una decena de expedientes de investigación donde se aprecian los escritos que originaron las denuncias y los estados donde se suscitaron los hechos.
Muchas de éstas provienen de los servidores de la nación o empleados de la Secretaría de Bienestar inconformes con las irregularidades.
En una de las quejas, por ejemplo, una denunciante narró que renunció a su trabajo a petición de Mauricio Hernández Núñez, quien estaba entonces como superdelegado en Guanajuato y a principios de este año asumió el mismo cargo, pero en Querétaro.
Cuenta que llegó a un acuerdo con él para hacer campaña en favor de la Cuarta Transformación, a cambio de que le otorgara un apoyo económico mensual y de que, posteriormente, pudiese ser contratada nuevamente, pero esto último no sucedió.
”Les escribo estas palabras porque fue una injusticia. Salí con un acuerdo que los ya mencionados no cumplieron”, se alcanza a leer en un documento sumamente testado entregado por la SFP.
Esta queja fue presentada en diciembre de 2021, pero tras la investigación del OIC se desechó porque era de “naturaleza laboral”.
En Puebla, durante la gestión de Rodrigo Abdalá Dartigues y Vida Inés Vargas Cuanalo, quienes fungieron como delegados de los programas para el Bienestar, el OIC recibió diversas quejas por enriquecimiento oculto y conflicto de intereses, así como incumplimiento a leyes y reglamentos.
En contra de Abdalá Dartigues, quien ha estado al frente de la delegación de Bienestar Puebla en tres ocasiones, se presentaron cuatro denuncias que concluyeron en acuerdo de archivo en su primera gestión, de diciembre de 2018 a finales de agosto de 2021.
Las quejas contra Vargas Cuanalo comenzaron a llegar a las tres semanas de asumir el cargo, a principios de septiembre de 2021. En uno de los escritos fechado el 20 de septiembre de 2021 se denuncia “despotismo y abuso de autoridad”.
Se lee en los escritos que mientras los servidores tenían que cubrir con sus propios medios los costos del material que usaban en los operativos o jornadas del Bienestar, e incluso tenían que realizar colecta para la gasolina de sus coches particulares, otros funcionarios hacían uso indebido de los vehículos oficiales.
El 30 de enero de 2023, la SFP desechó la denuncia argumentando que los hechos narrados hacían referencia a manifestaciones “aisladas y subjetivas”.
Vargas Cuanalo dejó el cargo el 31 de agosto de 2022 y éste fue ocupado nuevamente por Dartigues, quien estuvo en el cargo hasta finales de septiembre de 2023 cuando renunció para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla, la cual no consiguió.
A principios de octubre de este año, en conferencia, Dartigues confirmó que se reincorporará por tercera ocasión como delegado de programas del bienestar en Puebla.
Para este trabajo se buscaron las contrapartes de todas las personas mencionadas.
También se contactó a personal de la Función Pública; sin embargo, no fijaron postura.
En el ojo del huracán
Los llamados superdelegados empezaron a sumar quejas unos cuantos meses después de haber iniciado el gobierno de López Obrador.
De acuerdo con la información proporcionada por el OIC en la Secretaría de Bienestar, a través de la SFP, los primeros registros son de marzo de 2019, cuatro meses después del inicio del gobierno.
Uno de los delegados contra los que había investigaciones desde los primeros años era el de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, que asumió el cargo en diciembre de 2018.
En noviembre de 2020 renunció para contender por el partido Morena a la gubernatura.
En agosto de 2021, después de haber perdido en las elecciones de ese año ante María Eugenia Campos, se reintegró como delegado, cargo que ejerció hasta noviembre de 2023, cuando renunció para buscar un escaño en el Senado, el cual ganó por Morena.
De acuerdo con la información entregada por la SFP, vía solicitud de información, en el tiempo que estuvo como titular en Chihuahua acumuló 14 denuncias por abuso de autoridad, nepotismo, maltrato en la prestación de trámites e incumplimiento de funciones encomendadas.
Todas fueron archivadas. Públicamente también hubo denuncias en medios de comunicación contra Loera de la Rosa.
Medios de Chihuahua difundieron testimonios de algunos servidores de la nación que lo acusaban de solapar una red de corrupción que vendía afiliaciones para que ciudadanos radicados en el extranjero pudieran ser beneficiarios de los programas del Bienestar.
Consultado sobre las denuncias, Loera de la Rosa aseguró que nunca se usó la estructura de Bienestar indebidamente y que una de las denuncias que provenía de un exservidor de la nación tenía un tufo político con la intención de manchar el trabajo que hizo en la delegación.
”Eso es parte del golpeteo político... nosotros recibimos indicaciones del presidente López Obrador de que los delegados y toda la estructura ni opinábamos ni siquiera participábamos en nuestro tiempo libre como afiliados de Morena”, afirmó.
En el estado de Colima se iniciaron siete expedientes de investigación por incumplir leyes y reglamentos, desvío de recursos y conflicto de intereses.
Una de las denuncias que terminó archivada fue presentada en noviembre de 2019 en contra de la entonces delegada en Colima y ahora gobernadora, Indira Vizcaíno, por posible corrupción.
En el escrito obtenido vía Ley de Transparencia se le acusaba de un manejo delictuoso del padrón de beneficiarios de los programas para el desarrollo y de una “injerencia, inducción y posible coacción en el empleo de servidores públicos a efecto de participar en la realización de actos partidistas”.
Datos
209 denuncias se acumularon contra los superdelegados estatales durante el gobierno de AMLO.
181 expedientes se fueron a archivo. La autoridad no encontró los elementos para acreditar la falta administrativa.
