Palomea Congreso 'candados' a Fintech; falta promulgación del Presidente

Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, y particular, el dictamen que expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech.

La Cámara aprobó el dictamen en lo general con 264 votos a favor, 61 en contra y una abstenciones.

El documento fue enviado al Ejecutivo para su publicación.

En diciembre pasado, el borrador de la ley fue avalado por el Senado por unanimidad por 102 votos a favor y se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.

La ley reconoce a las startups de pagos electrónicos y fondeo colectivo.

Con ella también se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de leyes como la de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores, General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para Regular las Sociedades de Información Crediticia, y para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Según Bankia Fintech by Insomnia, en cerca de 10 años las fintech podrían hacerse del 30 por ciento del mercado bancario en México.

Actualmente en México existen 230 empresas fintech, el país mercado más importante de América Latina.

La ley srgió de una iniciativa que el Ejecutivo federal envió al Senado de la República el 10 de octubre de 2017, la cual fue aprobada en la Cámara alta el 5 de diciembre de ese mismo año.

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera está conformada por 145 artículos divididos en siete títulos y tiene por objeto regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera, así como su organización, operación y funcionamiento.

Las instituciones de tecnología financiera se entienden como aquellas plataformas a través de las cuales se facilita la celebración de operaciones y servicios financieros relacionados con el acceso al financiamiento e inversión, servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico, además del uso de activos virtuales en dichas operaciones.

Dichas instituciones, en el sector privado, son las de pagos electrónicos (monedero en línea, compras vía celular y transferencias de dinero), de financiamiento colectivo (inversiones en proyectos a través de determinadas páginas de Internet), de activos virtuales (monedas y divisas electrónicas) y de asesoría financiera electrónica, entre otras.

La nueva ley, entre otros aspectos, propone considerar el uso de activos virtuales previa autorización del Banco de México (Banxico).

Crea el Comité Interinstitucional de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que estará integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Banxico y de la misma CNBV, que intervendrá en la toma de decisiones de mayor importancia, como el otorgamiento de autorizaciones, imposición de sanciones, entre otros.

Previene y mitiga el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, estableciendo un marco regulatorio aceptado y probado internacionalmente, con estándares mínimos de identificación del cliente, que permita prevenir este tipo de conductas.

Prevé un régimen de divulgación de riesgos por virtud del cual las instituciones de tecnología financiera se encuentren obligadas a difundir la información necesaria para que sus clientes identifiquen los riesgos que asumirán al momento de celebrar operaciones con o a través de ellas.

Fortalece el gobierno corporativo de las instituciones de tecnología financiera al contar con un consejo de administración, director general y comité de auditoría cuando, con base en el número de operaciones o clientes, modelos de negocios, activos intermediados o nivel de capital neto con el que cuenten dichas instituciones.

Crea el Grupo de Innovación Financiera, el cual será un espacio de intercambio de opiniones, ideas y conocimiento entre el sector público y privado para conocer innovaciones en materia de tecnología financiera y planear su desarrollo y regulación ordenados.

También se considera un marco normativo en el que se contemplan las sanciones administrativas y penales para los casos en que se incumpla con lo establecido en la Ley o disposiciones que de ella emanen.