Municipios sacrificaron programas sociales durante el Gobierno de Calderón para combatir al narco

Por Arturo Angel (@arturoangel20) para Animal Político

La guerra contra el narcotráfico iniciada en el sexenio de Felipe Calderón redujo las capacidades de gobernabilidad de los municipios del País.

Por cada ejecución vinculada al crimen organizado -en una tasa de mil habitantes-, los municipios perdieron en promedio dos programas u órganos de participación ciudadana que contribuían a mejorar las condiciones de vida de la población, concluyó el estudio La Retracción del Estado: como la violencia afecta la capacidad de gobernar en México,  del Centro de Investigación y Desarrollo Económico (CIDE).

“Los municipios tenían en promedio 3.1 mecanismos para la participación y consulta, por lo que el efecto asociado de la violencia fue de una magnitud importante en la reducción de esta función”, indica el estudio. 

De acuerdo con el análisis realizado por el investigador Oliver D. Meza, los municipios tuvieron que enfocar sus propias políticas en favor del gasto en seguridad conforme a la línea del gobierno federal, y en detrimento de los recursos para otros programas.

“Los gobiernos municipales han decidido privilegiar agendas de políticas impulsadas por la federación para empatar recursos locales con recursos federales. Estos mecanismos fiscales, entre otros, han hecho que el municipio pierda interés en asuntos de su propia agenda”, detalla.

Sin embargo, el análisis también plantea que el mismo recrudecimiento de la violencia pudo desincentivar a los ciudadanos para participar activamente con el Gobierno municipal en estos programas, lo que también representa un retroceso en la presencia del Estado.

Incluso existe la posibilidad de que el propio crimen organizado haya asumido funciones inherentes al Gobierno municipal y que este retroceso del Estado se refleje en la disolución de planes y estrategias sociales.

“El municipio en México es un agente del Estado, aun cuando se le quiera ver como el eslabón más pequeño. Por tanto el detrimento en estas funciones disminuye la capacidad del Estado en su conjunto y los datos señalan que ésta se vio afectada posiblemente a causa de la violencia generada por el narcotráfico, especialmente en momentos en los que el mismo Estado recrudeció la violencia mediante la política prohibicionista”, subraya el estudio.

Un cáncer que se multiplica

El CIDE documentó que al menos en los primeros cinco años de la estrategia de combate el narcotráfico el fenómeno de la violencia relacionada con el crimen organizado se expandió de forma notoria en el país, causando deterioro en las condiciones sociales y de seguridad.

Los datos incluidos en el estudio Geografía de la Violencia en México. Un acercamiento a la reconfiguración territorial de la violencia generada por el crimen organizado evidenciaban que en 2007 se registraron 76 municipios con al menos un enfrentamiento, pero para 2009 ya se tenían 221 municipios con esta problemática.

Y para 2011 la cifra se disparó hasta 366 municipios con al menos un enfrentamiento vinculado a la delincuencia organizada. “Esto representa el 15 % del total de municipios en el País, y un incremento superior al 500 por ciento respecto al año 2007”, indica el análisis.

En 2011 también hubo 211 municipios en México en donde se registraron agresiones y ejecuciones relacionadas con la delincuencia organizada, casi el doble en comparación con cuatro años antes. Otro dato más: en 2007 el 18 % de los incidentes registrados tuvieron armas largas de por medio y para 2011 dicha proporción ya era superior al 30 por ciento.

“En este tenor es muy probable que se diera un incremento en las organizaciones criminales y ante tal escenario, la actuación del Estado se tornó compleja para combatir a tantas pequeñas fracciones de estos grupos delincuenciales. Condición que debilita la posibilidad del gobierno para intervenir, efectivamente, en una diversificación de grupos fragmentados menores”, concluye el análisis.

Metodología del estudio

Para realizar el estudio, Meza construyó un modelo estadístico de análisis con más de diez variables. Se utilizó como indicadores para la medición dos estrategias básicas que tienen los municipios para construir o consolidar condiciones de gobernabilidad y que son medidas por el INEGI: el número  de mecanismos y de órganos de participación ciudadana.

Este tipo de estrategias agrupan programas como visitas de las autoridades a comunidades o colonias, foros de atención con los ciudadanos, supervisión de obras y/o servicios públicos, consejos ciudadanos, comités vecinales, consejos de seguridad pública, órganos de contraloría social, entre otros.

El estudio cruzó esta información con la evolución de ejecuciones ligadas al crimen organizado y, a través de una fórmula que incluyó otras varias variables, encontró una relación que permite concluir que el incremento de la violencia incidió negativamente en la continuidad de los programas.