Servidores de la Nación deben aclarar 3 mil mdp

CDMX.- La política de ayudas sociales, prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, registra errores, inconsistencias y un desorden administrativo que evita tener la certeza sobre el destino de los recursos públicos.

Según cifras que recopiló el semanario Proceso, en su estructura operativa, los famosos Servidores de la Nación, debe aclarar el ejercicio en 2019 de más de 3 mil millones de pesos.

Hasta ahora, una auditoría dejó en evidencia el desastre técnico y financiero en el desarrollo de sistemas para integrar el Padrón Único de Bienestar (PUB), un instrumento que explícitamente la ley mandata para dar certeza al destino de los recursos y que fue asignado a Infotec, empresa paraestatal que ya quebró sin cumplir con el diseño y la operación de la base de datos.

Aun peor, Infotec tuvo a su cargo la habilitación del “core bancario” (el cerebro de un banco), así como una aplicación para la operación de las Tarjetas del Bienestar. Pero ni uno ni otro: Banco del Bienestar y tarjetas no están funcionado.

El PUB se supone que está basado en el Censo del Bienestar, una tarea asignada a los Servidores de la Nación que levantaron listas desde el periodo de transición, sin marco legal para hacerlo, cuya evaluación está por emitirse.

Y es que, para cerrar el círculo de irregularidad, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitirá el próximo sábado 20 su informe complementario de auditoría a la administración pública federal por el ejercicio fiscal de 2019, que incluye la revisión realizada a la “Contratación de personal mediante el esquema Servidores de la Nación”, donde observa el mencionado monto por aclarar de más de 3 mil millones.

En uno de los dos pliegos de observaciones, el monto irregular identificado es de 2 mil 965 millones 802 mil 71 pesos, correspondientes a la nómina de los Servidores de la Nación. Un segundo pliego de observaciones, es por 74 millones 781 mil 891 pesos y también se relaciona con nóminas.

En total, la auditoría 240-DS, practicada a la Secretaría de Bienestar (Sebien), establece un monto por comprobar por el orden de 3 mil 40 millones 583 mil 962 pesos; esto es, casi el total del presupuesto ejercido mediante el esquema de Servidores de la Nación, cuyo rastreo ha sido difícil de desagregar en trabajos periodísticos e investigaciones independientes por lo que toca a 2019.

Si bien la Secretaría de la Función Pública (SFP) incluyó un apartado en su portal Nómina Transparente para los Servidores de la Nación, ahí sólo puede consultarse el nombre y monto devengado por más de 17 mil personas que perciben 8 mil 173 pesos mensuales netos.

Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 la figura no existe y fue con cargo al Capítulo 1000 del clasificador de gasto, apartado que corresponde a servicios personales. En 2020 ese personal –por honorarios y sin prestaciones básicas– costó al erario 3 mil 233 millones de pesos.

SIN REGULACIÓN

En el documento de auditoría al que tuvo acceso el semanario Proceso, se detectan clabes interbancarias utilizadas por dos o más personas; esto es que una misma cuenta sirvió para recibir los depósitos, que el presidente López Obrador suele presumir que se realizan sin intermediarios, de la Tesorería de la Federación correspondientes a varias personas.

La Secretaría de Bienestar no tiene reglamento. Tampoco lo tienen los Servidores de la Nación y por eso su existencia no está fundada ni motivada, sus acciones no corresponden a ningún marco legal y la nómina está en el limbo.

La única dependencia que no ha emitido su reglamento interior es la Sebien, cuando el propio ordenamiento establecía un plazo máximo de 180 días para hacerlo.

Hasta septiembre pasado la SFP había recibido 102 denuncias contra los llamados “superdelegados” de las cuales desechó 24 carpetas. Sólo habían procedido ocho denuncias y el resto estaba en análisis.

El activismo político de los Servidores de la Nación, integrado en buena medida por quienes fueron activistas electorales de López Obrador, ha sido señalado en frecuencia, en la ocasión más reciente por su inclusión en las Brigadas Correcaminos, el despliegue territorial anunciado para aplicar la vacuna antiCOVID a los adultos mayores. Con información de Proceso