Nayib Bukele, el hombre que legalizó al bitcoin y combate a las pandillas
Han sido detenidos más de 60 mil pandilleros, pero en el camino las autoridades han cometido graves violaciones a los derechos humanos
El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele de 41 años, ha tomado ciertas decisiones que han sido controvertidas a nivel mundial.
Una de ellas fue que en septiembre del 2021, el bitcoin se convirtió en una moneda de curso legal, a la par del dólar.
Por lo que el mandatario ha comprado la criptomoneda con fondos públicos pese a las advertencias del alto riesgo al que quedan expuestos los recursos de la nación por la inestabilidad del precio digital, que perdió más del 60% de su valor en 2022.
En uno de los últimos movimientos para avanzar en su plan de convertir a El Salvador en la capital mundial del bitcoin, Bukele consiguió que la Asamblea Legislativa de su país, de mayoría oficialista, aprobara a comienzos de enero una inédita y controvertida Ley de Emisión de Activos Digitales.
La ley intenta darles garantías a los inversores extranjeros para que hagan negocios en el pequeño país centroamericano de apenas 6.3 millones de habitantes, donde una de cada cuatro personas vive en situación de pobreza y la mitad de la población ha estado expuesta a inseguridad alimentaria.
Según el gobierno salvadoreño, entre los objetivos de la ley están “proteger los derechos de los compradores y emisores de activos digitales en El Salvador”, además de “disuadir a los estafadores de operar aquí”.
En el caso de El Salvador, como el país tiene una baja calificación crediticia y un alto nivel de deuda, equivalente a un 80% del Producto Interno Bruto(PIB), enfrenta serias dificultades para conseguir préstamos.
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De ahí viene la idea del gobierno salvadoreño de emitir los llamados bonos volcán en vez de bonos tradicionales, para lo que la nueva ley da sustento.
Cercado por una crisis económica y con aspiraciones a ser reelecto en los comicios presidenciales de febrero de 2024, Bukele está en la encrucijada de enfrentar millonarios pagos de deuda entre 2023 y 2025.
Hasta ahora, las políticas económicas del gobierno han generado dudas en los acreedores, los compradores de los bonos salvadoreños y los mercados en general.
COMBATE A LAS PANDILLAS
El viernes pasado compartió un video donde se aprecian cientos de hombres vestidos con playeras y shorts blancos, saliendo de las cárceles de El Salvador, para ser trasladados en autobús, al que es el proyecto insignia de la política de seguridad de Bukele.
Hablamos del Centro de Confinamiento del Terrorismo, un enorme complejo penitenciario, ubicado a las afueras de San Salvador y que el presidente ha calificado como “la cárcel más grande de toda América”.
Los pandilleros presos fueron sacados de sus celdas por guardia, esposados y obligados a caminar con el cuerpo encorvado. En dicha grabación, los hombres abordan los autobuses y son llevados al nuevo penal de máxima seguridad, donde han sido recluidos, en una demostración de poder contra los llamados maras.
“Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, sin hacer más daño a la población”, afirmó el mandatario salvadoreño.Dicho traslado de 2 mil pandilleros al penal de máxima seguridad en tan solo siete meses ha generado una nueva ola de críticas por parte de organismos de derechos humanos, que cuestionan la legalidad de las medidas tomadas por el presidente desde que declaró el estado de emergencia en El Salvador como parte de su estrategia de seguridad.
Desde el decreto han sido detenidos más de 60 mil pandilleros, pero en el camino las autoridades han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Un informe presentado a fines de enero por Human Rights Watch (HRW) reveló que los abusos a gran escala se han cometido contra los detenidos y dentro de las cárceles del país, incluyendo hacinamiento extremo, violaciones al debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia.
El traslado de los pandilleros coincide con una acusación presentada por la Oficina del Fiscal Federal en una Corte Federal de Nueva York, que acusa a dos altos funcionarios de la administración del presidente de haber negociado con las pandillas una reducción de homicidios a cambio de beneficios, entre 2019 y 2021.
Bukele se jacta de haber bajado las altas tasa de homicidios de su país en 10 meses. En su relato de cómo se ha desarrollado su cruzada personal contra las pandillas, Bukele ha celebrado una drástica caída de la criminalidad en enero y febrero y ha calificado a su país como “el más seguro de América”.
