Rememoran caso de abuso sexual en Jardín de Niños de Saltillo, y afirman que siguen creciendo agresiones en escuelas de México

“J” salió del Jardín de Niños “Guadalupe Borja de Díaz Ordaz” en Saltillo, Coahuila, sumido en llanto, envuelto en un intenso dolor. Al llegar a casa, su madre se dio cuenta de que el niño de tres años tenía heridas en el área rectal. Llevaba apenas 27 días como alumno de 1°. Más tarde, se sabría que “Cantos”, el maestro de música, y Servando “el que barre”, lo agredieron sexualmente en el kínder.

La historia de “J” refleja las omisiones de las distintas autoridades educativas. En la última década se registraron 3 mil 534 casos similares.

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Aunque en la Ley General de Educación se establece la responsabilidad del personal de los colegios de denunciar los presuntos delitos ante la justicia, esto no siempre se cumple.Para esta investigación se solicitó a las 32 secretarías de Educación del país las estadísticas y versiones públicas de las actas de hechos —formatos en los que se registran oficialmente las quejas— de estos delitos.

Los datos tienen el vacío de Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, que se negaron a responder. Se creó una base de datos a nivel nacional que reúne los casos registrados de manera oficial entre 2012 y febrero de 2023, con lo que se pudo determinar que en México todos los días ocurre una agresión sexual cometida por personal de las escuelas en contra de los estudiantes de educación básica.

En el caso del kínder “Guadalupe Borja”, los padres acudieron a la escuela en respuesta al dolor de su hijo, hablaron con la directora y la maestra de grupo: intuían que el niño había sido víctima de violación.

Los padres recuerdan fragmentos del diálogo que la directora inició con su hijo ese viernes 27 de septiembre de 2019:—¿Quién te hizo eso?—Gerardo— respondió el niño.—Gerardo, el niño de la maestra Nancy— insistió, como afirmando, la servidora pública.—No, Gerardo— reiteró “J”, en referencia al profesor de música.

Los padres cuentan que la directora se negó a llamar a una patrulla y a regañadientes levantó un acta de hechos en la que consignó que la víctima acusaba a otro estudiante, según la copia del documento que fue obtenida para esta investigación.

Les pidió volver a casa, bañar al niño y dormirlo.La directora, una servidora pública de la Secretaría de Educación (Sedu) del estado, no dio aviso inmediato a sus superiores. Tampoco dejó asentadas en el acta de hechos las palabras exactas de “J”, pues agregó información que, según el relato de los padres, el niño no mencionó y evadió su obligación de dar aviso a las autoridades de justicia ante la probable comisión de un delito.

Se solicitó una entrevista a las autoridades escolares sin que hasta la noche de este martes hayan dado respuesta.Los padres de “J” se movilizaron y denunciaron, pues no era la primera vez que buscaban en la escuela respuestas por los focos rojos que detectaban en sus hijos.

Acudieron a un médico privado, porque ninguna instancia gubernamental le brindó atención médica inmediata al niño. Un pediatra acreditó la violación.

Más tarde, las terapias sicológicas que recibió el niño, indispensables en casos de violencia sexual, revelaron una historia de abusos reiterados cometidos no sólo por Gerardo, el profesor de música, conocido por los alumnos como “Cantos”, sino también por Servando, con cargo de intendente, “el que barría”, como lo identificaron los estudiantes.

Las autoridades judiciales determinaron que ambos servidores públicos agredieron sexualmente a “J”, a su hermano “T”, de cuatro años, y a varias de sus compañeritas y compañeritos.El análisis realizado a la información obtenida revela que esta problemática no se ha frenado en la última década, por el contrario, va en aumento.

Entre 2012 y 2015 las distintas secretarías de Educación del país reportaron 596 casos en todo México, un promedio de 149 al año. Los registros en ese periodo son pocos, pues las mismas dependencias reconocen que no registraban la información ni daban seguimiento a estos casos.

Sinaloa, por ejemplo, respondió: “Si bien se llegaron a acercar o presentar algún caso, no se creaban como tal expedientes”.A partir de 2017 se incrementó el número de registros oficiales hasta el punto de duplicar los casos anuales.

La tendencia se mantuvo al alza hasta que llegó la pandemia por COVID-19 y aunque los niños y adolescentes dejaron las aulas para estudiar desde casa, las violencias desde las escuelas no cesaron, los registros son principalmente por acoso sexual del personal cometido de manera virtual contra los estudiantes, como pudo acreditarse con las actas de hechos de este periodo obtenidas para la investigación.

Una vez que la emergencia sanitaria bajó y los alumnos regresaron físicamente a las escuelas, la violencia sexual contra ellos arreció: en 2022 se registraron 574 quejas.

Las cifras oficiales de enero y febrero 2023 muestran un panorama poco alentador: hay 132 casos en sólo dos meses, es decir, todos los días dos niños y niñas son violentados sexualmente dentro de sus escuelas por algún miembro del personal educativo.Se solicitó una entrevista sobre esta problemática a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por ser la coordinadora de la enseñanza en el país, pero rechazó emitir un posicionamiento y pidió buscar a cada dependencia estatal.

Visibilizar para prevenir

La cifra obtenida es conservadora, minúscula con relación a la problemática. La falta de registros en las secretarías de Educación choca con lo reportado por las fiscalías de justicia, comisiones de Derechos Humanos y oficinas de Protección a la Infancia: no hay ningún estado que pueda presumir no tener denuncias de abuso en sus escuelas.La falta de desagregación en la mayoría de los datos obtenidos impide hacer un análisis más detallado de cada caso.

Por ejemplo, la Secretaría de Educación de San Luis Potosí no entregó información, pero la Comisión de Derechos Humanos registró 54 quejas.

Baja California Sur y Sonora se negaron a otorgar la información, pero sus fiscalías abrieron 33 y 11 carpetas respectivamente en un periodo de cinco años.”Los registros nos permiten visibilizar una problemática. Quizá es algo de lo que no nos gusta hablar, pero tiene afectaciones muy graves en la vida de las personas y por ello hay que visibilizar para prevenir, detectar y actuar adecuadamente”, dice Astrid Hollander, jefa de Educación en UNICEF México.

En otros casos, los pocos registros que existen muestran que escasas denuncias llegan al ámbito penal. En Jalisco, por ejemplo, se registraron 509 quejas, mientras que la fiscalía únicamente abrió 31 carpetas de investigación.

En cambio, en la Ciudad de México, aunque tiene mil 449 quejas en una década, la fiscalía capitalina dice no saber cuántos delitos sexuales ocurrieron en escuelas.

Mariana Gil, abogada y directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI), señala que la cifra negra en estos casos es incalculable, y el ejemplo son casos que han acompañado legalmente desde su organización.

De las agresiones cometidas por el conserje del colegio Andrés Oscoy (2011) se detectaron 90 víctimas de preescolar, pero sólo 30 denunciaron. En el caso de las agresiones del docente del Jardín de Niños “Marcelino Champagnat” (2018) hubo 51 víctimas, pero sólo 17 denuncias.

”La fiscalía, que no está capacitada para esto, desestima varias denuncias. Hay revictimización. Muchas familias se van, abandonan por el tiempo que lleva un proceso legal por el mal actuar de las autoridades, incluyendo las educativas. En el camino pierden su trabajo, recursos, se divorcian”, dice Gil.Omisión tras omisión pero además, la justicia trabaja lento.

Las carpetas de investigación no necesariamente se traducen en una sentencia. Normalmente la justicia en México es así: la probabilidad de que un delito se resuelva es de 0.9%, según estimaciones de Impunidad Cero, una organización de la sociedad civil que estudia, analiza y visibiliza el problema de la impunidad en México.

Coahuila es uno de los estados que asegura tener pocas quejas contra su personal educativo. Afirma que en una década sólo ha recibido 54 y que en dos de cada 10 casos las víctimas fueron pequeños de preescolar. Los señalamientos en este estado —y otros en el país— no suelen registrar el número de víctimas, por lo que un registro puede esconder múltiples víctimas y victimarios.

Del “Guadalupe Borja” se abrieron siete carpetas de investigación, según el expediente de queja de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (2019). En él se detalla que siete niños señalaron a Cantos y a “el que limpia las cosas cuando están tiradas” como sus agresores.Las declaraciones de los pequeños, asentadas en la carpeta de investigación, identifican a las maestras como “buenas” porque les curaban las heridas.

En la causa penal 1229/2020, correspondiente sólo a una de las siete denuncias, quedó asentado que el niño refirió abusos sexuales y violaciones en el área de juegos, en el salón de canto y “en la puerta secreta”.

Los dictámenes periciales muestran que tanto en el salón de música como en el de 1° B había “cuartos ocultos”, ubicados al fondo de los salones, escondidos detrás de cortinas, a un costado de estantes con material didáctico y pesadas puertas en donde el profesor de música y el intendente cometieron las agresiones.

Servando era el único que tenía llaves de este espacio, declaró la directora en el juicio. Se le preguntó a la dependencia sobre su actuación ante este caso, pero rechazó pronunciarse por considerar que todavía está en litigio.

Dijo que hasta 2020 actualizaron su protocolo interno de actuación ante posibles riesgos dentro de las escuelas, incluyendo la violencia sexual.

Los dictámenes sicológicos a “T”, hermano mayor de “J”, revelaron que el pequeño le pidió ayuda a una maestra, pero que ella sólo dijo que regañaría a Cantos.

La noticia dejó helada a la familia. “Todo hizo sentido. Él estaba en 2º y empezamos a notar cambios: no quería estar con nosotros, rompía sus juguetes, empezó con pesadillas y a no comer, por las noches se hacía pipí y popó”, cuenta el padre.

Acudió una decena de veces con la maestra de grupo, que siempre minimizó los síntomas: primero, que “T” se estaba acoplando al kínder; luego, que los golpes se los daban niños de tercero que eran bruscos. Cuando “T” dijo ‘mañana me van a enseñar a chupar pipí en la escuela’, la directora culpó a otros niños.

”Debían salvaguardar la seguridad de los niños dentro de la institución. Nosotros les dimos toda la confianza, les entregamos nuestro más grande tesoro y fuimos defraudados. No fueron humanos en sentir el dolor que estaba sintiendo mi hijo, no se tocaron el corazón en prestarle auxilio, ocultaron muchas cosas. Afortunadamente nos dimos cuenta. Salvamos a nuestros hijos y a muchos otros alumnos que pasaban por lo mismo”, dice la madre.

Este caso sigue los patrones detectados en la incidencia nacional. La información analizada permitió consolidar una muestra con el perfil de los victimarios. Se identificaron plenamente a 911 probables agresores: 90% son hombres. Resalta que, de esta muestra, 717 son docentes, 88 personal de limpieza y 33 directivos.

El resto son personal administrativo, becarios y encargados de cooperativa, entre otros.

El perfil del agresor escolar coincide con la descripción del “abusador situacional” que, según explica Julia Borbolla, sicóloga especializada en abuso sexual, son personas que de forma deliberada buscan contratarse como profesores, a veces suplentes, instructores de deportes o de idiomas para estar cerca de los niños: “Hay que hacer selección de personal clínica, no sólo de sus preferencias o aptitudes, sino de su salud mental, una especie de peritaje, pedir antecedentes penales, investigar la vida familiar, rascarle un poquito más porque van a estar con los niños”, aconseja.

Las actas de hechos obtenidas dan cuenta de la debilidad de los procesos de contratación. Por ejemplo, en Oaxaca, un hombre fue asignado como docente de preescolar en el municipio de San Juan Bautista Cuicatlán. Era apenas estudiante de Pedagogía, pero era hijo de una maestra jubilada, lo que facilitó su selección como docente. Meses después de su asignación en 2016, las autoridades encontraron en su celular y computadora imágenes sexuales que había tomado a sus alumnos preescolares.

La dependencia registró el caso, pero no dio detalles del estatus del docente.En México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) —que reúne al personal que trabaja en escuelas públicas de educación básica— tiene un peso importante en la política educativa. Es el sindicato más grande de América Latina y su origen está ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó el país por más de 70 años continuos; desde esa relación, ha influido en cómo se educa y ha sido acusado de participar en fraudes electorales.

En la última década se ha opuesto a la evaluación de los docentes y a eliminar la “herencia” de plazas en las escuelas, una práctica que permite que personal que no cuenta con el perfil adecuado llegue a centros escolares. Se le solicitó posicionamiento, sin que hasta el cierre de edición haya dado respuesta.

Niñez abusada

El análisis realizado muestra que las víctimas son diversas: niñas, niños y adolescentes que de pronto tienen terrores nocturnos, presentan incontinencia nocturna, cambian su temperamento, pierden el habla o el interés en la escuela.

La mayoría son mujeres (68%), pero las agresiones contra hombres también están presentes. La edad juega un factor en el tipo de violencia que se ejerce. Entre más pequeños, más vulnerables al abuso y violación sexual. Sin embargo, 37% de los casos registrados ocurrieron en secundaria, principalmente en contra de mujeres. Alumnas de entre 12 y 14 años reportan a docentes que han tenido acercamientos de índole sexual con ellas, según consta en las actas de hechos recabadas vía transparencia.

Las violencias sexuales contra estudiantes de primaria están en segundo lugar, hay 884 quejas. Se repite el patrón: las autoridades educativas no declararon cuáles fueron las consecuencias administrativas y/o penales en contra de los señalados, aunque se les solicitó vía transparencia.

Además, se encontraron 45 casos en Jalisco y Guanajuato en donde no se puede establecer el número exacto de victimarios, que se clasificaron como “varios”.

Los registros enlistan a directores, intendentes, encargados de cooperativa y docentes como un grupo de agresores en contra de los menores.

La explotación sexual infantil en escuelas —y sus actualizaciones— denunció indicios de abuso sexual organizado —varios adultos participando en la ejecución de los delitos— en al menos 25 escuelas de educación básica en 11 estados del país.

Los delitos, explican, son cometidos principalmente contra niñas y niños de entre tres y cinco años. Suele haber personal que facilita o encubre el abuso.Sanción a mediasDurante el juicio contra el personal del Guadalupe Borja se le preguntó al perito en sicología que revisó a “J”: “¿Por qué creer el dicho del niño de que fue abusado sexualmente por dos personas adultas?”

El perito respondió: “Los niños a esta edad no realizan mentiras, su capacidad para mentir no está desarrollada porque el mentir y el engañar conlleva una maduración del lóbulo frontal que los niños en este momento todavía no tienen”.

La sicóloga especializada en abuso sexual infantil, Julia Borbolla, refuerza: “Los niños no inventan estas cosas, no tienen capacidad de inventar algo que no conocen”.

Las autoridades de justicia encontraron culpables a Gerardo Cantos y a Servando “el que limpia las cosas cuando están tiradas”. Aunque los delitos descritos por las víctimas y las pruebas físicas evidenciaban violación, el Ministerio Público lo acusó por el delito de abuso sexual, lo que permitió que la sanción para los victimarios fuera menor.

Dos de las siete carpetas de investigación se convirtieron en sentencia: una suma de 16 años de prisión para cada uno por las agresiones cometidas contra “J” y “T”.

Las familias perdieron recursos económicos y estabilidad. La Sedu encargada de la operación del Jardín de Niños Guadalupe Borja no se pronunció con respecto a cambios en pro de la prevención de este tipo de delitos.

El personal de la escuela, que tuvo deficiencias en los cuidados de sus estudiantes, no recibió sanciones administrativas. A pesar de la sentencia que halló culpables a los acusados, sus abogados aún intentan que recuperen su libertad.Las y los niños aún padecen las secuelas sicológicas y emocionales: “Cuando volvieron a clases presenciales su primera pregunta fue: ‘Mamá, ¿las maestras de aquí sí son buenas?’

Nosotros buscamos justicia para nuestros hijos, pero también para que ningún niño vuelva a vivir lo que vivieron mis hijos. Las cosas tienen que cambiar para ellos, tristemente cada semana vemos denuncias de violación, abuso y acoso cometidos por maestros. Las cosas siguen igual”, lamenta la madre de “J” y “T”.