Combate entre pesos completos

La triple alianza. Nextel, Televisa y gobierno federal (SCT y Cofetel) venció al Grupo Salinas en su variado y abundante litigio por el espectro radioeléctrico. Pero el derrotado está lejos del nocaut. Persevera en su pugna por cuestionar la entrega de la concesión para que Nextel-Televisa explote una franja de 30 megahertzios, y la amplía al terreno penal y al político, pues amén de presentar denuncias por el desacato en que habría incurrido el secretario Juan Molinar, avisa de su intención de pedir que el Congreso lo enjuicie políticamente, extremo en el que coincide con el diputado Javier Corral, quien logró exhibir en vivo a su paisano y correligionario ante la bancada panista en San Lázaro.
Paradójicamente, o con cinismo, Nextel realiza una campaña de relaciones públicas en que alerta sobre "el abuso del derecho", como llama a la diversidad de juicios iniciados por Iusacell contra la decisión que beneficia al consorcio Televisa-Nextel. Se requiere cara dura para hablar de abusos jurídicos cuando la concesión de que será titular esa nueva empresa fue otorgada en condiciones de notoria precariedad legal o franca violación a la ley. Los mensajes de esa campaña están signados sólo por Nextel, en un pueril e inútil intento de velar la participación de Televisa en el jugoso negocio que les ha sido obsequiado por las autoridades administrativas con la abierta aquiescencia del presidente Calderón. Dos veces al menos -ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones y ante la Cámara Nacional de Radio y Televisión- el Ejecutivo avaló a su secretario de Comunicaciones y Transportes y a su valido el presidente de la Cofetel, al insistir en la legalidad del procedimiento cuestionado.
El miércoles pasado Nextel pagó la publicación de dos mensajes, uno en que denuncia el abuso atribuido a Iusacell y otro en que festeja su triunfo y adula a quienes lo propiciaron. En el primero, alerta a las autoridades judiciales contra la actitud del Grupo Salinas. En el segundo reconoce al presidente de la República y a otras autoridades por haberle hecho el favor, si bien como es comprensible no lo llama así.
Dijo Nextel al poder judicial que el proceso de adjudicación del espectro radioeléctrico "ha sido en todo momento respetuoso de todas las leyes, reglamentos y normatividad aplicable en la materia y fue diseñado de origen para permitir una mayor competencia en el mercado de telefonía y servicios móviles avanzados". Asegura que ese objetivo "no ha sido del todo conveniente para TV Azteca, Iusacell y otras empresas del Grupo Salinas, que han venido litigando abusivamente todas las acciones del Poder Ejecutivo destinadas a construir un mercado más competitivo, que beneficie a los consumidores y al sector productivo nacional.
"No obstante estas maniobras y engaños, al día de hoy no existe ninguna medida suspensiva definitiva en ninguno de los 72 juicios iniciados por dichas empresas en contra de las licitaciones del espectro radioeléctrico, toda vez que los diversos órganos jurisdiccionales federales y locales han considerado como improcedentes y contrarias al interés público las acciones intentadas por Grupo Salinas".
Nextel cantó victoria el miércoles, demasiado pronto. Al día siguiente, un juez federal concedió a Iusacell una suspensión definitiva cuya consecuencia es que la concesión otorgada el 1o. de octubre y entregada a los ejecutivos de Nextel por el propio Molinar en inusual conferencia de prensa el sábado 2 de octubre queda congelada hasta que se resuelva el fondo del amparo promovido por Iusacell contra la licitación 21. Adicionalmente, Grupo Salinas obtuvo anteayer viernes, en un juzgado capitalino en materia civil, una medida cautelar que llega al extremo de ordenar la disolución del consorcio integrado por Televisa y Nextel. Esta empresa reaccionó con presteza, como lo demanda la índole de los juicios y los montos en juego, y obtuvo de un juez de amparo la suspensión provisional de esa medida cautelar. Queda firme, sin embargo, la suspensión que deja en veremos, por algunos meses, la entrada de Televisa al mercado de telefonía celular en que ya opera a través de sus empresas de cable, situación que las autoridades omiten en su justificación de que la presencia de nuevos operadores favorece a los usuarios (que nada más utilizan el servicio telefónico, no lo consumen, como cree quien redacta los mensajes de Nextel).
Al anunciar el viernes por la noche la congelación de la medida cautelar del juzgado civil capitalino, Nextel amplió el terreno en que debate contra las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Llamó "nuevo chiquihuitazo" a la decisión, ya frenada, del juzgador capitalino. Hizo recordar con esa alusión la índole empresarial del grupo nucleado en torno de TV Azteca. Se refiere al procedimiento mediante el cual esa empresa de televisión ha usurpado por más de cinco años la señal del Canal 40, robo que comenzó con el intento de tomar las instalaciones de esta última televisora ubicadas en el cerro del Chiquihuite, en el extremo norte del Distrito Federal.
No hacía falta que Nextel recordara ese episodio para que la porción de la sociedad que sigue esta disputa tuviera presente que se trata de un pleito entre mastodontes, donde se ventilan intereses cuantiosísimos, que suelen defenderse de cualquier modo. Se equivocaría, por lo tanto, quien suponga que objetar el curso de la licitación 21, su desenlace y sus secuelas supone apoyar al Grupo Salinas en su propósito de no perder ubicación en la telefonía celular. Es que, más allá de la disputa entre los consorcios de la televisión, partícipes también en el mercado de la telefonía móvil, está el respeto a la ley en cuanto al espectro radioeléctrico, parte del patrimonio nacional que no debe ser entregado a quien sea -pero lo ha sido a Televisa- con detrimento de los intereses nacionales.
Esa necesidad de respetar la legislación vigente en esta materia ha sido el eje de la posición del diputado Javier Corral. Sin haber nacido en pañales azules ni pertenecer a la aristocracia de su partido, es uno de los más tenaces defensores del credo original panista, no al modo de los tradicionalistas infecundos ni al del oportunismo de Manuel Espino, quien proclama una vuelta al origen sólo como bandera contra Calderón. Militante desde la adolescencia, Corral ha sido puntal de la puesta al día de la doctrina de Acción Nacional en lo tocante a las telecomunicaciones, en franco debate y aun disputa contra los pragmáticos que prefieren vender el alma del partido a los poderes fácticos. Molinar es uno de ellos, como ha mostrado serlo también el presidente de la República, cuyo antiguo y estrecho vínculo con el diputado juarense se ha adelgazado, si no es que roto por esa diversidad de visiones.
Corral y Molinar debatieron en el seno de la bancada panista en San Lázaro el miércoles pasado. Ya el 1o. de octubre, al comparecer el secretario ante Comisiones de la Cámara de Diputados, Corral le había enrostrado su favoritismo a Televisa, y llegó a descalificar políticamente  a su paisano (Molinar nació en Chihuahua en 1955, mientras que Corral lo hizo en Ciudad Juárez 11 años después, diferencia de edades que no obsta para que la militancia panista del legislador sea mucho más prolongada que la del colaborador del Ejecutivo). Según Corral, en fórmula afinada este miércoles, Molinar hace daño al partido y a la administración, es "un peligro para el PAN y para el gobierno federal".
Corral probó con hechos la inclinación de Molinar a Televisa, evidente desde antes de que comenzara la parte concerniente de la licitación 21, diseñada ex profeso para el ingreso de ese consorcio a la operación directa de telefonía móvil. Recordó que hace un año Molinar mismo cabildeaba entre legisladores para hacerlos aprobar, como finalmente ocurrió, una diferición en el pago de derechos por la explotación de concesiones de telecomunicaciones, concebida de tal modo que desde ese momento el propio Corral reveló que se destinaba a Televisa.
El pragmatismo del secretario, que lo ha conducido a límites riesgosos aun para su libertad personal, de prosperar las denuncias penales del Grupo Salinas, ha sido cabalmente validado por su jefe, el presidente de la República, de quien ha recibido instrucciones en tal dirección o a quien ha persuadido de marchar en ese sentido. Por ello, lo que se diga de Molinar dícese también de Calderón.