Del poder y los poderes

Al desintegrarse la dupla presidente-partido hegemónico como corona de la pirámide política se anularon los sistemas de control que había sobre poderes de facto y de jure. Cuando las reformas democrático-electorales abrieron el cauce del acceso pluripartidista al poder y éste consiguió la alternancia en la Presidencia, el poder del presidente para controlar esos poderes se desmoronó.

En su lugar no se construyó ninguna alternativa institucional para acordar las fórmulas de vinculación entre esos diversos poderes. Revisemos por ahora dos de los que son poderes de jure. Gobernadores, jueces y magistrados.

En ausencia de los mecanismos de control que le dispensaba el partido hegemónico, el presidente quedó inane ante una estructura constitucional reguladora del federalismo que en su momento fue desvalida de dos de sus contrapesos esenciales: la reelección legislativa y municipal, y la independencia de los jueces. Ambos elementos, esenciales como contrapesos de los Ejecutivos de los estados, desaparecieron en 1933 y no fueron re-institucionalizados como elemento indispensable del proceso democratizador.

La rampante arbitrariedad y ausencia de controles que caracteriza a la mayor parte de las estructuras constitucionales de los estados permite a los gobernadores actuar impune y prepotentemente, sin controles. Desde luego, no es posible generalizar, ni tampoco dejar de destacar excepciones de templanza y probidad. Pero lo importante no es esto, sino la ausencia de un sistema de reglas y mecanismos de control que obliguen al respeto del derecho de los ciudadanos a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, principalmente los más encumbrados y poderosos por sus responsabilidades.

Respecto a los jueces y magistrados, hay de todo en la viña nacional, pero la nota predominante es que ante un reclamo creciente de justicia, la respuesta de los diferentes órganos y niveles del sistema judicial no es adecuada. Por todas partes se tiene noticia de decisiones injustificables e impunes de jueces y magistrados que usan las más flagrantes triquiñuelas para proteger delincuentes de toda laya (de cuello blanco, azul y rojo), sin que haya instancia alguna de denuncia y disciplina a la altura del problema. A pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen las facultades para establecer medidas disciplinarias en el resto del Poder Judicial federal, la realidad es que sus acciones han quedado sumamente cortas, o bien se trata de facultades demasiado escasas que reclamarían la intervención del Poder Legislativo para propiciar la regeneración del sistema de justicia en México. Si esto no se consigue por los medios necesarios, nos encaminamos a escenarios sumamente peligrosos. En un entorno político en el que priva la libertad ciudadana, pero las instituciones que deben servirlo son inoperantes en aspectos decisivos de los reclamos sociales, podríamos atestiguar más explosividadsocial que la ya vista.

En síntesis, a pesar de las reformas realizadas en distintos ámbitos del poder político, los ciudadanos carecen de herramientas que les permitan ejercer sus derechos, tanto por la vía de una representación política confiable como productiva ("de resultados"). Derecho al control del poder, a la rendición de cuentas -que es uno de sus aspectos- y a la justicia efectiva. Es plausible que el fortalecimiento de las legislaturas mediante la reelección legislativa tenga un efecto moderador del poder de los gobernadores y un papel más activo en regular las funciones del sistema judicial en todas sus dimensiones. En este último aspecto, la reducción de la arbitrariedad judicial mediante normas y sanciones aplicables es inaplazable.

Se aproximan los debates sobre la próxima reforma política. Seguramente tendrá lugar en el próximo periodo ordinario de sesiones conjuntamente con la reforma fiscal y la energética. Se trata de tres de las reformas más importantes que están pendientes desde el fin del sistema presidencialista. La generación de consensos será fundamental. Sin ellos ninguna saldrá adelante o tendrá graves problemas de legitimidad de origen.

En los debates y planteamientos no se debe olvidar lo principal. Si el país está hoy debatiendo estos temas es porque no hemos sabido cómo resolverlos en un ambiente democrático. Si los partidos y poderes del Estado no consiguen conciliar adecuadamente sus puntos de vista y sus diferencias, aceptando que representan una parte del espectro político de la ciudadanía (y solamente una de varias) y, al tiempo, promover cambios de profundidad tendremos una vez más un escenario de parálisis cuyo efecto fundamental será convocar el autoritarismo.

Reformar la política es reformar el poder. Reformarlo democráticamente implica trasladar a la ciudadanía las decisiones constitucionales fundamentales. Precisamente, el cambio constitucional por el que transitamos deriva de una sociedad que lo toma en sus manos, no de guardianes ideológicos que paternalistamente actúan por su bien.
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