Acato la ley pero no la cumplo

Un poder judicial eficiente, soberano y autónomo constituye una de las herramientas más útiles para promover y consolidar el desarrollo económico de un país. De la eficacia de este poder depende en buena medida la estabilidad social, la distribución del ingreso, la generación de divisas, la captación voluminosa de inversión extranjera, la creación de fuentes de empleo, la construcción de obras magnas de infraestructura nacional y urbana, el ejercicio exacto de los presupuestos de gastos autorizados, el respeto entre los integrantes de una comunidad, además de un sinnúmero de otros aspectos que aportan paz y, sobre todo, certeza en el presente y en el futuro. ¿Cuánto vale la certeza?

¿Acaso en un país en donde efectivamente se respetan eficientemente las leyes emitidas por los órganos de representación nacional, no está más garantizada la convivencia ciudadana civilizada? ¿Acaso las empresas no evolucionan más aceleradamente en un terreno seguro y firme, el requisito más exigido por los inversionistas de todas las nacionalidades? ¿No es imperativo hacer valer las reglas del juego para que propios y extraños sepan a qué atenerse? Al operar sobre una sólida base de confianza los empresarios invierten sus capitales, crean empleos y generan riqueza de la que se sirve el fisco, los accionistas y finalmente la sociedad. ¿A dónde va un país en el que el presupuesto público es un botín o en el que la cárcel es un destino de los marginados o de los tontos?

En ocasiones es difícil imaginar los alcances del poder judicial en el tallado del verdadero rostro de un país. En México, una nación que se mueve por sentimientos, arrebatos y pasiones, que concede un respeto tangencial al imperio de la ley, tratando de aplicar el amiguismo y la negociación en lugar del rigor de la norma, que deben desvanecerse a base de golpes sonoros asestados por el mallete en la sala del pleno de la Corte. En los cuadros pintorescos que se repiten a diario en el México Negro vemos manifestaciones callejeras que demuestran el hartazgo de la sociedad ante la impunidad y la escandalosa corrupción. Los gobernantes, sálvese el que pueda, integran genuinas pandillas de bandidos. México Negro, ¿no?

Si los gobernadores asaltaban (y asaltan) a saco las arcas de los estados de Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí y Tabasco, entre otros tantos más y, sin embargo, la ciudadanía no salía a protestar a las calles porque le habían robado sus ahorros, y no sólo eso, sino cuando durante el gobierno del presidente Fox y de Calderón desparecieron más de 70 mil personas y nadie salió a protestar por semejante atentado en contra de los más elementales derechos humanos, ahora por lo menos, la ciudadanía reclama airada y justificadamente la presencia de los supuestos estudiantes del estado de Guerrero. Una sociedad que no protesta es una sociedad enferma y México empieza a dar señales de salud.

Si la sociedad se tomara de la mano y protestara en contra de la impunidad y en contra de la corrupción, de la misma manera en que lo está haciendo ahora en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, sin duda alguna, pondríamos al gobierno contra la pared y empezaría a aplicarse la ley. Depende del electorado la aplicación de la justicia. A más presión, más justicia. A más justicia, más reconciliación nacional. A más reconciliación nacional, más prosperidad. A más prosperidad, mejores instituciones republicanas y mayor evolución social. Mientras más rápido acabemos con aquello de que yo acato la ley pero no la cumplo, o el legendario obedézcase pero no se cumpla, tendremos el país que creemos merecemos

@fmartinmoreno