ASF: el ‘escándalo’ de cada informe parcial

Con la regularidad de un reloj descompuesto, que al menos da la hora correctamente dos veces al día, los órganos auditores del gasto público en México dan a conocer informes parciales −y finales− de las revisiones realizadas a la cuenta pública de los entes fiscalizados. Y en cada ocasión logran el único objetivo que parecen tener dichas publicaciones: provocar escandalosos titulares en los medios de comunicación.

Cientos, miles de millones de pesos −cifras que resultan inimaginables para cualquier mortal− suelen aparecer en los informes de auditoría y en los titulares de las notas que informan sobre la publicación de aquellos. El escándalo mediático es tan recurrente como previsible.

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Pero igualmente previsible es el resultado ulterior de tales episodios: una vez que la noticia cumple su ciclo en los medios, el asunto “se muere” y es sustituido por un nuevo escándalo... hasta que aparece el siguiente informe de auditoría.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la tercera entrega del Informe de Resultados de Fiscalización de la Cuenta Pública 2023, que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, de acuerdo con el cual, los municipios de Acuña y Torreón se ubican en el “top ten” nacional de los “más observados” o, si se prefiere, de “los peor portados”.

Y es que, de acuerdo con el referido Informe, de los 33 ayuntamientos con mayores observaciones en el ejercicio del presupuesto correspondiente al “Ramo 28”, relativo a “participaciones a entidades federativas y municipios”, casi el 40 por ciento de estas se concentró en dos grupos: las alcaldías de la Ciudad de México y las de Coahuila, con mil 201.8 millones de pesos y 560.7 millones, respectivamente.

Se trata, sin duda, de un dato destacable y por ello debe consignarse en los medios y recibir la difusión que un señalamiento de este tipo merece. En apariencia, al menos, se trata de un caso relevante −e incluso grave− que debe ser atendido puntualmente por las administraciones municipales.

El problema de fondo, sin embargo, es que se trata de una película que ya hemos visto demasiadas veces y siempre termina igual: la difusión de las cifras, por escandalosas que resulten, no pasa de convertirse, a la postre, en pirotecnia verbal que se disuelve rápido en el ambiente.

Las “observaciones” de la ASF −y del resto de las entidades fiscalizadoras del país− suman cientos de miles de millones de pesos −probablemente billones− en los últimos años. Resulta prácticamente imposible darle seguimiento al número de presuntas irregularidades señaladas por dichos órganos... pero, a pesar de ello, la corrupción gubernamental sigue gozando de cabal salud.

No estamos pues, ante un círculo virtuoso que esté logrando algo concreto en la búsqueda de consolidar los mecanismos que aseguren la rendición de cuentas y el manejo pulcro de los recursos públicos. Y eso hay que señalarlo sin ambigüedades para que, eventualmente, se rectifique.