Ayotzinapa: ¡Feliz décimo aniversario, presidente López Obrador!

Opinión
/ 26 septiembre 2024

Hace diez años estaba yo viajando fuera de México por primera vez en mi vida y ello me tenía tan emocionado que me desentendí totalmente del acontecer nacional como no había hecho desde que comencé a escribir esta columna (a inicios del presente siglo).

A mi regreso, me enteré de que algo había acontecido, aunque tardé todavía varios días en poder hilar una historia más o menos coherente. Como ya habían transcurrido más de dos semanas desde el acontecimiento, sólo me topaba con notas de seguimiento de un caso que sin duda era importante, puesto que todos los medios le dedicaban a diario un espacio considerable.

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Una palabra resonaba como la gran constante en todos los reportes y coberturas: Ayotzinapa.

¿Ayotzinapa? Jamás había oído tal... ¿Es una lengua? ¿Una deidad? ¡Es un lugar! ¡Ah vaya! Pero igual, no me decía absolutamente nada y ni la más pálida idea tenía de dónde se ubicaba o qué es lo que allí había acontecido que tanto revuelo generaba.

Como le digo, tarde me subí a ese tren. Para cuando medio entendí de qué iba todo aquello, ya se hablaba de que significaría la gran catástrofe del sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, si es que en realidad alguien realmente entendía algo de lo sucedido en Iguala la noche de hoy, 26 de octubre, hace diez años.

El cabal entendimiento, la comprensión de lo ocurrido ha sido sistemáticamente entorpecido por el propio responsable de aquella tragedia: El Estado, lo cual constituye un doble crimen, pues no sólo es el probable responsable de la desaparición y muerte de 43 jóvenes mexicanos, sino de un esfuerzo bien deliberado por atorar el caso en un limbo burocrático, institucional e informativo para darle tiempo a los culpables de salirse de esta vida con la suya, sin ser señalados por la justicia. Tiempo para que todo se convierta en una estéril fecha conmemorativa.

Y es curioso porque, por más que el asunto esté cumpliendo la primera de las que presumo serán muchísimas décadas sin resolver, no es nada complicado. En realidad, como reza el principio de Ockham, la explicación más sencilla parece ser la más plausible.

En resumen: Como cada año, los estudiantes normalistas del Estado de Guerrero, en vísperas de la conmemoración del 2 de octubre (otra fecha estéril del calendario cívico), tenían la consigna de apoderarse de los autobuses de pasajeros necesarios para el traslado de todo el contingente estudiantil a la CDMX para participar en la tradicional marcha por la Matanza de Tlatelolco.

La toma temporal de estas unidades, con todo y sus choferes, era (es) una práctica habitual, una de las muchas barbaridades que el gobierno prefiere normalizar antes de encarar.

Todo indica que ese día los estudiantes tomaron, entre varios otros, un autobús conocido en las investigaciones como “el quinto camión”.

Dicha unidad habría sido rápidamente perseguida por un comando armado, pues, aunque era un simple autobús de pasajeros, de una línea comercial local, transportaba un cargamento de heroína con un valor estimado en dos millones de dólares, del cártel que controla la zona.

La suerte de los estudiantes quizás sea un misterio, pero aquí entran en escena nuestras gloriosas Fuerzas Armadas.

Diversos testigos reportaron que en aquella jornada trágica los militares estuvieron muy ocupados tratando de ubicar a un grupo de estudiantes en particular y a una unidad de pasajeros muy en específico. ¿Para qué? ¿Los encontrarían?

Para no especular demos un salto hasta meses más adelante y corrobore si usted gusta cuál es la institución que con mayor renuencia se negó a colaborar con el grupo de expertos investigadores independientes e interdisciplinarios al servicio de la causa de los familiares de los estudiantes desaparecidos. Exacto, el Ejército nunca ha querido responder por qué aquel 26 de septiembre anduvo tan diligente dando cacería a un grupo de estudiantes.

Por cierto, tampoco ha querido responder por qué el teléfono celular de uno de los estudiantes, según el registro de actividad de la compañía telefónica proveedora del servicio, Telcel, estuvo activo dentro de las instalaciones de CISEN y del Campo Marte.

Y desde luego, tampoco han explicado por qué elementos de la Marina manipularon la zona en donde supuestamente fueron incinerados los cuerpos de los 43 estudiantes, horas antes de que los peritos visitaran el área y determinaran “aquí fue”, pese a que las leyes de la física vuelven imposible la incineración de 43 cuerpos en dicho lugar en dichas condiciones.

Saque las conclusiones que quiera, pero no podrá evadir el hecho de que el Gobierno de Enrique Peña Nieto hizo hasta lo imposible (incluso sacrificar a su encargado de la investigación, Jesús Murillo Karam), con tal de evitar que se nombrara al Ejército como el principal sospechoso (el responsable más plausible) de la ejecución y desaparición de los mártires normalistas.

Si usted nunca entendió qué papel jugaban en todo esto los Abarca (el perredista José Luis Abarca, exalcalde Iguala y su señora), así como el propio candidato de oposición, un tal AMLO (sólo por figurar en una foto con él), no se preocupe, pues no tuvieron que ver ¡absolutamente nada! Todo era parte de la confusión creada por la administración de EPN para que nunca figurase el verdadero culpable. Exacto, el Estado, concretamente los uniformados.

Afortunadamente en 2018 ganó la elección Presidencial uno de los agraviados con aquella infame investigación, alguien con ganas de demoler esa farsa de la “verdad histórica”, alguien que resolvería el caso −y así se lo juró a los padres de los normalistas− en cosa de días, quizás de horas. ¿Verdad?

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Pues, pese a que toda línea seria de investigación apunta al Ejército, a unos días de concluir su mandato, el Presidente López Obrador dedicó 17 segundos de su programa de variedades matutino a reconocer que el caso Ayotzinapa no está cerrado... “pero se avanzó”.

Y claro que se avanzó. Como regalo de despedida, la reforma en materia de seguridad recién aprobada por el Congreso le entrega a constitucionalmente a ese mismo Ejército la titularidad y control absoluto de la Guardia Nacional, es decir, esa misma institución que opera como un brazo armado al servicio de cárteles y mafias y no le rinde cuentas absolutamente a nadie, ahora es responsable de la seguridad de todos los mexicanos, así como administradora de no sé cuántos pendejos proyectos e infraestructura, cortesía de ese prócer de la izquierda de nombre Andrés Manuel y Apellidos López Obrador, mismo que insistió durante 18 años sobre la necesidad de regresar a los militares a los cuarteles y el mismo que, ya como presidente, intentó exculparlos hasta por la Matanza del 2 de octubre, que es lo que en un argumento circular del destino, dio pie a esta nueva fecha de estéril y sangrienta conmemoración.

¡Feliz décimo aniversario de Ayotzinapa, Presidente!

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