Ayuntamientos: ¿cuestan más de lo que valen?

¿Es posible medir el “valor” de un gobierno –de cualquiera de los tres órdenes– desde la perspectiva económica? ¿Existe un parámetro mediante el cual podamos “valorar”, de forma objetiva, el trabajo de quienes tienen a su cargo las instituciones públicas?

Las preguntas anteriores admiten múltiples respuestas y seguramente los especialistas debatirían de forma prolongada que ninguna de ellas conduce a una conclusión que pueda ser universalmente aceptada o, al menos satisfactoria. Y eso se debe a una razón sencilla: los gobiernos, a diferencia de las empresas privadas, no generan utilidades apreciables en dinero.

Sin embargo, resulta necesario encontrar parámetros que permitan medir los resultados de una administración pública de forma que podamos establecer su “rentabilidad” en términos sociales y de esa forma estar en posibilidad de comparar sus resultados a lo largo del tiempo.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al comparativo del gasto realizado por los gobiernos municipales de Coahuila –en los ejercicios 2020 y 2021– en los rubros de “servicios personales” –sueldos y prestaciones de su personal– e “inversión pública” (obras de beneficio colectivo).

De acuerdo con el informe final de los avances de Gestión Financiera, emitido por la Auditoría Superior del Estado, los gobiernos municipales que concluyeron su gestión en diciembre pasado dedicaron, en promedio, 22 por ciento de su gasto total al rubro de inversión, mientras que a salarios y prestaciones destinaron el 39 por ciento de su presupuesto.

En términos generales pues, existe una brecha –promedio– de 17 puntos porcentuales entre uno y otro rubro. Sin embargo, hay municipios –como el de Acuña– en los que esta brecha de incrementa hasta los 36 puntos porcentuales, pues el 46 por ciento de su presupuesto se destinó al pago de nómina mientras que sólo el 10 por ciento sirvió para financiar obras.

En contraste, el gobierno municipal de Monclova destinó una mayor proporción de su presupuesto a obras (35 por ciento) que a pagar salarios y prestaciones (31 por ciento).

¿Existen circunstancias particulares que justifiquen estas disparidades en el ejercicio del gasto a nivel de los municipios o, por el contrario, hay parámetros a cuyo cumplimiento deberían estar obligados quienes tienen a su cargo la responsabilidad del gobierno?

No es posible, como ya se apuntó, responder de forma simple a la interrogante, pero a la vista de las cifras que proporciona el análisis de la ASE, sin duda que se antoja deseable la existencia de parámetros mínimos que deberían ser de obligatorio cumplimiento.

De esta forma sería posible medir, de manera objetiva, la eficiencia y la eficacia de quienes solicitan nuestro voto para hacerse cargo de las instituciones públicas y la ciudadanía tendría parámetros menos etéreos para ejercer su derecho a la rendición de cuentas.